Los institutos financieros saben que pueden hacer lo que les venga en gana y que, llegado el caso, recibirán dineros públicos. Pero nadie salvará a los asalariados de verse en la calle.

Extraña jornada, la registrada ayer en las bolsas: subían con fuerza, mientras los datos de la economía real confirmaban y aun agravaban la tendencia a la recesión. En EEUU se prevé que la cifra de receptores de cupones de alimentos llegará este año a los 28 millones. Una nación de demediada grandeza. Eran 23,9 millones en 2004, y 17,3 millones en 2001.

El mes pasado, las ventas en EEUU de las empresas automovilísticas Ford, General Motors y Toyota cayeron, respectivamente, un 14%, un 13% y un 10%. Las negativas expectativas se reflejan en las fluctuaciones a la baja de los precios del crudo y del oro. Datos negativos vienen también de los mercados financieros, y, por lo demás, harto graves. La transnacional bancaria suiza UBS ha hecho oficiales pérdidas de capital del orden de los 18 mil millones de dólares (11,4 mil millones de euros), doblando así las contabilizadas hasta ahora. Las nuevas pérdidas traen su origen en la crisis de las hipotecas subprime, como ya sucediera con la Deutsche Bank, que anuncia “desvalorizaciones cercanas a los 2,5 mil millones de euros vinculadas a inversiones en el mercado inmobiliario comercial y en las titularizaciones hipotecarias”. En ese contexto, la noticia del minúsculo incremento –del 48,3 al 48,6— en el índice ISM (producción industrial) de Chicago no puede justificar tanta euforia. Hay que añadir, además, el dato de que el mes de marzo ha visto el desplome de varios fondos hedge, con el peor registro desde 1998, cuando se deshizo el fondo Long Term Capital Management.

La recuperación de los mercados financieros ha de imputarse, así pues, por completo al papel del Estado y de los poderes públicos, los cuales están dando luz verde institucionalizada al “azar moral”. La tendencia se veía venir desde la aparición de la crisis de las hipotecas subprime, pero ahora está en curso de ser institucionalizada. Las sociedades financieras cuentan con la posibilidad de que el grueso de las pérdidas haya salido ya a la luz, razón también por la cual el anuncio del nuevo agujero de la UBS se interpreta como indicio de transparencia. Con todo, la verdadera esperanza de esas sociedades radica en las decisiones públicas de financiar las pérdidas privadas. En ese sentido, tuvo lugar el viernes pasado en Roma una reunión de gran importancia presidida por Mario Draghi. Se trata del Financial Stability Forum, un organismo concebido para la coordinación de las medidas tomadas por los gobiernos frente a la volatilidad global de los mercados. Sobre el tapete andaban medidas tan radicales como la suspensión de los requisitos de cuotas de capital previstos por los acuerdos de Basilea 2, la recapitalización de los bancos privados con los dineros de los contribuyentes –es decir, del Estado— o la compra de unas totalmente desvalorizadas obligaciones de deuda colateralizada.

Las autoridades –anuncia el Financial Times—podrían organizar consorcios de inversión privada para comprar las actividades de los bancos en hipotecas inmobiliarias, posiblemente a través de una co-inversión estatal; o bien mediante adquisición directa por parte de los gobiernos. Una operación que monta tanto como la “descarga” del riesgo sobre los Estados, mientras los privados pueden seguir “arriesgando” impunemente (mientras sus pérdidas puedan seguir cubriéndose con dineros públicos). Es lo que hace unos cuantos días el mismo Sole24Ore –el diario de la organización de la patronal italiana Confindustria— calificaba como “socialismo de ricos, y ya no capitalismo”.

Los institutos financieros saben que pueden hacer lo que les venga en gana y que, llegado el caso, recibirán dineros públicos. Pero nadie salvará a los asalariados de verse en la calle. Se trata de un cambio fundamental en el funcionamiento del sistema capitalista: el problema de la estabilidad no se vincula ya a la producción y –aun en relajada medida— a la ocupación laboral, sino solo a la libertad de las sociedad financieras para conseguir beneficios a riesgo nuestro.

Joseph Halevi es profesor de Economía Política en la Universidad de Sydney y está asociado al Institut de Recherches Economiques sur la Production et le Développement (IREPD) de la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble, France. Es miembro del consejo editorial internacional de Economie Appliquée (Paris) y del consejo editorial de Cahiers d’Economie Politique (Paris). Está vinculado también al centro IREPD (Institut de Recherches Economiques sur la Production et le Développement) de la Universidad de Grenoble perteneciente al CNRS (Centre National pour la Recherce Scientifique) francés. Desde 1990 colabora regularmente con el periódico de la izquierda italiana Il Manifesto en Roma.

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