El secretario general de UGT, Cándido Méndez, expresó ayer en León su ‘preocupación’ por la posible subida de la tarifa eléctrica, ya que considera que ‘en este momento a las familias españolas no se les puede gravar más a través del recibo de la luz’.

Así lo afirmó en rueda de prensa antes de participar en una asamblea de delegados sindicales de UGT de la provincia de León, donde se ha referido a la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de aumentar en un 11,3 por ciento el recibo de la tarifa eléctrica.

Méndez, que ha apuntado que esta propuesta de subir la luz ‘no es definitiva’, ha manifestado su preocupación si ésta se aplica ‘tal como se ha planteado’.

En este contexto, ha apuntado que el Gobierno central tendrá que cuadrar un ‘Sudoku’, ya que ‘la decisión tiene que ser aceptable para las familias; pero luego tiene que ser tolerable por los sectores industriales, en mucho de los cuales la electricidad es uo de sus principales factores de gasto; y simultáneamente debe resolver el problema de las propias compañías eléctricas’.

‘Más allá de este debate, que es muy importante, pero puntual’, Méndez ha reivindicado que se abra un debate dentro de la mesa de diálogo social sobre el ‘modelo energético que necesita el país’ en el futuro, dada su alta dependencia que tiene de este sector, en un 70 por ciento.

Sobre la mesa de diálogo social, Méndez ha reclamado que se abra ‘en próximas fechas’.

En este sentido, ha recordado el documento que entregó a los sindicatos y patronal el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando lo era en funciones, el pasado 19 de febrero, en el que estableció una serie de compromisos programáticos que se enmarcarían dentro de este proceso de diálogo social.

En este documento, según Méndez, se reconocido la necesidad de un cambio del modelo de crecimiento económico, en el que se reduciría la dependencia del sector de la construcción y servicios y se aumentaría el tecnológico.

Ha considerado que en este proceso no se tiene que abordar una reforma laboral, porque la actual data del 1 de julio de 2006 y ‘los problemas económicos actuales no tienen que ver con el mercado laboral’.

Por otro lado, Méndez sí ha reclamado que se incluya dentro de los convenios colectivos la ‘inclusión de una cláusula de revisión salarial’ para que no repercuta en las familias la ‘inflación descontrolada’ que existe.

A su juicio, ‘los trabajadores no provocan la inflación, sino que la padecen’ y, por ello, ha rechazado una posible moderación salarial.

Ha apuntado que en España existe ‘una coyuntura de desaceleración económica intensa’, no una ‘recesión’, ya que ‘sigue habiendo crecimiento económico; aumenta el empleo, aunque también el paro’.

Ha explicado que esta ‘desaceleración’ se debe a la ‘crisis’ en la construcción de viviendas así como en el débil crecimiento del consumo.

Sobre la primera causa, ha dicho que ‘hay que buscar alternativas dentro del sector de la construcción’, a través de iniciativas como la ‘aceleración de la construcción de infraestructuras sociales de nuestro país’.

Entre otros asuntos, se ha referido al compromiso de crear 300.000 nuevas plazas de guarderías por parte del gobierno central, promesa que se debe de aprovechar para impulsar este sector de la construcción.

Además, ha recordado que hay 700.000 viviendas en el mercado español, que se venderían si se ofertaran a un precio asequible.

Así, ha apostado porque las administraciones públicas promuevan la construcción de vivienda protegida y también para que parte de éstas se dediquen al alquiler.

Méndez ha explicado que ‘la alternativa al empleo no viene de la industria, porque no hay posibilidad de generar el volumen que se pierde en la construcción’, por lo que ha abogado por impulsar los subsectores de ésta.

Preguntado por si esta situación actual de desaceleración económica debía haberse previsto por el Gobierno central, ha recordado que el parón de la construcción proviene de las crisis de los mercados hipotecarios, que se originó en EE.UU.

Además, ha reprochado al anterior Gobierno, del PP, que no previera desde el 96 hasta el 2004 medidas para reforzar el capital tecnológico y para diversificar el crecimiento económico.