El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró ayer que, a su juicio, constituye "un error" relacionar el paro técnico anunciado por dirección de Airbus para la planta de Puerto Real (Cádiz) con la actual situación de crisis económica máxime cuando, según subrayó, el sector aeronáutico "no solo ha aumentado sino que está aumentado su peso en el conjunto nacional y también en el contexto autonómico andaluz".

En una rueda de prensa posterior a la reunión mantenida con representantes de la actividad agraria y agroalimentaria en Almería, Chaves aludió a que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) comunicado por la multinacional al comité intercentros en España se acordó en 2007 y, por tanto, no supone "ninguna medida excepcional" para el centenar de trabajadores que se verán afectados.

Rechazó, en esta línea, que el paro técnico que –ahondó– "sólo" representa una suspensión de actividad durante los días laborales del mes de diciembre, vaya a afectar en "ningún caso" a los plazos del proyecto industrial que Airbus desarrolla en la factoría de Puerto Real al tiempo que reiteró que el anunció "no es algo nuevo".

En la misma línea se expresó el consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien explicaba esta mañana cómo el ERE responde a una clausula contractual pactada con el comité de empresa que daba vía libre a la multinacional para ejecutar más de 30 días de suspensión para toda la plantilla en caso de exceso de producción frente a los 16 días en que, según afirmó, permanecerá paralizada la fabricación del A-380.

El secretario general de CCOO-PV en Ford-Almussafes, Miquel Rosaleny, advirtió ayer, en declaraciones a Europa Press, de la proliferación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en las empresas auxiliares de Ford-Almussafes debido al paro de la producción que se registrará durante tres días en noviembre y que se extenderá también durante prácticamente todo el mes de diciembre. Por su parte, desde la Federación de Industrias Afines (FIA) de la UGT-PV reclamaron a la Generalitat valenciana que "impida" a estas compañías que se "aprovechen" de estos paros.

En concreto, la producción de la factoría se paralizará del 8 al 24 de diciembre, período en el que se combinarán cinco días de paro técnico –en los que no se producen coches y la plantilla está en la factoría haciendo otras tareas o incluso en casa pero cobrando mismo sueldo– otros seis de jornada industrial –cuando si no hay trabajo se toman como vacaciones y si hay, se trabaja y se cobra un plus– de los que cuatro corresponden a 2009 y los otros dos a 2010.

De este modo, Rossaleny alertó de que la paralización de Ford tiene una repercusión "mucho mayor" en las empresas auxiliares, que en la propia planta de Almussafes, puesto que estas compañías "no tienen el colchón y la flexibilidad" que supone el convenio de la empresa de vehículos.

Asimismo, precisó que "tan sólo" una o dos de estas empresas auxiliares tiene un convenio "igual o similar al de Ford en relación con las jornadas industriales". Al respecto, señaló que "muchas fábricas se han dado cuenta de que no pueden trabajar para un sólo proveedor, y por eso han cambiado los convenios porque no se pueden adaptar sólo a Ford".

Por su parte, UGT-PV reclamó en un comunicado a la Generalitat valenciana, en un comunicado, que "impida que las empresas auxiliares de Ford aprovechen la parada prevista en la factoría para presentar ERE de una duración sensiblemente superior al de la parada prevista en la factoría automovilística".

Así, alertaron a la Dirección General de Trabajo de "la intención" de algunas de estas empresas de presentar expedientes que, "en algún caso, pretende superar un mes de duración", lo que a juicio del sindicato está "totalmente injustificado, máxime cuando la factoría solamente tiene pensado detener la producción menos de 10 días", apuntaron.

Para la organización sindical, si la autoridad laboral aprueba estos trámites supondría que "los trabajadores y trabajadoras afectados deberían ingresar en las listas del desempleo y perder las prestaciones durante el periodo de duración del expediente". Por ello, reclamaron al Consell que "impida cualquier abuso que, con la excusa de la parada de la factoría pudiera intentarse por parte de las empresas".

BUSCAR ALTERNATIVAS.

