Cobaya en África, humano en Europa – 7.4.2008

Escrito el Lunes, 7 de Abril del 2008 a las 15:07, 623 lecturas--

Algunas investigaciones de fármacos se hacen en países pobres con menores medidas de seguridad – Los países ricos crean registros que evitan que un voluntario se exponga demasiado

La salud se valora cuando se esfuma y los medicamentos cuando no se tienen. Pero los fármacos no siempre estuvieron ahí, al alcance de los enfermos. Antes de la penicilina (1928), la neumonía mataba en pocos días. Hasta hace un siglo apenas había productos eficaces para curar o aliviar patologías. La relación entre infección y muerte fue estrecha hasta que la revolución de los medicamentos hizo el milagro.

Y detrás de los milagros casi siempre hay una complejísima tramoya. Un laboratorio ha debido invertir millones en investigar su eficacia y su seguridad antes de sacarlo al mercado, algo que en España consume entre 10 y 12 años. Y muchas personas, enfermas o sanas, han prestado su propio organismo para experimentar los efectos del fármaco cuando aún es una incógnita y un riesgo. Sin voluntarios que se expongan nadie se beneficiaría de la revolución de las medicinas.

¿Por qué alguien presta algo tan único, como su cuerpo, para un experimento? En la mayoría de las ocasiones por conciencia de enfermo: el 86% de los participantes en ensayos en 2007 en España lo eran. “Las razones son simples. Una vez que has asumido que tienes una enfermedad sabes que alguien tiene que dar la cara por otra gente”. Con una hepatitis C diagnosticada desde hace dos años y medio, J. L. R., de 52 años, se ofrece para ensayar una vacuna que pueda evitar en el futuro que otros contraigan la enfermedad desde la base de datos abierta en Internet por la empresa Volterys, creada en Bélgica en 2006 para poner en contacto investigadores y voluntarios. En España apenas ha arrancado, pero Laurent Hermoye, su fundador, asegura que cuentan con 20.000 voluntarios en Bélgica, Alemania y Francia y que una treintena de proyectos han reclutado personas en su web.

La generosidad no es el único motor. “El principal motivo por el que los sujetos sanos participan en los ensayos clínicos es la compensación económica, aunque existen otros como el interés científico, la curiosidad, la búsqueda de nuevas experiencias, el altruismo o para ayudar al equipo investigador”, sostiene Francisco Abad, del servicio de Farmacología Clínica del hospital universitario de la Princesa, en Madrid. Abad defiende una aportación económica tasada con sutileza: suficiente para compensar las molestias sin inducir al voluntario a participar en contra de su propio interés. “En España son compensaciones apropiadas, conozco bastantes personas que les gustaría participar en ensayos pero no lo hacen cuando es necesario hacer varias extracciones de sangre. Si el pago fuese excesivo, participarían incluso aquellos sujetos a los que no les gusta que les pinchen”.

¿Cuánto es apropiado sin ser excesivo? A los investigadores les desagrada referirse al dinero, como si ensuciase de algún modo el meritorio afán de la ciencia. Pero sirva como referente el dato aportado por Juan Ramón Castillo, responsable de la unidad de ensayos clínicos del hospital Virgen del Rocío, en Sevilla: una persona sana que participe en una prueba que le obligue a ingresar dos días puede percibir entre 300 y 400 euros. A partir de ahí, según las molestias y la duración del proyecto, se incrementa la cantidad.

Algunos países europeos han tomado medidas para evitar la profesionalización del voluntario, pero en España es un riesgo mínimo en opinión de la directora de la Agencia Española del Medicamento, Cristina Avendaño: “Nuestras unidades han surgido al amparo de hospitales universitarios y facultades de medicina, eso hace que los voluntarios acostumbren a ser estudiantes o de su entorno”.

En España hay 19 unidades para realizar ensayos clínicos en fase I, los únicos en los que participan personas sanas y que son la primera prueba en humanos del fármaco. Casi todas están ligadas a instituciones. Una singularidad. “Hace que primen otros aspectos sobre el económico”, precisa Juan Ramón Castillo, que dirige desde 2005 una de las unidades más jóvenes de la red española. Captan a sus voluntarios con anuncios en las facultades con más perfil científico (Medicina, Biología, Farmacia) para nutrir un banco de candidatos al que recurrir cuando se necesita para alguna prueba.

Cataluña, que participa en cerca del 70% de los ensayos clínicos autorizados en España (datos de 2006), ha puesto en marcha un registro de voluntarios sanos para evitar que se sometan de forma reiterada a experimentos, algo que puede dañar su propia salud y también la investigación por la interacción entre distintos productos. Hasta mediados de marzo se habían registrado 162. Gracias a este inventario se han apeado de investigaciones tres personas que no habían respetado el trimestre de descanso exigido entre un ensayo y otro.

Experimentar en personas sanas, como ocurre en la primera fase de los ensayos, es imprescindible para demostrar la seguridad del compuesto y establecer la dosis máxima que tolera un organismo humano. Las pruebas previas obtenidas en animales son una referencia, pero no son extrapolables a los humanos. En España, la reciente legislación de 2004 que se adapta a una directiva de la Unión Europea, da garantías “más que suficientes para proteger a los voluntarios tanto desde el punto de vista ético como de seguridad”, sostiene Cristina Avendaño. “Nuestros requisitos para autorizar son de los más elevados”, agrega.

Los ensayos pasan exámenes éticos y técnicos antes de recibir luz verde. La primera criba la realiza el propio comité ético del hospital. La Agencia Española del Medicamento da la autorización definitiva para que arranque la investigación. “La piedra angular del marco legal sobre ensayos clínicos es que los principios, la seguridad y el bienestar de los voluntarios deben prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad”, esgrime un portavoz de la Agencia Europea de Evaluación del Medicamento (EMEA). La supervisión ética es ahora vital.

