La magnitud de los retrasos se distribuye de forma desigual. Cada juzgado afronta sus propios problemas, aunque las fuentes consultadas coinciden en que, a grandes rasgos, la sobrecarga de trabajo es mayor en las grandes ciudades y no tan notable en los partidos judiciales más pequeños, favorecidos tanto por atender normalmente un número más reducido de casos como por la escasa incidencia de la huelga. Así las cosas, mientras los funcionarios de Pola de Lena calculan que en dos o tres semanas habrán superado las consecuencias de la inactividad, en Oviedo los plazos se disparan. El decano de los abogados de la capital, Enrique Valdés, cita a modo de ejemplo un caso de su bufete cuya vista se había señalado para el 6 de febrero, el mismo día que Asturias se incorporó a la huelga nacional. Ahora, el juicio ha quedado fijado el 3 de setiembre, casi siete meses después de la fecha original.
La falta de acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos ha impedido cerrar el plan especial de actuación para recuperar la labor atrasada. Las centrales asturianas han recalcado en los últimos días que la oferta del Gobierno es insuficiente por dejar al margen juzgados que, en su opinión, necesitan esa ayuda extra para ponerse al día. Los funcionarios de las sedes judiciales incluidas en el plan podrán prolongar su jornada semanal hasta dos horas y media, según sus cálculos. Justicia, por su parte, ha diseñado un calendario de recuperación que incluye la apertura de las oficinas tres tardes a la semana.
Incluso sin la firma de ese documento, los trabajadores ya han puesto manos a la obra ‘con entrega total’, según admiten quienes acuden a diario a las salas de justicia por razones profesionales. Pero el esfuerzo no basta. ‘El estado habitual de los juzgados es de sobrecarga. Y si a eso se añaden dos meses de parón el resultado es una acumulación tremenda de papeles sin tramitar. Sólo clasificarlos ya exigirá varias semanas’, señala Cosío. ‘Para que desaparezcan los efectos de la huelga, deberá pasar al menos un año’, añade Valdés.
Los procuradores tienen una impresión similar. Frente a quienes creen posible despejar las mesas de expedientes a tiempo para la apertura del nuevo año judicial en setiembre, Cosío se mantiene escéptico. ‘Esa postura es demasiado optimista. Agosto es un mes inhábil. Y los procuradores no podemos asumir la celebración de juicios por la tarde. ¿A qué hora despacharíamos los asuntos en ese caso?’, se pregunta. Además, indica que cualquier estrategia para agilizar los procesos chocará con el mismo obstáculo: la capacidad material de los jueces para redactar sentencias. ‘Ese es el embudo. Por mucha buena voluntad que le pongan, todos somos humanos y hay un límite a la capacidad de lectura de documentos para tomar decisiones que sólo les competen a ellos’, apunta.
Abogados y procuradores coinciden en que la situación previa de las salas condiciona su capacidad de respuesta. Las que ya debían asumir muchos asuntos, como los juzgados de lo civil de Oviedo, se encuentran desbordadas, mientras que los más desahogados, como Castropol o Luarca, se manejan mejor. ‘No hay que olvidar que los funcionarios, además de dar curso a los papeles, tienen esta temporada el trabajo añadido de atender a los ciudadanos que preguntan por el estado de sus asuntos. Eso también les lleva su tiempo’, indica Cosío.
Según un informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la semana siguiente al final de la huelga el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y la Audiencia Provincial acumulaban 677 sentencias pendientes de redacción. La parálisis obligó a suspender juicios ya señalados cuyo encaje en el apretado calendario de las salas resulta muy complicado. ‘Es mucho, pero no me extraña esperar siete meses por el juicio’, admite Valdés.