En este sentido, apelaron a la "responsabilidad" de las empresas para que "busquen alternativas", que "nadie salga perjudicado de la situación, y mucho menos los trabajadores, con la pérdida de sus prestaciones acumuladas".

Del mismo modo, los representantes de CGT en los comités de empresa de Ford y de las principales subcontratas y proveedores de la factoría de Almussafes se reunieron ayer para estudiar la situación que se ha creado en todas estas empresas ante "la falta de planes firmes de producción para los próximos meses", según informaron fuentes sindicales en un comunicado.

En concreto, asistieron al encuentro las secciones sindicales de Ford, Acciona, Sodexho, H&L, Visteon, Johnson Controls, Benteler, T. Durá, Transfesa y otras empresas auxiliares de Ford España que funcionan desde hace unos meses como una coordinadora para un "mejor conocimiento de la situación y una más eficaz relación entre los más de 11.000 trabajadores que dependen directa o indirectamente de la firma automovilística norteamericana", aseguraron.

En la reunión, abordaron asuntos como la repercusión que el ERE y los cambios en el calendario laboral de Ford causan en el resto de las empresas del Parque Industrial Juan Carlos I. Así, lamentaron que varias de estas empresas auxiliares han presentado o lo harán en las próximas semanas un ERE, "con los graves perjuicios que ello acarrea para unos trabajadores con salarios que, en la inmensa mayoría, no llegan a los 1.000 euros".

Por lo que se refiere a las medidas para responder a esta situación, "creada por la falta de previsión y de planes claros de producción de Ford", desde CGT propusieron la convocatoria de una manifestación conjunta con los trabajadores directos de Ford y los de todas las empresas auxiliares y subcontratadas que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre a las 11.30 horas en la Plaza de San Agustín de Valencia.

Eiffage Energía ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 152 empleados de los centros de trabajo que la compañía tiene en Cataluña, que representan casi un tercio (el 31%) de la plantilla total de 482 empleados de la empresa en la Comunidad, informaron hoy en fuentes sindicales.

El ajuste de personal afectará a los centros de trabajo de Barcelona, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, Sant Andreu de la Barca y Tarragona.

Según los sindicatos, la empresa justifica el ERE en "causas organizativas, técnicas y productivas", en el descenso de la actividad en la construcción y en la pérdida de un contrato marco con Fecsa Endesa en mayo de 2007.

Por su parte, UGT y CC.OO. de Cataluña exigieron a la compañía francesa que retire el ERE, que ya se ha comenzado a negociar con la Inspección de Trabajo. Los sindicatos abogaron por medidas "más justas" y el diseño de un plan de viabilidad, en lugar de optar por la que consideran vía "más traumática".

Según indicaron en un comunicado conjunto, la plantilla de Eiffage Energía continúa realizando horas extras y cede a subcontratas trabajos que podrían ejecutar "a la perfección" los trabajadores de Eiffage.

Por todo ello, el comité de empresa acordó convocar una huelga de 24 horas en la empresa para los próximos días 2 y 5 de diciembre y advirtieron de que la convocatoria se convertirá en indefinida a partir del 9 y hasta el 23 de diciembre. Además, prevén llevar a cabo manifestaciones en diversos puntos de Cataluña.

El presidente de ICV, Joan Saura, aseguró ayer que su presencia en el Govern impedirá la aprobación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) "injustificables" como el de Nissan, que prevé el despido de 1.680 trabajadores, y presentó un decálogo de medidas para afrontar la crisis.

"Ya hemos dicho que no al ERE de Nissan fuera y dentro del Govern, y hoyy solemnemente decimos que no en esta asamblea, y mañana continuaremos diciendo que no a este ERE", manifestó al presentar su informe de gestión ante los 900 delegados que asisten desde ayer hasta el domingo a la IX Asamblea de ICV, que se celebra en la Fira de Sabadell.

Respondió así al secretario general de CC.OO. en Nissan, Javier Pacheco, que una hora antes había intervenido en la asamblea emplazando a ICV a asumir el lema de los trabajadores afectados en contra del ERE.

