Los sindicatos presentes en el Comité de Empresa de Ford-Almussafes (Valencia) trasladaron el viernes a la Inspección de Trabajo su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que la compañía presentó y que afectará a 1.013 trabajadores desde finales de este mes y hasta diciembre. Asimismo, reclamaron a la dirección de la planta que facilite la lista con los nombres concretos de los afectados.

La Inspección de Trabajo visitó la factoría con el fin de recabar información tanto de los sindicatos como de la dirección de la empresa para realizar el informe que después trasladará a la Dirección General de Trabajo, órgano dependiente de la Conselleria de Economía, y que será quien autorice o rechace el ERE.

En este sentido, el presidente del Comité de Empresa de Ford y el secretario general de UGT en la factoría, Gonzalo Pino, criticó que la administración "siempre mira hacia otra parte" y que, aunque "hay una situación mala, si hasta el día de hoy estamos haciendo 1.900 vehículos diarios, la empresa puede hacerse cargo perfectamente del 30% de los sueldos para que los trabajadores no tengan una merma salarial". Así, Pino reiteró que mientras no haya un complemento salarial del 100%, el Comité de Empresa "rechazará el ERE". Para Pino, la visita no pasa de ser un trámite y ha añadido que la Generalitat "ya tiene la decisión tomada" que pasa por aceptar el ERE.

Por su parte, la empresa se comprometió a facilitar la lista con los nombres de los trabajadores que irán al ERE, el próximo lunes a las 15.00 horas cuando los sindicatos se volverán a reunir con la dirección de la compañía. El plazo para que Ford concrete esta lista, finaliza justo ese día, siete días antes del comienzo del Expediente.

Asimismo, la compañía ha alargado cuatro días laborables el ERE, que en un principio era hasta el día 17 de diciembre, y que ahora será hasta el 23 de diciembre.

Pino argumentó al respecto que los trabajadores que no estén incluidos en el ERE comienzan sus vacaciones de Navidad el día 23, y que la empresa ha alargado el Expediente para que todos se reincorporen el día 12 de enero, cuando comenzará la producción del nuevo Fiesta. En esa fecha, la factoría comenzará a fabricar este nuevo modelo, cuya producción alcanzará los 800 vehículos diarios, que junto a los 1.050 Focus que se hacen a diario, permitirá llegar "al nivel de producción necesario para mantener la estabilidad".

Por lo que se refiere al cambio en el calendario del ERE, la secretaria general de CGT en la planta de Almussafes, Francisca Cuesta, lamentó que mientras que la empresa ha alargado el periodo del Expediente cuatro días, el resto de empleados que no se vean afectados por él irán a trabajar en esas fechas, cuando se trata de días que, según recoge el convenio, se pueden trabajar o incluir en las vacaciones.

Cursos formativos
Del mismo modo, durante la reunión, Cuesta planteó si la empresa había previsto cursos de formación para las máquinas del nuevo Fiesta, y propuso que, en lugar de recurrir a un ERE, los empleados se dediquen en ese tiempo a la formación. No obstante, la respuesta de la compañía, según Cuesta, es que la rebaja de los afectados desde los 1.300 a los 1.013 se debe a que algunos mandos intermedios harán cursos durante estos tres meses de inactividad.

La secretaria general de CGT en Almussafes mostró de nuevo su rechazo al ERE, puesto que "en un mes la empresa ha pasado de decir que esta es la planta que más beneficios tiene a presentar un Expediente". Añadió que esto "no debe repercutir en los trabajadores".

Asimismo, el secretario general de CC.OO. en la planta, Miquel Rosaleny, destacó que se trata de una reunión "obligatoria" para que la Inspección de Trabajo elabore un informe para la Dirección General de Trabajo, aunque lamentó que "no es vinculante, por lo que al final la Dirección de Trabajo hará lo que quiera".

Insistió en que los sindicatos trasladaron a la Inspección de Trabajo su posición respecto al complemento total del salario, y para que la empresa dé la lista con nombres y apellidos de los afectados, apuntó.

