CONTRA LA DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA: La Directiva de Retorno y las políticas europeas de inmigración
Escrito por tiadoc el Sábado, 14 de Junio del 2008 a las 12:46 pm, 435 lecturas
Presentación de los actos de rechazo en Sevilla organizados por APDHA y REDI
En estas últimas semanas está habiendo mucho debate sobre las políticas europeas de inmigración, y no es para menos. Para empezar, en Italia, el nuevo Gobierno de Silvio Berlusconi ha dado prioridad a la lucha contra la inmigración como medida por la seguridad ciudadana, identificando ambas cosas y, a pesar de sus contradictorias declaraciones posteriores, ahora queda en manos del Parlamento la aprobación de esta medida que defiende la Liga Norte, el partido del ministro de Interior, Roberto Maroni, quien ha ultimado un paquete de medidas que consisten, básicamente, en convertir la inmigración clandestina en delito penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel.
En Francia, supuestamente tierra de asilo y cuna de los Derechos Humanos, la cuestión de la inmigración lleva años en el centro de la vida política francesa y en el 2007, N. Sarkozy se hizo elegir Presidente creando un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional, el Co-desarrollo y la Integración, voceando la puesta en práctica de una política de inmigración elegida y no sufrida, adoptando las tesis y maneras del ultraderechista Frente Nacional, lo que ha supuesto fijar cuotas de expulsión de inmigrantes (25.000 en 2007 y 26.000 en 2008), negándose a la regularización de los mismos y violando constantemente los derechos fundamentales de las personas migrantes? indeseables?.
Alemania, por su parte, cuenta con una de las normativas más estrictas al respecto dentro de la UE, ya que la Ley permite retener a un extranjero bajo arresto preventivo durante seis semanas y un arresto cautelar de seis meses que puede prolongarse otros doce más, de forma que un inmigrante irregular puede pasarse hasta 18 meses encerrado en espera de expulsión. Y tanto el arresto preventivo como el cautelar pueden aplicarse a menores de edad.
En el Reino Unido, donde la retención de los extranjeros indocumentados es ilimitada, la cosa está igualmente cada vez peor. El Gobierno británico lleva años endureciendo su política contra los inmigrantes y no ha dejado de legislar para reducir su entrada, que ahora es muy difícil para los de fuera de la UE. Además, el actual primer ministro Gordon Brown ha anunciado que los inmigrantes sólo tendrán pleno derecho a ayudas sociales al adoptar la ciudadanía británica, lo que exige al menos dos años de residencia a los familiares de un británico y cinco años a los demás.
¿Y en España?. Aquí tampoco se quiere hablar ya de la regularización de nuestros inmigrantes que están trabajando sin autorización oficial, el Gobierne prefiere mantenerles en la economía sumergida y, al igual que en esos otros países de la UE, el ministro de Inmigración y Trabajo, Sr. Corbacho, promete mano dura y combatir la inmigración ilegal, a la vez que Rubalcaba propone aumentar el periodo de detención de los inmigrantes irregulares, la construcción de más Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), un incremento exponencial de las expulsiones y una mayor militarización de las fronteras.
Consecuencias de esas políticas de cierre de fronteras que ha convertido al llamado Viejo Continente en la actual Europa Fortaleza, son las peores condiciones del proceso migratorio de los inmigrantes, con miles de muertes, sobreexplotación laboral y la existencia en la UE de más de 160 Centros de Internamiento, en los que más de 25.000 inmigrantes sin papeles viven en peores condiciones de vida que en las cárceles, según un reciente estudio del propio Parlamento Europeo.
Centros de Internamiento que algunas Redes Europeas, como Migreurop, y españolas, como REDI y la propia APDHA, venimos denunciando, no solo por sus condiciones infrahumanas, sino por ser incompatibles con el Estado de Derecho, ya que en ellos, personas que no han cometido delito alguno sino sólo una falta administrativa (la de carecer de documentos en regla), se encuentran ?retenidos? (figura inexistente en el ordenamiento legal) hasta cuarenta días, antes de proceder a su repatriación. Razones por las que en Andalucía, la lucha popular está en trance de conseguir el cierre del CIE de Málaga y lo mismo se reclama para el de Algeciras.