"No sólo se está o se ganan las elecciones par poder gobernar y seguir ganando elecciones", dijo, lo que recibió aplausos de los asistentes, y destacó que ICV debe estar al lado de la clase trabajadora.

Saura indicó que su partido apoya a los trabajadores y que no son "neutrales en el conflicto del capital", y expresó también su solidaridad con el resto de trabajadores afectados por ERE en Cataluña.

Sobre la crisis, presentó 10 propuestas para hacerle frente ante un "neoliberalismo que ha intentado hacer retroceder los avances de protección del sistema social". Se trata, según él, de la primera crisis de la globalización sin precedentes, por lo que reclamó un nuevo orden financiero internacional.

Entre el decálogo de propuestas en la escena internacional que propuso está el establecimiento de un sistema financiero transparente, un banco mundial cogobernado por países ricos y pobres y la desaparición de los paraísos fiscales.

Reivindicó en Europa la abolición de la "directiva de la vergüenza", y en política monetaria española la creación de la Oficina parlamentaria de seguimiento, control y evaluación del plan de rescate y transparencias en las ayudas anunciadas a las entidades financieras.

Además, reiteró la petición de derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria; en políticas sociales, aplicar la legislación de dependencia, y en materia de vivienda derogar la Ley del Mercado Hipotecario.

También aludió a las infraestructuras, destacando que es necesario "pasar de la cultura del cemento y del abuso sobre el territorio a la promoción de la movilidad sostenible", apostar por las políticas medioambientales, por unas políticas industriales diferentes y por unas políticas de empleo que revisen con "rigor" los ERE.

El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Telefónica Móviles, que planteaba prejubilar a 500 trabajadores a partir de los 48 años, permitirá que los trabajadores "que lo deseen" puedan permanecer en la empresa hasta la edad ordinaria de jubilación, informó ayer el Ministerio de Trabajo e Inmigración en un comunicado.

Según el departamento dirigido por Celestino Corbacho, que ha confirmado la aprobación del ERE, las negociaciones entre ambas partes han mejorado "sensiblemente" las condiciones previstas inicialmente por la compañía de telecomunicaciones.

Así, Telefónica ha asegurado que reforzará el programa especial de recolocación y reinserción con cargo a la empresa y ha eliminado las cláusulas restrictivas que limitaban el empleo de los trabajadores acogidos a los beneficios económicos del ERE.

A estas mejoras se suman al compromiso de la compañía de crear 500 nuevos puestos de trabajo en dos años y de no presentar ningún nuevo ERE en 2009.

Según Trabajo, las modificaciones introducidas han cambiado la orientación del expediente "hacia la recolocación, la reinserción o el mantenimiento de la actividad", en lugar de hacia la jubilación anticipada.

La consellera de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, consideró ayer que será "difícil llegar a cualquier acuerdo" en el marco de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo planteado por Nissan en Barcelona y que plantea despedir a 1.288 personas en una primera fase.

En una entrevista a ComRàdio recogida por Europa Press, Serna reconoció la dificultad de que se alcance un acuerdo, tal y como pasó "en el 97% de los expedientes presentados en Catalunya en el último año, aunque insistió en que el Govern y ella misma trabajarán "hasta el último momento para que esto no tenga efectos en los trabajadores".

Serna señaló que la viabilidad de Nissan a corto y medio plazo es "un deseo y una necesidad". "No nos podemos permitir tantos despidos y que el sector auxiliar sufra la crisis general de la automoción y la de Nissan", añadió.

Por su parte, el conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, pidió en una entrevista a TV3 que el proyecto del coche eléctrico de Nissan vaya precedido de "un modelo de transición" para garantizar el empleo en Catalunya.

Huguet reclamó al fabricante nipón "más señales" de que la planta tendrá un modelo que garantice una "transición tranquila" hacia una posible fabricación del coche eléctrico, un proyecto que recordó que se enmarcar en un horizonte 2012. Si no se garantiza esto, el plan industrial del fabricante es "un poco increíble", según el conseller.