El fabricante automovilístico Mercedes Benz no aplicará ningún expediente de regulación de empleo (ERE) temporal en la factoría de Vitoria, ni este año ni durante el ejercicio 2009, a pesar de la crisis que atraviesa el sector, gracias a la flexibilidad que recoge el convenio de esta empresa. Una medida que, en principio, asegura el empleo fijo en una planta donde trabajan cerca de 3.000 operarios, pero sin olvidar el comportamiento cambiante que caracteriza al mercado automovilístico donde todo depende de cómo evolucione la crisis.

El convenio de la fábrica de Mercedes, de donde salen 475 furgonetas al día, incluye un bolsín con un máximo de 18 días en negativo por trabajador y año (la empresa puede enviar a casa a la plantilla en caso de inactividad) y otros cinco días en positivo (la empresa activa en caso de un repunte de la producción).

La dirección de Mercedes reiteró ayer a todos los sindicatos del comité (ELA, LAB, ESK, UGT, CCOO, USO y Ekintza) que las ventas de la división de furgonetas han descendido a nivel mundial por el efecto de la crisis financiera, lo que se traducirá en una caída de 15.000 furgonetas en la producción prevista, la mitad con efecto en Vitoria.

Sin concretar aún el número de unidades que dejarán de ensamblarse en Vitoria debido a que siguen en marcha las reuniones del equipo directivo de la multinacional en Alemania, fuentes del comité explicaron que la dirección reconoció ayer como "demasiado optimista" la previsión de fabricar 112.000 furgonetas en 2008.

Sin embargo, según informó a este medio José Luis López-Schümmer, director de ventas y marketing de la unidad de furgonetas de Daimler, la fábrica de Mercedes en Vitoria no bajará de las 100.000 unidades este año, un récord en la historia de la factoría "gracias a la enorme aceptación de las Vito y Viano en Alemania, el principal mercado de Vitoria". En estos mismos términos, la dirección transmitió ayer al comité que cerrará el año en positivo y con beneficios.

Un situación que dista de los recortes de empleo en España que han anunciado en septiembre algunas de las más importantes fábricas de automóviles como son General Motors, Ford y Seat. Estas multinacionales han optado por enviar al paro durante unos meses a parte de los trabajadores que emplean.

el 85% de los coches a europa Es un sector que no utiliza stock, lo que significa que cuando termina la demanda del vehículo, los fabricantes de coches no acumulan en almacenes, ya que todo lo que hacen lo tienen vendido. El desplome de las ventas de automóviles a ambos lados del Atlántico está afectando a los gigantes de la automoción. Según datos del Ministerio de Trabajo, los fabricantes de vehículos instalados en España han aplicado 17 expedientes de regulación en los seis primeros meses del año.

La producción de coches en España está dedicada en un 85% a la exportación en Europa, donde la caída media de las ventas ha sido del 15,6%, lejos del 41% que se ha desplomado a nivel estatal.

http://www.abc.es/20080919/economia-empresas/telefonica-espana-negocia-sindicatos-20080919.html

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha tramitado en lo que va de año un 30% más de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que los que se realizaron hasta la misma fecha del año pasado, según informó el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino Pérez, tras la presentación de la Jornada de Medidas ante la Crisis que organizó la Cámara de Comercio de Las Palmas.

"Lo que si que podemos decir es que, afortunadamente, priman los expedientes de carácter suspensivo sobre los extintivos, por lo que estos documentos suponen una situación extraordinaria, ya que durante un cierto período de tiempo se solicita la suspensión, aunque el objetivo sea la recuperación de la empresa para que los trabajadores vuelvan a ocupar sus puestos de trabajo".

Además, explicó que la diferencia entre aquellas compañías que recurren al proceso concursal y las que lo hacen al ERE es que los primeros se acogen a los parámetros establecidos en la Ley Concursal, puesto que "son de máxima gravedad, existe un mayor volumen de trabajadores y donde se dan circunstancias urgentes, mientras que el resto de casos se tramitan en instancia en la Autoridad Laboral".