Un nuevo instrumento de dichas políticas viene a ser, por tanto, la Directiva Europea del Retorno de Inmigrantes en situación administrativa irregular, conocida ya también como la Directiva de la Vergüenza, destinada a conseguir el objetivo de establecer una política común, de encierro y expulsión, en los 27 estados miembros de la UE. Está prevista su aprobación definitiva para el próximo 17 de junio, con la cual se posibilitará la ampliación hasta año y medio del límite temporal de esas ?retenciones?, extendiéndolas a personas vulnerables (menores de edad, acompañados o no, enfermos graves, mujeres embarazadas, etc.), y la prohibición de regreso al territorio europeo durante cinco años, lo que constituye una verdadera criminalización y exclusión del migrante y potencial solicitante de asilo.
Si la aprobación se produce, volverán, pues, en todo el territorio de la UE, los campos de concentración, ahora para almacenar a todos aquellos inmigrantes que los estados europeos se nieguen a regularizar. Campos de concentración donde miles de hombres, mujeres y niños, sin haber cometido delito alguno, van a ser presionados psicológicamente para que colaboren en su propia expulsión, tal como ha manifestado el portavoz del PP Europeo, Manfred Webber.
Esta ignominia, perpetrada por quienes siguen hablando de Europa como bastión de las libertades y de la democracia, es considerada imprescindible para defender la fortaleza europea de lo que denominan avalancha exterior y para prevenir el avance de la ultraderecha, aunque sea por el procedimiento de hacerla innecesaria asumiendo sus postulados más duros. Está siendo asumida como política común por países, tanto con gobiernos de derecha como con gobiernos autodenominados de izquierda y, entre nosotros, parece que va a constituir parte esencial de las políticas de estado en que van a converger PSOE y PP.
Todo este retroceso y anulación de derechos se produce coincidiendo con la crisis alimentaria que asola a decenas de países africanos, asiáticos y latinoamericanos, debida a la espectacular alza de precios de los productos básicos de la que son principales responsables, la destrucción de las economías locales por la invasión de productos subvencionados por los países del Norte y la dedicación de buena parte de esos alimentos, como soja, maíz y otros, a fabricar biocombustibles que son más baratos que el petróleo, y a la especulación de grandes poderes económicos con capacidad de imponer su ley en el mercado. Si, como ha declarado el propio Presidente del banco Mundial, los altos precios van a mantenerse al menos hasta el 2015, no es aventurado prever una acentuación de las hambrunas y, como consecuencia, de las migraciones por razones de supervivencia. Pero, como muchos de esos migrantes forzados ?no nos hacen falta?, sobre todo en época de desaceleración económica, Europa se prepara para impedir su entrada y para expulsar sin contemplaciones a quienes logren superar la creciente militarización de sus fronteras.
Llamamiento a los parlamentarios europeos
El 18 de junio 2008, un proyecto de Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas extranjeras será presentado al Parlamento Europeo.
A partir de 1990, la política europea llevada a cabo por los distintos Gobiernos en materia de inmigración y de asilo ha conducido a una reducción continua de las garantías y protecciones fundamentales de las personas. Europa se transforma en una fortaleza atrancada e implanta medios desproporcionados para impedir el acceso a su territorio y expulsar a los extranjeros sin papeles.
El proyecto de Directiva de Retorno, si se lleva a cabo, constituiría una nueva regresión.
Al prever una detención que puede alcanzar hasta 18 meses para personas cuyo único delito es querer vivir en Europa, este proyecto implica en si mismo una lógica inhumana : la generalización de una política de encierro de los extranjeros que podría así convertirse en el modo normal de gestión de las poblaciones migrantes.
Al establecer una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas, este proyecto de Directiva estigmatiza a las personas sin papeles y los transforma en delincuentes que deben ser excluidos.
Por primera vez en este ámbito, este proyecto de Directiva será gestionado con un procedimiento de co-decisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. El Parlamento tiene por fin la posibilidad de poner término a esta política regresiva que va contra los valores humanistas que constituyen la base y la fuerza del proyecto europeo.
Los parlamentarios europeos tienen hoy una responsabilidad histórica: reaccionar para impedir que Europa caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e indeseables, a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado.
Solicitamos a los parlamentarios europeos para que asuman sus responsabilidades y rechacen este proyecto.
Organizaciones promotoras
European organizations
Migreurop
AEDH - Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme
Belgium
CIRE - Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers
LDH - Ligue des Droits de l’Homme France
Anafé - Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers
ATMF - Association des Travailleurs Maghrébins de France
Cimade - Service oecuménique d’entraide
Gisti - Groupe d’information et de soutien des immigrés
IPAM - Initiatives Pour un Autre Monde
Germany
Pro Asyl
Italy
ARCI - Associazione Ricreativa e Culturale Italiana
Netherlands
Kerk in Actie
Spain
APDHA - Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía
United Kingdom
NCADC - National Coalition of Anti-Deportation Campaigns
Statewatch
Apoya con tu firma: Directivadelaverguenza.org
Carta enviada a todos los europarlamentarios españoles por CEAR, APDHA y Acoge
Estimado Sr…
Diputado en el Parlamento Europeo
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la RED ACOGE, quisiéramos plantearle que reflexione sobre su posición en cuanto al voto definitivo de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación administrativa irregular en su territorio. Votación que tendrá lugar en el Parlamento Europeo el próximo 17 de junio, después de que la misma haya sido aprobada por la Comisión el pasado 22 de mayo.
