El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará hoy a David García Marcos, auxiliar de vuelo de la compañia aérea Futura, acusado de atentar contra la integridad moral de una compañera al gastarle una broma de índole sexual durante una escala en Liverpool (Inglaterra).

El fiscal encargado del caso, Luis Barroso, pide para García Marcos dos años y medio de prisión al acusarle de un delito de allanamiento de morada y otro contra la integridad moral.

Según el relato de los hechos del fiscal, en la noche de 18 de julio de 2006, García Marcos cenó junto con el comandante Juan Carlos Robaina, el copiloto José Antonio Martínez y la azafata holandesa Margarita Elena Gomila en el hotel de Liverpool (Inglaterra) en el que se hospedaron durante su escala en la ciudad.

A la cena no asistió, a pesar de haber anunciado su presencia, la también auxiliar de vuelo Kamila Krivanova, de nacionalidad checa.

Sobre la media noche, García Marcos llamó en varios ocasiones a la habitación de Krivanova, quien se encontraba dormida, ya que al día siguiente tenía que madrugar.

Al no conseguir respuesta y "con ánimo en un principio de despertarla", el acusado se dirigió a la recepción del hotel y consiguió una copia de la llave de la habitación de Krivanova alegando ser su ocupante y haber perdido el original.

Una vez con la llave, García Marcos y su compañera Gomila se introdujeron en la habitación de Krivanova y se tumbaron a su lado en la cama.

Asustada, Krivanova se refugió en el cuarto de baño. Poco más tarde, llegaron a la habitación el comandante Robaina y el copiloto Martínez, pero, al no conseguir que su compañera saliese del cuarto de baño, decidieron retirarse y recomendaron a Gomila y a García Marcos que hicieran lo mismo.

Bien al contrario, Gomila y el acusado permanecieron en la habitación, se tumbaron en la cama y simularon estar haciendo el amor. En este lance, pidieron a Krivanova que saliera del cuarto de baño y se uniera a ellos.

Así permanecieron durante más de diez minutos, provocando "un grave menoscabo en la dignidad" de Krivanova, según el fiscal Barroso.

Como consecuencia de estos hechos, Krivanova tuvo que pedir ayuda psicológica a la Oficina de Ayuda a Víctimas del Delito y sufrió "una sintomatología clínica compatible con el estrés emocional y psicosocial".

Además de los dos años y medio de prisión, el fiscal Barroso pide que García Marcos indemnice a Krivanova con 30.000 euros por los perjucios morales causados.

La Asociación de Militares Españoles (AME) reclamó ayer la derogación de la Ley de la Carrera Militar y la aprobación de un Real Decreto que sustituya a dicha norma e imponga "los criterios funcionariales y una vuelta a las fuentes tradicionales militares españolas".

En un comunicado firmado por su secretario general, José María Pairet, la asociación que preside el coronel retirado Leopoldo Muñoz Sánchez solicitó al Gobierno que suprima la Ley de la Carrera Militar y que redacte este mismo año un Real Decreto que deje "inmediatamente" en suspenso "algunas" de las medidas contempladas en dicha norma.

AME recomendó al Ejecutivo que, tras ratificar ese primer decreto, apruebe otro decreto en 2009 para establecer "unos criterios tradicionales en los ejércitos" en la misma línea de los que siguen los funcionarios con su Estatuto Básico.

"La Ley de la Carrera Militar ha cambiado muchos aspectos sin escuchar ni siquiera a los Cuarteles Generales", subrayó la asociación, para después denunciar que la norma ha creado "unas escalas únicas implantadas a destiempo, frente a la prudencia funcionarial" y además "olvida las reservas forzosas y también de la Defensa Civil".

La asociación aseguró que el "intento de enmendar errores" de la Ley de la Carrera Militar a través del trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado "no va a contribuir a mejorar la caótica situación" creada por la norma. "Las enmiedas presentadas son frutos de la improvisación", subrayó.

En este sentido, denunció que el proceso de unificación de las dos escalas de oficiales contemplado en la citada ley ha puesto de manifiesto "la penosa gestión" del Gobierno y consideró que tampoco es suficiente que los oficiales que superen el curso de adaptación obtengan el reconocimiento académico de un título universitario de grado.