También indicó que la Dirección General de Trabajo tiene como filosofía "propiciar" que se puedan conseguir la mayoría cantidad de acuerdos y que los expedientes estén "en la medida de lo posible" consensuado entre empresarios y trabajadores. "Para ello, en muchos de los casos recibimos previamente a las partes, para orientarlos sobre por donde va a actuar la Dirección".

Por su parte, el magistrado juez-decano, Miguel Losada Terrón, afirmó que existe un aumento de los expedientes concursales en Canarias, puesto que "desde el 15 de julio a hoy han pasado de 23 a 47". "Para que se hagan una idea, en todo el año pasado hubo sobre los 45 expedientes", apuntó.

De esta manera, dijo que, dada la situación actual, estos datos son "muy razonables", mientras indicó que uno de los sectores que más perjudicado se ha visto ha sido el de la construcción.

Aclaró que la Ley Concursal "no puede" llevar a la quiebra a ninguna empresa. "Lo que puede ocurrir es que la situación económica haga que una empresa en concurso, sobre todo cuando va a liquidación, arrastre a otras, pero en principio la Ley Concursal debería servir de herramienta para que las compañías que tienen viabilidad puedan seguir y que las que no lo tienen desaparezca del mercado, protegiendo a los acreedores de ella".

El número de trabajadores de la construcción afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE’s) autorizados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración se multiplicó por seis durante los siete primeros meses del año respecto a igual periodo de 2007, siendo el sector de la construcción el único en el que aumentaron los empleados inmersos en este tipo de procesos.

En concreto, un total de 2.617 trabajadores de la construcción se vieron afectados por un ERE hasta el mes de julio, un 493,4% más que en igual periodo de 2007, cuando fueron 441 los afectados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En el resto de sectores se registraron descensos. La mayor caída la experimentó la agricultura, donde los trabajadores afectados por regulaciones de empleo disminuyeron un 76,2% en los siete primeros meses, hasta sumar 796. En la industria, los empleados implicados en estos procesos bajaron un 5,7%, hasta 23.052 trabajadores, mientras que en servicios descendieron un 15,3%, con 8.400 afectados.

La reducción de trabajadores afectados por ERE’s en estos sectores compensó el aumento de la construcción, de forma que el total de trabajadores implicados en regulaciones de empleo autorizadas por Trabajo descendió un 8,6% entre enero y julio, hasta 34.865 empleados. No obstante, este porcentaje se ha reducido en comparación con el registrado entre enero y junio, cuando los trabajadores inmersos en un ERE habían descendido un 22,2%.

Hasta julio, las autoridades laborales autorizaron un 3,8% más de ERE’s que en el mismo periodo del año anterior, con un total de 2.321 expedientes. De esta cantidad, 2.083 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 238 no pactados, afectando, respectivamente, a 31.271 y 3.594 trabajadores.

Del total de ERE’s autorizados en los primeros siete primeros meses del año, 879 se encuadran en el sector servicios, con una caída del 20,8% respecto a igual periodo de 2007, mientras que 1.116 lo hacen en la industria (+68,5%), 164 en el sector agrario (-60,1%) y 162 en la construcción, sector donde los EREs repuntaron un 224%.

SE MANTIENEN LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR DESPIDOS COLECTIVOS.

Entre enero y julio, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por el Ministerio de Trabajo se mantuvo prácticamente constante respecto al mismo periodo de 2007, con 1.392 procesos (-0,1%). Estos expedientes significaron el despido de 19.540 trabajadores, un 23,9% más.

Asimismo, un total de 14.650 trabajadores se vieron afectados por un expediente de suspensión temporal (-34,2%), frente a 675 que se vieron afectados por una reducción de jornada, casi seis veces más que en igual periodo de 2007 (+418,8%).

Por sexos, los expedientes de regulación de empleo afectaron en mayor medida a los trabajadores varones (24.902) que a las mujeres (9.963). Los primeros cayeron un 16,7% respecto a los siete primeros meses de 2007, mientras que las mujeres afectadas aumentaron un 20,6%.

