Casi 1,6 millones para facilitar la integración de extranjeros que residen legalmente en Melilla

El Ministerio de Trabajo y la Ciudad Autónoma han prorrogado un convenio firmado en septiembre de 2005 para facilitar la integración de los extranjeros que residen de forma legal y habitual en Melilla, lo que supondrá una inversión conjunta de ambas administraciones de casi 1,6 millones de euros. Gracias a este convenio se promoverán actividades destinadas a mejorar la inserción laboral y el conocimiento de la lengua española a los extranjeros.

El Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Melilla destinarán en 2008 un total de 1.590.000 euros para dotar de mejores posibilidades de integración a las personas extranjeras que residen de forma legal y habitual en Melilla, con el desarrollo de actividades que incrementen sus posibilidades de inserción laboral y conocimiento de la lengua y cultura españolas.

En rueda de prensa, el delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, informó ayer de que esta medida es fruto de un convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Estado de Inmigración y la Ciudad Autónoma en septiembre de 2005, que acaba de ser prorrogado con la aportación de 1.157.000 euros del Estado y 430.000 del Gobierno melillense.

Esta inversión permitirá impulsar la creación de empleo, ya que será necesaria la contratación de personas en las ONG y en la Ciudad Autónoma para reforzar los servicios sociales y, de este modo, evitar que la atención de las personas inmigrantes disminuya la atención normal a los ciudadanos españoles.

Escobar subrayó la importancia de esta medida, que facilitará la integración de los inmigrantes regulares en Melilla con un mejor conocimiento de la realidad social de Melilla, lo que a su vez mejora la cohesión social “como base para nuestro desarrollo futuro”.

Según el delegado del Gobierno, esta medida permite un “triple beneficio” en la atención social que reciben los extranjeros, la cohesión social de la ciudad y el impacto positivo en el mercado laboral, lo que es un “ejemplo” de que las políticas sociales pueden suponer una mejora en el ámbito económico.

El Presidente de Melilla intenta buscar una salida a la huelga de FCC

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda y el máximo responsable del sindicato CSI-CSIF en la ciudad, José Silvestre mantienen un encuentro en el que se solicitará al jefe del Ejecutivo melillense que medie en el conflicto laboral de FCC, para evitar la huelga convocada para el día 28. Además, Silvestre espera concretar la fecha para celebrar una reunión con todos los sindicatos para abordar las posibles soluciones.

El lugar elegido es el Palacio de la Asamblea para el encuentro entre el mandatario melillense y el presidente regional de CSI-CSIF. Una breve reunión que se espera que sirva para que la empresa adjudicataria del servicio de la limpieza viaria y la recogida de residuos se quiera volver a sentar en una mesa con los representantes de los trabajadores.- Y es que, lo que pretende Silvestre con esta reunión es que la Ciudad se convierta en un mediador ante FCC, para que la empresa vuelva a negociar el nuevo convenio colectivo.

En este sentido, el máximo responsable de CSI-CSIF en la ciudad quiere dejar claro no se trata de que el Gobierno participe en la negociación con la empresa, pero, precisamente por ser un servicio municipal, debería "tomar cartas en el asunto".

De hecho, desde la oposición ya se le ha solicitado esto mismo, cuando tras finalizar el último Pleno Extraordinario, el portavoz del Grupo Socialista, Dionisio Muñoz, instó al Ejecutivo local a que tomara la iniciativa para evitar una huelga que comenzaría a dos días de la celebración de la Feria del Mar.

Negociación con todos
Otras de las cuestiones que el presidente de CSI-CSIF quiere dejar claro es que con este encuentro su sindicato no pretende monopolizar las actuaciones para buscar una solución a este conflicto laboral.
"No es una negociación unilateral", insiste Silvestre, quien aclara que precisamente para que ello no ocurra es por lo cual quiere que Imbroda tenga una reunión con los representantes de todos los sindicatos.