La asociación militar abogó por tramitar las enmiendas introducidas en la Ley de la Carrera Militar en el trámite de los presupuestos mediante una ley ordinaria que modifique dicha norma. "De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, se deben retirar las enmiendas a la Ley de la Carrera Militar y presentar un proyecto de ley ordinaria que aborde las reformas de la Ley en vigor. Hay que hacer un documento sobre las modificaciones que necesita el proyecto de ley", indicó.

ESCALA SUPERIOR, LA PRIMERA PERJUDICADA

En su escrito, AME detalló que la Ley de la Carrera Militar deja a la Escala Superior de Oficiales como "la primera perjudicada" por el proceso de integración de escalas, al estar sus militares obligados a sumarse a la nueva escala, mientras la escala de Oficiales se ve beneficiada "en parte" por la norma.

La asociación militar advirtió de que los miembros de la Escala de Oficiales se ven abocados a "una escala embudo, fracaso y tapón", "sin posibilidad de seguir con la promoción interna", mientras los suboficiales se convierten en "los pagadores" de la aplicación de la norma.

En relación con la formación universitaria que contempla la Ley de la Carrera Militar, AME señaló que "lo que se necesita cada vez más es una formación conjunta y combinada", "interejércitos e internacional". "Los futuros oficiales superiores deben recibir una formación completísima militar nacional y de los aliados. es mejor no dejar la formación universitaria como una materia impuesta que no completa la formación militar necesaria e imprescindible y que no suscite la atención. Se debe desterra definitivamente la equivocada creen que es suficiente una base universitaria y unos cursillos militares", recomendó.

Tras incidir en que la Ley de la Carrera Militar crea "una escala embudo, fracaso y tapón" para los oficiales, una tipo "mazacote" para suboficiales y "dos en una" para Tropa y Marinería, la Asociación de Militares Españoles subrayó la necesidad de que se apruebe una "Ley Orgánica de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de los Militares" que permita el funcionamiento de asociaciones "libres e indeependientes" que defiendan los "intereses sociales, económicos y profesionales de los militares y sus familias".

José de La Cavada Hoyo ha sido nombrado director del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, en sustitución de Fernando Moreno, que dejó la patronal española casi al mismo tiempo que el entonces secretario general, Juan Jiménez Aguilar.

De La Cavada es licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información, además de diplomado en Derecho del Trabajo. Desde 1995, es consejero y director-coordinador del grupo empresarial en el Consejo Económico y Social español (CES).

Asimismo, es miembro de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE desde 1982. Durante los años 1994 y 1995 desempeñó la presidencia y vicepresidencia de Forcem (Fundación para la Formación Continua) en representación de la CEOE.

Desde 1972 desarrolló toda su actividad profesional en todos los ámbitos de la relaciones laborales, destacando sus responsabilidades en la Dirección General de Puertos y en el Grupo Sniace. Además, ha participado en más de 200 negociaciones colectivas de sectores y empresas en España.
 

La ETT Start People colaborará con Cruz Roja Española en el Plan Integra 2009, dirigido a parados mayores de 45 años y mujeres y jóvenes en situación de exclusión social y cuyo objetivo es facilitar su inserción en el mercado laboral.

Dicha colaboración se establece en un convenio firmado ayer entre las dos entidades, por el que la ETT se compromete a suprimir los regalos de Navidad para clientes y empleados y destinar dicha cantidad a la financiación del programa. Además, prestará servicios de intermediación laboral a las personas que participen en el Plan Integra 2009.

Por su parte, Cruz Roja Española impartirá módulos de capacitación profesional para los citados colectivos, procurará prácticas en centros de trabajo a fin completar la formación de los cursos, ofrecerá asesoramiento profesional y realizará un seguimiento de los participantes en el proyecto.

En la firma del convenio participaron Edwin Schreur, director general y consejero delegado de Start People, y Leopoldo Pérez Suárez, secretario general de la Cruz Roja Española

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ve difícil que se pueda embargar la prestación por desempleo que ha solicitado al Gobierno de Irlanda del Norte el ex preso etarra, Iñaki De Juana Chaos, que ha fijado su residencia en Belfast.