Un total de 63 trabajadores han pedido sumarse de forma voluntaria al expediente de regulación de empleo (ERE) de Martinsa-Fadesa, informaron ayer los sindicatos con representación en la inmobiliaria, que desde el pasado mes de julio se encuentra en concurso de acreedores.

Las mismas fuentes señalaron que los trabajadores solicitaron sumarse al ERE antes del pasado viernes por la tarde, fecha límite establecida por la compañía, pero deberán contar con la aprobación de la inmobiliaria para adherirse finalmente al citado expediente, que hasta el momento ha afectado a 234 trabajadores.

Martinsa-Fadesa podrá negarse a conceder el expediente a aquellas personas que considere "cruciales" para la actividad de la empresa, señalaron desde la inmobiliaria.

Según los sindicatos, la compañía presidida por Fernando Martín tiene previsto reunirse con éstos el próximo día 23 de septiembre para informarles del "número exacto" de trabajadores que podrán sumarse al ERE y de la evolución de las indemnizaciones.

Tras la reunión, la compañía remitirá al juez número 1 de A Coruña, encargado del proceso concursal de la inmobiliaria, el número de trabajadores que podrá sumarse al expediente de regulación de empleo.

La compañía informó de que los empleados que se sumen finalmente al ERE contarán con las mismas condiciones acordadas el pasado mes de julio por la empresa y los sindicatos.

El ERE, ejecutado por la inmobiliaria el pasado 13 de agosto, contemplaba una indemnización de 36 días por año trabajado por un máximo de 20 mensualidades, de los que 16 días se pagarán con cargo a la masa del concurso, en tanto que los otros 20 serán abonados por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña dictó el pasado viernes un auto que declaraba en concurso de acreedores a las seis filiales de Martinsa-Fadesa Jafemafe, Inmobiliaria Mar Plus, Fecler, Inomar, Town Planning Consultores y Construcciones Pórtico.

Todavía está pendiente que el juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid acepte la suspensión de pagos de las sociedades Femaral, Almarfe y Castellana Consultores Inmobiliarios, presentadas por el presidente de Martinsa-Fadesa el pasado 17 de julio, así como el concurso voluntario de acreedores sobre la persona de Fernando Martín.

La compañía aérea Spanair prescinde desde hoy de ocho de los aviones con los que ha operado hasta el momento, de los cuales tres son propiedad de la aerolínea y cinco constituyen la flota total de la compañía Aebal, dependiente del grupo, han informado fuentes de la aerolínea.

A los ocho aviones que han dejado de operar hoy, se sumarán próximamente otros seis, según explicó recientemente el director de Recursos Humanos de Spanair, Héctor Sandoval.

Asimismo, mañana por la tarde está prevista una reunión de la mesa de negociación del plan de viabilidad de la compañía, en la que las diferentes mesas sectoriales informarán sobre el estado de los trabajos en cada área.

La reunión de mañana es la segunda de la mesa de negociación del plan de viabilidad de Spanair, después de la que se celebró la semana pasada, sin que se alcanzara un acuerdo entre la dirección y los trabajadores sobre las condiciones de despido de los 1.193 trabajadores que prevé el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía.

La dirección de Ericsson comunicó el pasado viernes al comité de empresa que planea ajustar su plantilla de 3.300 empleados, en las áreas comerciales, de servicios y dirección. Eliminará el 6% de los puestos de trabajo de la filial española, lo que equivale a despedir cerca de 200 personas este año.

Ericsson terminó el año pasado en España con una facturación de 954 millones de euros, un 5% más que en 2006. Sin embargo, este año espera registrar crecimientos "muy limitados". La casa matriz, Carl-Henric Svanberg, ya anunció que despedirían a unos 4.000 trabajadores.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) reducirá su plantilla en el periodo 2006-2010 menos de lo inicialmente previsto, tras el aumento de contratación pública que acometió en los últimos ejercicios, informó ayer el director general de Seguridad, Organización y Recursos Humanos de la sociedad pública, Mariano Garrido.

