El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado a los magistrados y los secretarios judiciales de los Juzgados Penales de Ejecutorias que evalúen a los empleados de éstos órganos -funcionarios titulares e interinos- en un exhaustivo informe, que incluirá el volumen y el tipo de trabajo que afrontan y que deberán enviar antes del 15 de julio.

Esta orden, formulada a través de una circular, a la que ha tenido acceso Europa Press, llega después de que el 6 de mayo el Servicio de Inspección del máximo órgano de gobierno de los jueces presentara un informe en el que alertaba que en España hay 270.000 sentencias pendientes de cumplimiento y que la comunidad autónoma con mayor pendencia era Cataluña, con 56.000.

Dos días después, la Comisión Permanente del CGPJ se reunió para analizar los datos y decidió abrir un expediente de seguimiento de la situación en la que se encuentran los 15 órganos especializados en la ejecución de sentencias que hay en siete ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.

Para recabar información, el Servicio de Inspección envió este lunes la circular en la que solicita a los magistrados un detallado informe sobre las medidas de refuerzo tomadas para paliar el colapso y el sistema informático empleado, así como la modalidad de registro de las causas y si éste incluye las sentencias absolutorias.

Asimismo, deberá incluir datos sobre la composición de la plantilla de cada juzgado, indicando el número de funcionarios titulares e interinos, la movilidad de los empleados, la antigüedad y la experiencia. Los jueces y los secretarios judiciales deberán también expresar su "grado de satisfacción" con el rendimiento de los funcionarios.

El informe deberá ir acompañado de un boletín estadístico, con fecha de 30 de junio, sobre el tipo y el volumen de trabajo que afronta cada juzgado penal de ejecutorias. Para homogeneizar la recogida de datos, la circular del Servicio de Inspección incluye una serie de cuadros para que los jueces desglosen la información.

En ellos, deberán anotar cuántos expedientes –con su fecha de expedición– están aún pendientes de una orden de búsqueda y captura del reo, de la averiguación de su paradero, del abono de una multa y de una indemnización civil, así como las pendientes de la tasación de las costas procesales y, consecuentemente, de su pago.

También deberán desglosar cuántas ejecutorias penden del cumplimiento de una pena privativa de libertad, de la retirada del permiso de conducir o de medidas de seguridad. En estos apartados, deberán especificar cuántos asuntos están siendo tramitados y cuántos se han archivado de forma provisional.

Además, deberán especificar cuántas suspensiones de condena se han realizado –las que están en trámite y las archivadas provisionalmente–, el número de ejecutorias pendientes de incoar y las incoadas.

Los jueces también deberán especificar el número de autos dictados sobre cuestiones como la suspensión de condenas, la sustitución de penas, la aprobación o revocación de la liquidación de sanciones, la acumulación de condenas, los indultos o la expulsión de extranjeros.

JUZGADOS PENALES DE EJECUTORIAS

Los Juzgados Penales de Ejecutorias son los órganos especializados en la ejecución de la sentencia y sólo hay en siete ciudades españolas: Madrid cuenta con cinco, Barcelona con cuatro, Valencia con tres y Bilbao, San Sebastián y Palma de Mallorca con uno cada una.

El informe publicado recientemente por el CGPJ señala que el juzgado de ejecutoria de Palma de Mallorca soporta la mayor pendencia (8.041 ejecutorias), seguido de los cuatro de Madrid (con una media de 6.864), los cuatro de Barcelona (5.624) y los tres de Valencia (5.309).

El estudio del máximo órgano de gobierno de los jueces afirma que los Juzgados Penales de Ejecutorias han supuesto una importante disminución en la carga de trabajo de los Juzgados Penales ordinarios y señala que hay cierta mejora comparándolos con los de 2005.

En ese sentido, sostiene que en Barcelona se ha producido una disminución del índice de sentencias pendientes de ejecución de un 25,9 por ciento, en Bilbao de un 23,7 por ciento, en Madrid de un 23,1 por ciento y en Valencia de un 21,5 por ciento.

En cambio, en aquellos juzgados en los que no se han aplicado medidas de refuerzo, ha aumentado la pendencia, como el de San Sebastián, con un incremento del 54,43 por ciento, y el de Palma de Mallorca, con un 26,29 por ciento.