En declaraciones a Servimedia, García explicó que desde el punto de vista legal hay cantidades que son "inembargables" en España, cómo por ejemplo las que están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La prestación por desempleo que ha solicitado el ex preso etarra, a través de la asociación Coiste na n-Iarchimí, dedicada a la reinserción de presos del IRA, es de 300 euros al mes.

Esa cantidad está por debajo del SMI en España, por lo que el portavoz de los jueces conservadores no cree que pueda ser objeto de embargo, en el supuesto de que el Gobierno irlandés se la concediera.

El 57 por ciento de los consumidores españoles desconocen las acciones que las empresas en materia de responsabilidad social para la mejora social y del medioambiente, según el estudio "Consumo responsable y desarrollo sostenible" elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Según este estudio, que fue presentado ayer y que ha contado con el asesoramiento de la empresa demoscópica Nielsen, sólo el 7 por ciento considera que las acciones que llevan a cabo las empresas son efectivas frente al 17 que considera que son pura fachada y tienen una eficacia limitada.

Es este mismo apartado, el 48 por ciento de los encuestados cree que las medidas no serán efectivas hasta que no sean tomadas por todas las empresas generalizadamente, y el 29 por ciento cree que son insuficientes.

En cuanto a las medidas que lleva a cabo el ciudadano para contribuir al consumo responsable y el desarrollo sostenbible la respuesta espontánea más citada hacía referencia a la separación y reciclado de residuos, que han sido citados por el 78 por ciento de los encuestados.

A esta medida le sigue no ensuciar el entorno, la reducción de consumo de agua y de electricidad, con un 61 y 60 por ciento respectivamente. Sin embargo, solo el 9 por ciento deja de comprar productos o servicios que no velan por el consumo responsable y el desarrollo sostenible.

En cuanto a las medidas que deben adoptar las administraciones para favorecer el consumo responsable los encuestados consideran que se deben promulgar leyes que protejan el consumo responsable y sancionar a quienes no lo cumplan, tanto empresas como personas.

Respecto a las empresas, los encuestados consideran que deben de trasmitir a los consumidores los beneficios de un consumo responsable, seguir las normas establecidas, comunicar lo que están haciendo y no repercutir en el consumidor los costes de las medidas o productos sostenibles.

Este estudio es el resultado de dos fases: una cualitativa, desarrollada a partir de cuatro reuniones de grupo, y otra cuantitativa, basada en 1.021 entrevistas personales realizadas en los primeros días del mes de febrero de 2008.

Un juez de lo Social de Madrid ha aprovechado una sentencia en la que resuelve sobre un contencioso laboral que enfrentó a una enfermera con la Administración del Estado para pedir a través de la vía oficial la retirada de los nombres de dos residencias militares bautizadas como ‘Carmen Polo’ y ‘Generalísimo Franco’.

El magistrado recoge en los fundamentos de derecho de su resolución un punto en el que informa que va a proceder a notificar al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, la existencia de estos dos organismos para así contribuir a remover "los obstáculos que impidan la plenitud de igualdad de individuos y grupos" y "la dignidad de la persona".

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, cita la Ley Orgánica del Poder Judicial que indica que las resoluciones dictadas por jueces y tribunales deben notificarse "a todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente, y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios".

El juez justicia también su notificación al Defensor del Pueblo aludiendo a los efectos derivados de la Resolución del Congreso de los Diputados de 2004 relacionada "con el mantenimiento con cargo a fondos públicos de símbolos y denominaciones manifiestamente antidemocráticos".

Dice, por último, que actúa con arreglo al principio de transversalidad y a las obligaciones que tienen "todos los poderes público, incluidos los jueces y tribunales".

El resto del contenido de la sentencia describe únicamente el enfrentamiento jurídico por motivos laborales entre la enfermera demandante y la Administración del Estado, completamente ajenos al punto en el que se refiere a las denominaciones de la Residencia Militar Carmen Polo y la Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes Generalísimo Franco.

Nos gusta que nuestra empresa piense en nosotros. Más de un ochenta por ciento de los españoles considera que un sistema de incentivos diseñado para recompensar su trabajo estrecha los vínculos emocionales con su compañía. De ellos, un 19% considera que las revisiones salariales periódicas y las mejoras en las condiciones laborales contribuyen a trabajar más y mejor.
 