   La compañía promotora y gestora de las vías y estaciones de tren prevé cerrar así 2010 con más trabajadores respecto de los 13.349 calculados en un principio. Esta cifra hubiera supuesto una disminución de plantilla del 8,5% en relación a la de 14.598 empleados con que la empresa nació en 2005.

   El descenso, anunciado en el Plan Estratégico puesto en marcha en 2005, se iba a realizar a través de un plan social que combina un expediente de regulación de empleo (ERE) de 400 prejubilaciones y bajas voluntarias al año con un programa de contratación de empleo público a razón de un mínimo de 120 trabajadores anuales.

   No obstante, tres años después, las bajas se han ajustado a lo calculado, mientras que, por contra, las contrataciones han superado con creces lo programado como consecuencia del incremento de actividad de Adif, fundamentalmente por la construcción de los nuevos AVE.

   Así, mientras que entre 2006 y 2008 salieron de la compañía mediante prejubilaciones y bajas voluntarias 1.189 empleados, en el mismo periodo se contrató, o se inició el proceso de contratación, de 1.362. Sólo las convocatorias de empleo público de 2007 y 2008 contemplaron 300 y 892 puestos de trabajo, respectivamente.

   Para los dos próximos ejercicios, pese a la austeridad en la contratación pública prevista por el Gobierno ante la actual crisis económica, Adif confía en poder promover las previstas ofertas de empleo público de 120 trabajadores anuales.

   Con este programa de empleo Adif persigue, además de aligerar la plantilla, rejuvenecerla (actualmente presenta una edad media de 48 años), e incorporar nuevos profesionales cuya preparación se ajuste a las nuevas necesidades de la compañía.

ADIF SEGUIRÁ VENDIENDO BILLETES.

   Por otra parte, el directivo del ente público dependiente del Ministerio de Fomento se refirió al colectivo de 1.300 trabajadores que actualmente desempeñan labores de venta de billetes en estaciones, para asegurar que sus puestos de trabajo están asegurados.

   La compañía asegura que en la actualidad no contempla abandonar la actividad de venta de billetes de Renfe y, en el futuro, de otros eventuales operadores.

   No obstante, ante el crecimiento de la comercialización electrónica (por teléfono e internet), prevé orientar a estos empleados hacia el ejercicio de otras labores de servicio público complementarios (atención a personas de movilidad reducida, u orientación e información) para garantizar así sus puestos de trabajo.

   Respecto al concurso promovido para contratar a 200 trabajadores para este servicio durante un año, la compañía explicó que se trata de una medida coyuntural para que ayuden a su personal hasta que los sistemas de venta eléctrica puestos en marcha por Renfe funcionen de forma óptima.

   Adif se enfrenta a una convocatoria de paros parciales en esta unidad de negocio ante el rechazo de los sindicatos a esta contratación, que ven como una posible externalización del servicio. El paro arrancó el pasado día 5 y continuarán los próximos 15 y 19 de septiembre.

La Junta de Andalucía aseguró a los trabajadores de Central Lechera Asturiana que emitirá un informe desfavorable al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado y que afecta a 165 trabajadores de la fábrica sevillana de postres y yogures, y a los trabajadores de todas las delegaciones comerciales andaluzas, y apostó por el mantenimiento del empleo y la actividad, según indicó a Europa Press el presidente del comité de empresa, Antonio Escudero.

Los trabajadores se reunieron ayer con cuatro delegaciones provinciales de la Junta en Sevilla, en concreto con la delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, el delegado de Empleo, Antonio Rivas, y el delegado provincial de Agricultura y Pesca, Francisco Gallardo, además del jefe del servicio de Cooperación y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Provincial de Innovación.