Como bien sabe, nuestras organizaciones mantienen una postura muy crítica hacia la política europea impulsada por los gobiernos de los Estados miembros en materia de inmigración y de asilo, que se ha traducido en los últimos diez años en un paulatino recorte de las garantías y derechos fundamentales de las personas.
Creemos que el proyecto de Directiva de Retorno constituye una nueva vuelta de tuerca en esas políticas hiper-restrictivas y un paso más en el debilitamiento y la ?anulación? de las garantías democráticas y de los derechos humanos.
Considere, por ejemplo, que en el texto aprobado por los 27 se propone:
- Una privación de libertad de los extranjeros que en determinados casos (no ?cooperación? de la persona que se quiere expulsar, dificultades con el país de origen,?) puede alcanzar incluso los dieciocho meses. Y ello, exclusivamente, por lo que todavía hoy se considera tan sólo una falta administrativa. La base del Estado de Derecho es que una persona sólo puede estar detenida o encarcelada por decisión judicial en caso de delito. Así lo establece el artículo 17 de nuestra Constitución y, sin embargo, ello se obvia en la presente Directiva.
- La detención y expulsión puede alcanzar a personas en situación de especial vulnerabilidad (mujeres embarazadas, personas mayores, víctimas de tortura o de violencia?). En este caso, estaríamos ante una clara violación de lo establecido en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la doctrina que sentó el Tribunal de Estrasburgo en la sentencia Söering. La Directiva recoge, incluso, la posibilidad de expulsar a menores estén o no acompañados. La última versión del texto que se somete a votación permite la detención y expulsión de menores no acompañados hacia países terceros (distintos del de su origen) donde no tienen ni familia ni tutor legal; es evidente que ello supone un flagrante desprecio del principio de respeto y prevalencia del interés superior del menor previsto en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
- Se generaliza la prohibición de acceso al territorio de la UE durante cinco años para las personas expulsadas, lo que supone el destierro, la exclusión y la criminalización de estas personas.
- Se generaliza también la devolución de los extranjeros hacia los países por los cuales no hicieron sino transitar, sin que tengan vínculo alguno con los mismos.
- Se reducen de forma drástica las posibilidades de salida voluntaria: el plazo para un retorno voluntario se reduce a siete días.
- Tampoco nos queda del todo claro que se haya establecido la obligatoriedad de proporcionar asistencia jurídica gratuita a los detenidos, lo cual sería verdaderamente un vuelco en derechos fundamentales básicos y una evidente violación del artículo 17.3 de nuestra Constitución.
En el contexto de políticas como las que ha puesto en marcha el nuevo gobierno Berlusconi respecto a los inmigrantes, creemos que de aprobarse este proyecto que significa poner en cuestión los derechos humanos, asistiríamos a una regresión de alcance incalculable del marco jurídico de la UE y de los valores que están en teoría en la base de la construcción europea.
Al objeto de comentar personalmente y con detalle estas consideraciones, por la presente SOLICITAMOS MANTENER UN ENCUENTRO CON USTED, en el lugar que usted indique según su agenda (siendo indiferente que sea en España o en las propias Instituciones Europeas) antes de que el proyecto de Directiva Retorno se someta a debate y votación los próximos 16 y 17 de junio en Estrasburgo.
En caso de que no le fuera posible concertar este encuentro con nuestras Organizaciones, representantes de un amplio sector de ciudadanas y ciudadanos europeos, le solicitamos respetuosamente SU VOTO NEGATIVO a la ratificación del proyecto de Directiva Retorno cuando se someta a votación el próximo 17 de junio en Estrasburgo, con el fin de cumplir con su compromiso con una Unión Europea realmente democrática, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
4 de junio de 2008.
Ester Muñoz Muñoz
Coordinadora General de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Ignacio Díaz de Aguilar Cantero
Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Antonio Alfonso Sánchez Barber
Presidente de RED ACOGE
Fuente: Apdha.org
Categoria: ABC-Interculturalidad, ABC-Sociedad, ABC - Actualidad
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