El secretario general de UGT-PV, Rafael Recuenco, aseguró ayer que ve "con mucha preocupación" el anuncio realizado ayer por Ford-Almussafes de que parará la producción de vehículos en diciembre durante once días laborables, del 8 al 24.

Por su parte, el secretario general de CCOO-PV, Joan Sifre, criticó la "falta de transparencia" en la resolución de este tipo de expedientes que, añadió, "es la misma que estaba en esos acuerdos semisecretos", en referencia al acuerdo firmado en el verano de 2007 entre el sindicato mayoritario en Almussafes, UGT, y el presidente de Ford Europa, John Fleming.

Ambos representantes sindicales hicieron estas declaraciones tras la firma del Pacto Valenciano por la Inmigración, al ser preguntados por los medios de comunicación sobre la comunicación que ayer hizo la dirección de la planta de automoción valenciana a toda la representación sindical de que, debido a la falta de pedidos del modelo Focus, único que se fabrica en Almussafes en la actualidad, se veían obligados a parar la producción desde el día 8 hasta el inicio de las vacaciones navideñas.

Rafael Recuenco aseguró que le gustaría que esta medida fuese "lo último que tuviese que ocurrir" en 2008, aunque matizó que están "a la espera de ver cómo evoluciona el mundo" ya que "no es una cosa nuestra", sino que se trata de una situación "global". No obstante, "a las cosas globales, soluciones locales", aseveró.

"Todo parece indicar que es muy complicado", lamentó Recuenco, quien, no obstante, manifestó que la sección de UGT en Ford, "haciendo ejercicio de su responsabilidad sindical, no han tenido ningún inconveniente en buscar soluciones para mitigar este gran problema que supone la nueva situación económica de dejar de producir coches" en diciembre, propuesta por la empresa.

Preguntado sobre cuál será la situación en enero, el secretario general de UGT-PV aseguró que se "atrevería" a hablar del futuro "si tuviese la bola de cristal". Así, indicó que los escenarios "cambian con tanta prisa que es difícil hacer un pronóstico" y dijo que le gustaría que la situación actual se agilizara y "no hubiese necesidad de recurrir a mecanismos como los que se están produciendo".

Sin embargo, lamentó que "eso no es así" y que "raro es el día que no se cierran empresas". En este sentido, dijo que la suma de estas pequeñas compañías supone "algunos miles de puestos de trabajo que se han perdido" pero que "no tiene el mismo tirón mediático" que Ford.

Por su parte, Joan Sifre indicó que desde CCOO que no están de acuerdo "ni en cómo se resuelven los expedientes de Ford" ni de las "facilidades que encuentra esta multinacional para adaptar ‘técnicamente’ estas situaciones". Asimismo, se remitió a una "sistemática política de marginación de determinadas representaciones sindicales", por lo que instó a "aquellos que firman acuerdos, que den razones de por qué esas razones se incumplen".

A su juicio, la situación en la que se encuentra la empresa automovilística "podrá ser consecuencia de la crisis", aunque aseguró que "la misma falta de transparencia que estaba en esos acuerdos semisecretos es la que encontramos a la hora de resolver los expedientes". Por ello, para el secretario general de CCOO-PV "esos vicios están en la raíz de la no existencia de consensos" y que supone que "no se pueda afrontar en circunstancias normales esa situación" de crisis y adopción de medidas.

Los trabajadores de Spanair tienen a partir de hoy siete días hábiles para pronunciarse en relación a los traslados forzosos a otras comunidades así como a la adhesión de forma voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo presentado por la compañía, lo que permitirá tener una lista definitiva del número de despidos, según informaron fuentes de Spanair a Europa Press.

Así, hoy se abre el plazo para que los distintos colectivos -tripulantes de cabina, fuerza de ventas, pilotos, técnicos de mantenimiento, rampas y servicios generales- expresen su conformidad con lo manifestado en el ERE.

