La Policía Nacional ha detenido a una mujer marroquí de 30 años como responsable de una empresa que ofrecía a inmigrantes supuestas ofertas de trabajo en España, a cambio de ‘elevadas sumas de dinero’ que oscilaban entre 7.000 y 10.000 euros.
Esta operación, contra las redes que facilitan la inmigración clandestina y la explotación de trabajadores extranjeros, comenzó a finales de 2008 cuando se empezaba a investigar a la empresa dedicada a esta actividad ilícita.
La compañía se encargaba de la tramitación necesaria para que estos ciudadanos extranjeros fueran regularizados en sus países de origen con el fin de que supuestamente pudieran trabajar en España.
Así se ha llegado a localizar a siete personas, que habrían pagado para venir desde Marruecos con la promesa de trabajo y de regularización administrativa, tanto en La Rioja como en otras comunidades autónomas limítrofes.
La responsable de esta empresa ha sido identificada y detenida. Se trata de una mujer marroquí de 30 años, residente legal en España, que presuntamente habría desarrollado este negocio para captar posibles emigrantes, además de ofrecer sus servicios a terceros para proporcionarles trabajadores.
Esta empresa dispone incluso de una web a través de la cual las víctimas contactaban, bien desde Marruecos, donde tenía una oficina en la ciudad de Kenitra, o bien desde distintas localidades españolas, entre las que figuran Logroño, Calahorra y Mendavia.
La Policía Nacional destaca que la detenida encubría la oferta de un supuesto trabajo legal mediante una especie de contrato de servicios, que pretendía englobar la realización de los trámites de regularización, búsqueda de alojamiento, formación laboral, cursos de idioma español e incluso labores para facilitar su integración. Todo ello a cambio de importantes sumas, sin que en ningún caso hayan recibido justificante alguno de haber entregado el dinero.
A algunos empresarios les ofrecía su mediación para aportar trabajadores “a medida” en campos de actividad variada, pero luego no podía cumplir al carecer de la documentación y permisos exigibles. En algún caso si llegaron a emplear temporalmente a algún trabajador al que le hizo creer que la documentación estaba tramitándose y se le ocultó el riesgo que implicaba esta contratación ilegal.
‘Con la actuación policial se ha logrado impedir el aprovechamiento de una situación de necesidad que afecta a estas personas, que no dudan en invertir sus ahorros ante la expectativa de acceder a una situación más favorable, y que luego ven frustrada al descubrir el engaño de que han sido objeto’ han concluido.
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