El Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía, aprobado en Consejo de Gobierno, destinará un total de 414,4 millones de euros a medidas especiales de inserción laboral para este colectivo durante el periodo 2001-2013.

Los programas del plan beneficiarán a unos 133.500 andaluces, cifra que supone el 67% de las personas con algún tipo de discapacidad y que pueden acceder al mercado de trabajo.

Entre otras medidas, el plan incluye incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros, programas para potenciar los Centros Especiales de Empleo (empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad) y planes formativos específicos con compromiso final de contratación.

Asimismo, prevé la reserva de un 5% de las plazas del programa de Escuelas Taller; el refuerzo de los planes especiales de la Inspección de Trabajo para que las empresas de más de 50 trabajadores alcancen una cuota de un 2% de acceso del colectivo a sus plantillas, y la creación de la figura del "acompañante de apoyo" para los universitarios con discapacidad.

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó ayer la modificación de los decretos sobre ingresos y traslados de personas con discapacidad en centros residenciales y de día y sobre la organización y funciones de los centros de valoración y orientación.

Se trata de adaptar esta normativa a las previsiones recogidas en el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacidad 2007-2013.

En la primera de estas normas se introduce la posibilidad de una reserva de plaza en centros de atención diurna para que puedan volver aquellos usuarios con mayor nivel de autonomía a los que les surja un trabajo de carácter temporal o participen en cursos de Formación Profesional para el Empleo.

En Andalucía hay 518 centros residenciales y de día, que disponen de un total de 17.774 plazas para atender a las personas con discapacidad.

Entre otros requisitos de acceso, la normativa establece que el interesado tenga reconocido un grado de al menos el 33% de minusvalía, sea mayor de 16 años y menor de 65 (salvo personas mayores con discapacidad intelectual) y tenga problemas de integración laboral.

Estos requisitos se completan con la evaluación del grado de necesidad y con la prioridad de ingreso urgente en centros residenciales para quienes estén en situación de maltrato o abandono por sus familiares o cuidadores.

El segundo de los decretos modificados se refiere a los Centros de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad, que valoran las discapacidades física, psíquica y sensorial de acuerdo con los baremos establecidos por la normativa vigente, así como de evaluar los factores sociales que dificultan la integración del colectivo.

En este caso la principal novedad es el traspaso al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de todas las funciones referidas a integración laboral.

En Andalucía funcionan actualmente nueve centros con este cometido, uno por provincia, salvo la de Cádiz, que tiene otro en Algeciras. Próximamente se abrirá el segundo centro de Sevilla.