El sindicato CC.OO de Andalucía anunció ayer que pedirá a la Fiscalía Superior de Andalucía (FSA) que emprenda acciones judiciales contra las Clínicas Pascual, en respuesta al conflicto que mantiene la dirección de la empresa con la vestimenta de sus trabajadoras en la Clínica San Rafael de Cádiz.

   Fuentes del citado sindicato consultadas por Europa Press precisaron que la decisión de elevar este asunto a la Fiscalía Superior de Andalucía se ha tomado "esta misma mañana", toda vez que advirtieron de que no descartan llevar a cabo un calendario de movilizaciones "a nivel andaluz".

   En concreto, las citadas fuentes enclavaron la posibilidad de llevar a cabo este calendario de protesta en función de los compromisos que estén dispuestos a asumir los responsables de las consejerías de Salud, Igualdad y Bienestar Social y Empleo, en las próximas reuniones que este sindicato anunció también que pedirá con los mencionados departamentos.

   Igualmente, anunciaron que pedirán reuniones con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), para que tomen cartas también en este asunto.

   De hecho, este sindicato reclamó al Gobierno andaluz su intervención "urgente", al objeto de "garantizar el derecho" de las trabajadoras de Clínicas Pascual a "no sufrir discriminación por razón de sexo ante las represalias adoptadas por la empresa".

   En este sentido, CC.OO lamentó en un comunicado que este conflicto ya ha derivado incluso en el traslado forzoso de una de sus trabajadoras, así como "a propuestas de despido de varias de sus empleadas, entre las que se encuentra la presidenta del comité de empresa" de la Clínica San Rafael, Adela Sastre.

   Agregó que estas actuaciones de la empresa se producen a pesar de que la Inspección de Trabajo de Cádiz dictaminase "que la obligación impuesta a sus trabajadoras de utilizar un uniforme con falda y cofia en lugar del pijama –sanitario– que utilizan los varones, es constitutiva de discriminación por razón de sexo y, por tanto, contraria a la ley".

   En este sentido, el secretario general de CC.OO.-A, Francisco Carbonero, calificó en una nota de "inaceptable" que "se toleren estos comportamientos en una empresa que está financiada con dinero público mediante un concierto con la Consejería de Salud".

   Al hilo de ello, criticó el hecho de que "un Gobierno que hace de la igualdad una de sus banderas y prioridades no haya actuado ya y esté permitiendo el continuo acoso y represalias que sufren las delegadas de CC.OO por defender su derecho a la igualdad de trato, recogido tanto en la Constitución, como en la Ley de Igualdad y en toda la legislación tanto europea como internacional".