El plazo finalizará el próximo 26 de noviembre, y un día después, el jueves 27, Spanair remitirá el ERE a la Autoridad Laboral, donde figurará el número exacto de afectados por los despidos y los traslados.

Así, los trabajadores afectados deberán decidir si se adscriben de forma voluntaria al ERE, o bien aceptan los traslados, una jubilación anticipada o una reducción de la jornada. Al término del periodo de siete días, la lista definitiva de despidos y traslados se publicará en la intranet de la compañía.

Cuando parecía que todos los colectivos habían ratificado el ERE, los pilotos rechazaron el pasado 5 de noviembre sumarse al expediente, cancelando todas las asambleas previstas en las que había que ratificar dicho acuerdo, manifestando un gran descontento por la falta de información y desarrollo del propio expediente. Finalmente, todos los colectivos suscribieron el acuerdo, pero ahora está por conocer la cifra exacta de empleados que perderán su trabajo.

De los 1.200 despidos iniciales la compañía redujo la cifra a unos 1.000, después de arduas negociaciones con los sindicatos. El Plan de Viabilidad de la aerolínea también contempla unos 800 traslados forzosos. Una vez el ERE obre en poder de la Dirección General de Trabajo, ésta deberá pronunciarse en unos días sobre el mismo y dictar una resolución sobre su viabilidad.

El ERE está contemplado dentro del plan de viabilidad que llevará a cabo la aerolínea y que persigue garantizar la rentabilidad y futuro de la compañía. Ello obligó a Spanair a mantener numerosas reuniones con los sindicatos, con el fin de llegar a un acuerdo global con todos los colectivos de trabajadores, tal y como lo exigió SAS, el grupo escandinavo propietario de Spanair.

Los empleados de la planta de Altadis en Alicante han entregado hoy a las distintas administraciones públicas las 12.000 firmas recogidas en contra del cierre de esta factoría, al tiempo que han pedido a éstas una mayor implicación y apoyo.

Para ello, un centenar de trabajadores, según datos sindicales y de la Policía Local, se han […]

El grupo inmobiliario Tremón ha presentado concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) al no poder afrontar una deuda cercana a los 900 millones de euros, lo que la convierte en la segunda mayor promotora en declararse insolvente, tras Martinsa-Fadesa.

El Juzgado Mercantil número 2 de Madrid será previsiblemente el encargado de tramitar el proceso por insolvencia de la matriz, al que se le unirán probablemente esta semana los concursos de las cerca de una docena de filiales que tiene.

Sumadas las filiales (entre las que destaca la división de hoteles, TRH), la deuda del grupo presidido por Hilario Rodríguez Elías podría acercarse a los 1.200 millones.

Tremón no pudo ser contactado para explicar las causas de la presentación del concurso de acreedores, que tuvo lugar el pasado viernes, según las fuentes consultadas.

El grupo inmobiliario Tremón se dio a conocer a mediados de 2007 al intentar sacar a bolsa hasta el 35% de su capital, una opción que finalmente tuvo que desechar el pasado mes de diciembre por la inestabilidad de los mercados financieros.

Según el folleto de emisión que presentó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la salida a bolsa, el grupo acumulaba a 31 de julio de 2007 una deuda de 712,3 millones de euros, de los que Cajasur había prestado 38 millones.

A continuación figuraba Banco Pastor, con unos préstamos al grupo por valor de 76,9 millones de euros, seguido de Bancaja, con 65,9 millones.

El plan de negocio presentado por la empresa suponía un incremento considerable de su endeudamiento, que le obligaría a abonar 1.842 millones de euros entre 2008 y 2013.

Tremón, creado en 1993, inició un plan de expansión que le llevó a tener presencia en Polonia, Hungría, República Checa y Marruecos y a conseguir un beneficio neto de 36,5 millones de euros en 2006.

Con la presentación del concurso de acreedores, Tremón se suma a una larga lista de constructoras e inmobiliarias como Martinsa-Fadesa, Llanera, SEOP, Grupo Lábaro, Cosmani, Promodico, Urazca, Grupo Drac o Restaura.