Melilla, a la cabeza del país en el desempleo de personas discapacitadas

Melilla tiene las tasas de desempleo entre las personas con discapacidad más altas de todo el país, una realidad que obliga a que se pongan en marcha y se desarrollen auténticas políticas de inserción laboral entre este colectivo para que, de este modo, puedan acceder también a una vivienda. El director de la ONCE de Melilla, Juan Carlos Rubio, recordó que «sin empleo real no se puede lograr la inserción social», de ahí que pida que los empresarios decidan apostar por medidas de discriminación positivas «para que los índices entre las personas que no tienen problemas se equiparen con los que sí los tienen».
 
Recordó Rubio que en la Fundación ONCE existen varios programas relacionados con el empleo, con la formación y con la accesibilidad. Con respecto a la primera cuestión, explicó que se trata de una intermediación laboral de la que se encarga una empresa «y que tiene unos objetivos muy específicos para 2008». En lo que respecta a Melilla, el reto es lograr que 25 personas participen en el mercado de trabajo «ordinario», esto es, que no formen parte tan sólo de los Planes de Empleo. «En 2007 se logró ese fin y este año se espera conseguirlo de nuevo. No hay que olvidar que, en una empresa normal, el empleo es muy importante porque, además, el empresario ve a una persona con discapacidad trabajando con absoluta normalidad y, evidentemente, los empresarios hablan entre ellos», reflexionó.

En una entrevista emitida en COPE, insistió Juan Carlos Rubio en la contratación de discapacitados en empresas privadas, «que tienen unos objetivos y, si contratan a personas con una minusvalía, les puntúa». Así, aboga por suscribir contratos indefinidos «y si son mujeres, mucho mejor». «Existe una doble discriminación por género y por discapacidad, pero también es importante optar por personas con movilidad reducida o con una discapacidad intelectual porque tienen más problemas para acceder al empleo», apuntó.

Acceso a la vivienda

De hecho, tanto el empleo como la vivienda son los «grandes» caballos de batalla para las personas con discapacidad. «El acceso a la vivienda depende de un trabajo y todos sabemos que, en Melilla, el problema del paro es uno de los más grandes», subrayó Rubio, quien avanzó que el Comité de Entidades Representantes de Minusválidos (Cermi) ha pedido al Gobierno central elevar al seis por ciento la reserva de viviendas para los discapacitados para dar respuesta a la creciente demanda que se registra, un porcentaje que sería un mínimo legal para todo el Estado, aunque de las comunidades y ciudades autónomas dependería aumentar el índice.

Por otra parte, y a la espera de que a finales de mes o principios de julio se convoque la Comisión de Accesibilidad «tal y como se comprometió el consejero Rafael Marín», el director de la ONCE de Melilla lamentó que en la ciudad no existan más semáforos acústicos. «Nos jugamos el tipo al cruzar la carretera y, sinceramente, creo que eso no es de recibo», incidió. Tanto es así que en diciembre del pasado año se presentó un listado de nuevos semáforos «y seguimos a la espera», y un estudio de necesidades elaborado en base a los barrios en los que viven los afiliados.
 
En principio, «como mínimo», subrayó Juan Carlos Rubio, harían falta en Melilla en torno a doce pares más de semáforos acústicos que se instalarían en cruces muy complejos de la ciudad, tales como en las calles General Polavieja y Donantes de Sangre o en el barrio del Real.

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La Sociedad de Estiba del Puerto de Melilla desmiente el incumplimiento de las normas de seguridad denunciadas por CC.OO.

Después de que el sindicato CC.OO. denunciara un presunto incumplimiento de las normas de seguridad en el Puerto de Melilla, la Sociedad de Estiba (SESTIMESA) ha salido al paso para asegurar que se trata de unas acusaciones “del todo inciertas”, así como para dejar claro que la sociedad cumple “de forma escrupulosa” con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “incluso ofreciendo protecciones muy superiores a las ahí establecidas por tratarse de una Ley de mínimos”.

Para SESTIMESA es principal la preocupación por la protección y seguridad del trabajador portuario, “de hecho actualmente estamos en proceso de obtención del Certificado OSHAS 1801:2007 de Gestión de la Prevención, que establece unos niveles muy superiores a los recogidos en la Ley de Prevención como muy bien sabe o debiera saber ese Sindicato”, ha asegurado.