Así lo revela un estudio realizado por la compañía Grass Roots entre profesionales de diferentes sectores, para estudiar la valoración de las políticas de incentivos en nuestro país. Para un 69 % los presupuestos destinados a incentivar a empleados o canal son una inversión muy acertada de cara a mejorar tanto resultados económicos de una firma como a conseguir un clima laboral idóneo.
 
¿Qué es lo que realmente nos motiva?

La flexibilidad del esquema de incentivos es uno de los factores mejor valorados por los encuestados. De hecho, un 42 % de ellos prefiere tener la capacidad de decidir su regalo. El dinero, a través de pagas extraordinarias, y la posibilidad de éste de ser adaptado a las necesidades personales, es uno de los más regalos más apreciados. Aunque, sin duda, por encima de valor económico o utilidad, lo que realmente valora más de la mitad (59%) es el detalle de la empresa por valorar nuestro esfuerzo.

Principales carencias

Pero, en ocasiones, los deseos de los empleados se topan con la dura realidad. Un amplio porcentaje de los encuestados, un 35%, reconoce que la oferta de incentivos que le otorga su compañía es escasa o muy mala.
 
Entre las principales observaciones que destacan se encuentran políticas de incentivos arbitrarias o que fomentan los agravios comparativos entre empleados de la misma plantilla. Algunos hacen hincapié en que los incentivos no se ajustan a la responsabilidad del puesto que ocupan o en que en su empresa, sencillamente, no existe ningún programa de incentivos.

Al menos nueve personas murieron y diez resultaron heridas hoy en Bagdad como conscuencia de un atentado suicida con coche bomba al paso de un convoy del ministro iraquí de Trabajo, Mahmud Muhammad Jawad al Radi, según informó la Policía. Un portavoz del Ministerio aseguró que el titular del departamento resultó ileso.

Según un cámara de Reuters, un coche arremetió violentamente contra un convoy formado por seis o siete vehículos y explosionó cerca de la plaza Tahrir, en el centro de Bagdad. La Policía y los escoltas abrieron fuego después de la explosión.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 121 personas en la que se considera "la mayor operación realizada hasta la fecha" en nuestro país contra la pornografía infantil en internet. Además, hay otras 96 personas imputadas por tenencia y distribución de material pedófilo en la red. En la operación, en la que han participado 800 policías nacionales, se han registrado 210 domicilios en 42 provincias y se han intervenido millones de archivos de vídeo y fotografías, algunos de ellos con agresiones a menores de extrema dureza, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

Perfil profesional

Los detenidos en la operación pertenecen a un amplio abanico social y laboral. Entre las distintas profesiones se pueden encontrar desde pilotos comerciales a conserjes, pasando por taxistas, empleados de banca, estudiantes, funcionarios, informáticos, parados… También hay un policía, un militar de bajo rango, un guardia civil en prácticas y varios profesores. Todos ellos con distintos niveles de estudios y comprendidos en una amplia franja de edades, desde menores de edad hasta jubilados.

Dos de los detenidos, además de obtener y compartir pornografía infantil, producían su propio material. Los investigadores han podido identificar a las dos víctimas, que pertenecían al entorno familiar de los abusadores.

Mucho material intervenido

Debido a la gran cantidad de material informático intervenido en los registros, su contenido está pendiente de ser analizado por los especialistas policiales. El objetivo es determinar si han existido otras víctimas de alguno de los implicados, así como establecer sus relaciones con otros pederastas en la Red.

Además, algunos de los domicilios identificados ya habían sido registrados en investigaciones de la misma naturaleza y los responsables del delito detenidos por diferentes cuerpos policiales. En otros casos, para intercambiar los ficheros se utilizaron redes wifi abiertas (accesibles sin contraseña).

En la operación, coordinada a nivel nacional por la BIT, se han practicado 210 registros en los que han participado 200 secretarios judiciales. Se han intervenido millones de archivos de contenido pedófilo entre los que se han localizado vídeos de extrema dureza que contenían agresiones a menores de muy corta edad.

Además se han intervenido 347 discos duros, 1.186 CD y DVD, 36 ordenadores portátiles, 15 pendrive, dos cámaras de fotos, dos cintas VHS y siete tarjetas de almacenamiento.