El Plan de Reducción de Cargas Administrativas que pondrá en marcha el Gobierno cántabro supondrá un ahorro anual de unos 180 millones de euros para las empresas y la Administración. De momento se han definido ya los 196 procedimientos sobre los que se considera prioritario actuar en el marco de este plan, que quiere alcanzar en el horizonte de 2011 ó 2012 una reducción del 30 por ciento de esas cargas administrativas que afrontan las empresas.

El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, presentó ayer a los agentes económicos y sociales el avance del Plan elaborado por el Gobierno. La intención es que el documento, tras el trabajo con estas partes, pueda aprobarse para marzo o abril de 2009 y recoja los procedimientos sobre los que se va a actuar y las medidas para reducir la carga administrativa.

El Gobierno ha identificado ya unos 560 procedimientos existentes en la administración regional, de los cuales, 305 tienen un impacto directo en las relaciones entre las empresas y la administración. Y ha sido en ese grupo de más de 300 procedimientos en el que se han perfilado en principio 196 que pueden ser los procedimientos "más trascendentales" para comenzar a actuar.

El consejero, acompañado de los representantes de CEOE-Cepyme Cantabria, las Cámaras de Comercio de Santander y Torrelavega, y los sindicatos UGT y CC.OO., dio cuenta ayer en rueda de prensa de ese avance del plan y, además, anunció ya la fecha en la que se firmará la adhesión de Cantabria al Plan Nacional de Reducción de Cargas Administrativas.

Cantabria, que será la primera administración autonómica en sumarse al Plan Nacional, firmará su adhesión el próximo 26 de noviembre con la ministra de Administraciones Públicas y diputada nacional por la Comunidad, Elena Salgado.

Y en paralelo a esa incorporación al Plan Nacional se encuentran las labores de la administración regional para la elaboración de su plan, unos trabajos que, en primer lugar, se han centrado en identificar los sectores productivos que se encuentran con "mayor volumen de burocracia". Así, el consejero aludió a sectores como la ganadería, la energía, algunas áreas de la industria y la construcción, la hostelería, el comercio, el transporte y el juego.

Mediavilla destacó que ahora hay por delante un trabajo "muy arduo" en el que deben participar todas las partes "activamente". A su juicio, se trata de un proyecto "ambicioso" que en algunos casos va a requerir de cambios legislativos y reglamentarios e incluso la eliminación de determinados actos administrativos de trámite. Además, implicará la implantación de plataformas telemáticas en la relación de la administración con los ciudadanos y las empresas.

EMPRESAS Y SINDICATOS

Los agentes económicos y sociales han acogido con satisfacción este proyecto del Gobierno y con disposición a colaborar para que el plan sea una realidad lo antes posible. El presidente de CEOE-Cepyme, Miguel Mirones, se felicitó de que Cantabria sea "pionera" en la reducción de cargas administrativas y subrayó la importancia de esta tarea en un momento económico en el que "ahorrar costes viene estupendamente a los empresarios".

En la misma línea, y en representación de las dos Cámaras de Comercio, el presidente de la de Santander, Modesto Piñeiro, aseguró que estas medidas favorecerán una mayor "agilidad y un abaratamiento" para los empresarios y recordó que las cámaras españolas iniciaron hace un tiempo la identificación de procedimientos. Ya han identificado unos 584, principalmente estatales, y han propuesto actuaciones sobre 113. Ahora están en la fase de identificación de procedimientos regionales e incluso locales.

Para la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, este plan es "positivo y necesario" y va a suponer un "reto de modernización" para la administración que redundará en beneficio de todos los ciudadanos, no sólo de las empresas. Y añadió que los sindicatos velarán para que la supresión de cargas administrativas "no suponga en ningún caso desregulación".

Finalmente, el secretario de Empleo de CC.OO., Vicente Arce, opinó que el Gobierno de Cantabria "está haciendo los deberes" y admitió que la elaboración de este plan es un "objetivo duro, no exento de muchos esfuerzos", en el que comprometió la colaboración del sindicato para que "sea una realidad" cuanto antes.