La sociedad ha destacado también el hecho de que hasta el momento no se haya recibido reclamación alguna por parte del delegado de Prevención, ni por el sindicato CC.OO., “que por cierto carece de representación en esta empresa”, ni por ningún trabajador” La única reclamación recibida fue, ha asegurado, hace seis meses y estaba relacionada con unos problemas de iluminación que se solventaron “de la forma más adecuada”.

SESTIMESA, así mismo, ha asegurado que su política es la de escuchar y atender las reivindicaciones de los trabajadores a fin de mejorar todo aquello que sea posible no solo en temas de prevención y seguridad, sino en todo lo que suponga una mejor calidad de vida para el propio trabajador. Es por ello por lo que ha asegurado que es “totalmente incierto y descabellado” que no se haga entrega de los Equipos de Protección Individual (EPI’s) necesarios a los trabajadores, “pues esta Sociedad dispone de suficientes EPI’s para todos los trabajadores y en consonancia al trabajo que se realiza, cumpliendo con el marcado CE y siendo revisados de forma periódica y sustituidos en caso de deterioro”.

Sobre los contenedores con “material nocivo para la salud”, la sociedad ha asegurado que no existe manipulación manual de cargas peligrosas según recoge la Ley, sino que esta siempre viene dispuesta en contenedores estanco “debidamente precintados y respetándose de forma escrupulosa los tiempos de exposición según los materiales”. A pesar de ello, “ni que decir tiene, que caso de ser necesario, se le entrega a los trabajadores mascarillas apropiadas a la tarea que se realice”.

Por todo ello, SESTIMESA considera que la denuncia efectuada por CC.OO. resulta “carente de todo fundamento”, al tiempo que “muestra un profundo desconocimiento en materia de seguridad e higiene en el sector portuario de Melilla”. Y es que la Sociedad de Estiba considera que se trata más de “un intento por hacer una presión pública para alcanzar un objetivo personal de un desempleado sin relación laboral con esta empresa y que nada tiene que ver con la seguridad en el trabajo ni la prevención de riesgos laborales”.

En cualquier caso, tanto la Autoridad Portuaria de Melilla como SESTIMESA dejan claro que cumplen “a rajatabla” la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que “la responsabilidad del asunto al que se refiere Comisiones Obreras, en consecuencia, no es de ninguno de los dos organismos”.

Condenan a la Ciudad de Melilla por vulnerar los derechos fundamentales de una trabajadora

El Juzgado de lo Social Número Uno de Melilla ha dictaminado que la trabajadora, Inés Urdiales, sufrió “vulneración de derechos fundamentales” cuando trabajó para la Ciudad Autónoma de Melilla. La sentencia condena a la Ciudad a restituir a la trabajadora en sus funciones de Coordinadora de Programas de Garantía Social para la Consejería de Educación, puesto que desempeñaba desde 1998.

 

En la sentencia, el juez considera además como “hechos probados” que Inés Urdiales estuvo trabajando para la Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma desde 1998 hasta 1999. Ese año el consejero de Educación, Antonio Miranda, la retira de su puesto por “excedencia forzosa”, según se expone en la sentencia.

La profesora denunció entonces a la Ciudad Autónoma por la vía de lo Contencioso Administrativo y los juzgados le dieron la razón. “Es por eso que comienza una persecución contra esta trabajadora”, denunció Antonio Fernández, secretario de la Sección Sindical del Ayuntamiento de Melilla. “Lo importante de esta sentencia es que reconoce que esta denuncia de Inés Urdiales le provocó represalias por parte de la Ciudad Autónoma”, subrayó Fernández.

Denuncian represalias

La Sección Sindical del Ayuntamiento aseguró que “cada vez se está imponiendo más las represalias y el miedo entre los trabajadores de la Ciudad”. “Existe pánico a levantar una voz en contra” indicó el secretario sindical del Ayuntamiento.

La sentencia recoge además que Inés Urdiales sufrió “acoso laboral que la llevó a padecer una situación psicodepresiva”. “El presidente de la Ciudad no puede seguir manteniendo en su cargo a un consejero que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. Exigimos la cesión del cargo para Antonio Miranda inmediatamente”, inquirió Antonio Fernández.

http://www.20minutos.es/noticia/372485/sentencia/acoso/laboral/

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