Lo es desde 1947, cuando surgió el Código de Nuremberg, el primer protocolo que fijó normas éticas para investigar en personas en respuesta a las aberraciones cometidas durante la II Guerra Mundial por los científicos alemanes. Esta malla garantista se reforzó con la Declaración de Helsinki (1964), que establece la creación de organismos de control, y con el informe Belmont (1978), que fijó tres principios básicos: el respeto a las personas, la beneficencia y no maleficencia (no dañar a unos para beneficiar a otros) y la justicia para que los avances de la investigación ayuden a todos los grupos sociales.

De haberse ajustado a estas directrices jamás se habría cometido algunos horrores en nombre del progreso: en los años cuarenta en Alabama (Estados Unidos) fueron reclutados 600 enfermos de sífilis de raza negra para estudiar la evolución de la enfermedad, se les controlaba de forma regular sin suministrarles tratamiento alguno (ya se había descubierto la penicilina) y, al fallecer, se les realizó la autopsia.

La Unión Europea parece blindada legalmente, aunque no exenta de accidentes y fallos. En Holanda, fallecieron 24 enfermos de pancreatitis aguda que participaban en un ensayo. En Londres, seis voluntarios sanos estuvieron entre la vida y la muerte al probar un fármaco biológico en el centro de ensayos de la compañía Parexel en 2006. Este último caso avivó las críticas y motivó que la Agencia Europea de Evaluación del Medicamento difundiese propuestas para reforzar la seguridad cuando se ensayen productos biológicos.

Pero, ¿están igual de protegidos el bienestar, la seguridad y los derechos de los voluntarios de países pobres? De ser ciertas las acusaciones del Gobierno de Nigeria contra la multinacional Pzifer, se diría que no. Las autoridades federales nigerianas reclaman a la compañía 7.000 millones de dólares (4.486 millones de euros) para indemnizar a las víctimas de un ensayo realizado en 1996 durante una epidemia de meningitis. Según el Gobierno, se experimentó en 200 niños enfermos el antibiótico Trovan (trovafloxacino) sin contar con el consentimiento informado de las familias. Once menores murieron y muchos otros sufrieron malformaciones, parálisis cerebral, sordera y ceguera. Pzifer siempre defendió que había actuado con profesionalidad y ética, pero será la Corte Suprema Federal de Nigeria la que dictaminará en junio sobre este caso.

El Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales, creado en Holanda para investigar las consecuencias de la internacionalización empresarial en países en vías de desarrollo desde 1973, asegura que los ensayos no éticos se dan tanto en países desarrollados como empobrecidos y son protagonizados tanto por empresas locales como grandes corporaciones. “Esto sorprende dado que la mayoría de las multinacionales tienen claros compromisos públicos con altos niveles éticos en los ensayos clínicos”, recoge un informe.

Públicamente es así. Tanto la industria como los organismos que controlan la salida al mercado de medicamentos y muchos investigadores defienden la ética como un principio asentado en las investigaciones. “Maliciosamente a veces se acusa a la industria de que es más barato hacer un ensayo en Kenia que en España, igual que es más barato comprar zapatos en Kenia que en España o abrir una fábrica. Y no sé qué de malo tiene si los niveles de buen trato, calidad y buenas prácticas son iguales en Kenya que en España”, sostiene Julián Zabala, director de Comunicación de Farmaindustria. “Creo que la industria no está interesada en hacer estudios de investigación en los países donde no se respetan las normas de buena práctica clínica, porque entonces los resultados no van a ser válidos y no le van a servir para nada”, opina Francisco Abad.

Si una compañía ensaya en África un producto que desea comercializar en Europa, el proceso será supervisado bajo la lupa comunitaria como si se hubiera desarrollado en un país de la UE. Pero, hoy en día, no existe un marco internacional que imponga una ética en los ensayos en todo el mundo. Existen legislaciones nacionales de laxitud variable y facilidades que abaratan costes. La industria española, por ejemplo, está convirtiendo a Hungría y Polonia en dos de sus laboratorios predilectos. “El pastel mundial de I+D es el que es. Y los sitios en los que se puede investigar son muchos. Las compañías van a ir donde se sientan mejor tratadas, tengan calidad para investigar y costes más baratos”, expone Zabala.

Investigar es caro y lento. Por cada molécula que llega a una farmacia se han desechado 10.000. La selección ha durado unos 11 años, cinco de ellos dedicados a estudiar los efectos en humanos. Poner un fármaco a la venta cuesta de media unos 570 millones de euros, “más costoso que poner el último Mercedes”, compara Zabala. De ahí que la industria busque dar en una diana que sea a la vez terapéutica y comercial. Los laboratorios marcan la investigación en medicamentos: promovieron el 85% de los ensayos realizados en 2007 en España. A ello dedicaron el año pasado 792 millones de euros, según Farmaindustria, que aglutina a 220 compañías y laboratorios.

Sólo un raquítico 15% de los ensayos fue impulsado por sociedades científicas e instituciones, aunque el Instituto de Salud Carlos III ha abierto por vez primera una convocatoria para financiar investigación independiente, vitales para encontrar tratamientos de poco interés comercial porque afectan a un grupo reducido de población como son las enfermedades raras.

Sin financiación externa, los investigadores independientes están maniatados y reciben mucha farfolla. Luis Paz-Ares, jefe de Oncología del hospital Virgen del Rocío, rechaza el 70% de las investigaciones que le proponen: “El ensayo a veces no analiza novedades terapéuticas sino analogías con más interés comercial”.

-Un ejemplo.

-El típico estudio que tiene poco interés es el de Coca-Cola versus Pepsi-Cola.

TEREIXA CONSTENLA
El Pais



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