Los opositores aprobados piden a la Administración ‘más rapidez’. Los aprobados aún desconocen cuál es su plaza. Ante ello se quejan de que la Administración valenciana ‘está agotando los plazos legales’.

Según fuentes consultadas, son numerosas las personas que han tenido que buscarse un trabajo alternativo a la espera de poder disponer de la plaza conseguida. ‘Ni cobramos, ni podemos consolidar trienios ni nada de nada. Es desesperante y ya estamos hartos’, asegura uno de los afectados. ‘Suponía que iba a ser un proceso largo, pero no pensaba que tanto’, declara otro compañero.

El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó las bases y contenidos de la convocatoria en junio de 2005, así como las características de las plazas y destinos. Más de 2.000 valencianos se presentaron. El primer examen se realizó nueve meses después, en marzo de 2006; en mayo tuvo lugar la segunda prueba. Hasta el pasado 9 de enero el DOCV no se hizo pública la lista definitiva de admitidos (80 entre más de 1.600 solicitudes) y aún no se han resuelto los procesos de adjudicación.

Según las mismas fuentes, una veintena de aprobados presentó en diciembre de 2007 varias quejas formales ante el Síndic de Greuges, que a su vez instó a la Generalitat a resolver la convocatoria.

La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas señala que el Servicio de Provisión de Puestos de la Dirección General de Administración Autonómica anunciará la adjudicación el próximo 23 de mayo y que el día 28 del mismo mes los opositores podrán elegir destino. Desde el departamento que dirige Fernando de Rosa también aseguraron que el proceso de resolución está ‘dentro de los plazos establecidos’.

Sin embargo, los aprobados califican de ‘excesiva’ la demora. Desde la publicación de las listas, los aprobados aguardan a que se resuelvan las oposiciones y piden que se les de una rápida solución. ‘Estamos desesperados’, declaran.

Desde el Sindicat de Treballadors i Treballadores de la Administració Valenciana (STAPV) manifiestan que este proceso se ha alargado más de lo habitual porque muchos opositores impugnaron las pruebas.

‘Lo que consta en las actas como criterios de correción no se correspondía con las respuestas de las pruebas’, declaran desde el sindicato. Según explican, un grupo de Alicante y otro de Valencia han acudido a sus servicios jurídicos para presentar recursos de alzada a la resolución del tribunal.

Fuentes de Comisiones Obreras manifiestan que los procesos de la oferta pública de 2004 ‘todavía se arrastran’, aunque matizan que no es lo normal, ‘pero sí lo habitual’. Entre ellas, no se ofertan puestos de esta especialidad. La primera oferta en más de 10 años es la que se resolverá, según la Conselleria de Justicia, antes de que finalice este mes de mayo.

Las 80 plazas ofertadas en 2004 que ahora se deben asignar se reparten entre centros de menores de Valencia, Alicante y Castellón coordinados por las Conselleries de Bienestar Social y Justicia. Sólo una vacante corresponde al Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).

La mayoría de las plazas (74 del total) son para los centros que gestiona la Conselleria de Bienestar Social. Las funciones de los técnicos que trabajan aquí son ayudar y motivar en las tareas escolares a los niños; atender al menor durante su estancia en el centro y ofrecerle apoyo a su reinserción socio-laboral, entre otros aspectos. La vacante que debe cubrirse en la sede del IVAJ en la localidad de Benicarló tiene el mismo carácter social y de apoyo al menor. La Conselleria de Justicia, por su parte, ofrece cinco plazas para la Dirección General de Justicia: tres se sitúan en Valencia, una en Alicante y la última en Castellón.

El perfil del técnico que trabajará en el departamento de Justicia es el de un asesor técnico de tribunales, juzgados, fiscalías y órganos judiciales. También debe recoger información periódica de los servicios sociales sobre las ejecuciones de medidas adoptadas por los juzgados de menores de la Comunitat.

Los opositores se preguntan por qué tanta lentitud en los procedimientos cuando la realidad es otra. La fiscalía de la provincia de Valencia tramita más de 10.000 diligencias al año por denuncias a menores.