Escudero destacó que "se trata de la primera vez que se reúnen cuatro consejerías por un conflicto laboral", de forma que tras este encuentro "se nos ha abierto el horizonte", ya que, según anunciaron tanto Escudero como los sindicatos UGT y CCOO y la propia Junta, se ha constituido una mesa de trabajo entre trabajadores y Gobierno andaluz, en la que se mantendrán reuniones periódicas, de carácter semanal, con el objetivo de "hacer un seguimiento del ERE y de los contactos que la Junta, especialmente Agricultura, está haciendo con empresas interesadas".

La primera reunión tendrá lugar el próximo jueves 18 de septiembre, un día después de la manifestación convocada por sindicatos y comité que partirá de la plaza de la Encarnación.

"La Junta nos ha transmitido que estará vigilante en todo el proceso, pues de momento se trata de un cierre patronal parcial", agregó Escudero, quien aseguró que la Junta les comunicó que va a emitir un informe desfavorable sobre el ERE, que deberán remitir al Ministerio de Trabajo e Inmigración, al tratarse de un expediente nacional, pero donde la Dirección General de Trabajo debe recabar las opiniones e informes de las comunidades autónomas afectadas por el ERE, de manera que los trabajadores confían en que "Madrid haga caso a ese informe".

La Junta además se comprometió a participar "de lleno" en el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad e informará en la mesa de seguimiento de los avances en ese sentido. En ese sentido, según una nota de la Junta, las distintas delegaciones mostraron su apoyo total a los sindicatos y transmitieron a sus representantes que "no van a permitir el cierre de la planta, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y que van a buscar posibles inversores que puedan adquirirla".

Resaltó que este encuentro ha marcado el inicio de las reuniones que los representantes de la Junta de Andalucía mantendrán con los colectivos implicados en la situación de la empresa. Además, el Gobierno andaluz ha informado a los trabajadores de que no negociará "con ninguna empresa que pretenda destruir empleo". Por su parte los trabajadores participarán en cualquier proceso que pase por el mantenimiento del empleo y la actividad industrial en la provincia.

Además, la Junta ha asumido el compromiso de informar a sindicatos y trabajadores de todas las gestiones que se realicen durante el proceso de negociación, como posibles empresas interesadas o marcha del expediente de regulación de empleo. Esta mesa estudiará además la recolocación de los trabajadores afectados por el ERE presentado por la empresa.

NUEVA REUNION CON LA EMPRESA

Por otro lado, Escudero anunció que la empresa les ha convocado nuevamente a una reunión para el próximo miércoles para "retomar las negociaciones del ERE". Este representante de los trabajadores recordó que fue Central Lechera Asturiana "la que rompió la mesa de negociación y ahora nos piden que nos sentemos", tras lo que expresó su preocupación por que "en las anteriores reuniones la empresa sólo habló de indemnizaciones, no de continuidad en el trabajo, aunque la Junta sí apuesta por la continuidad de la actividad".

Los trabajadores mantendrán las movilizaciones fijadas los miércoles hasta que el plan de empresa que diseñe la Junta de Andalucía sea una realidad "y asegure el mantenimiento del empleo de estos trabajadores, que bajo ningún concepto asumirán la posibilidad de ser indemnizados por despido".

REUNION CON LA INSPECCION

El portavoz de los trabajadores lamentó que la empresa "ha actuado con dejadez, y ello ha conllevado la bajada de ventas y la pérdida de mercado que la empresa alega como motivo del ERE, no han mimado el producto y ha dejado tirados a los trabajadores".

Este argumento fue apuntado por los trabajadores en una reunión con la Inspección de Trabajo, posterior a la que mantuvieron con la Junta, donde esta institución quiso conocer la opinión de los trabajadores sobre el ERE y sobre los motivos esgrimidos por la empresa para presentar dicho expediente.

Previamente la Inspección se había reunido con la empresa, que explicó los motivos de dicho ERE. El objetivo de la Inspección a la hora de convocar estas reuniones por separado con las partes es emitir un informe sobre el ERE de Sevilla.

Por otro lado, CCOO anuncia que mañana desplegará una pancarta reivindicativa en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, durante el partido que enfrentará al Sevilla FC y al Sporting de Gijón.