‘Si no tenemos los medios no se nos puede responsabilizar de determinadas disfunciones’, señaló la presidenta del alto tribunal catalán, Maria Eugènia Alegret, durante la presentación de la memoria anual sobre la situación de la justicia en Cataluña, donde el 73 por ciento de los órganos judiciales tiene exceso de trabajo.
Explicó que el Ministerio sólo ha concedido para 2008 la creación de 21 nuevas plazas judiciales en Cataluña, una cuarta parte de las solicitadas por el TSJC, que considera que para poner al día la justicia es necesario crear 88 nuevas plazas, de las que son prioritarios 55, 44 juzgados y 11 órganos unipersonales.
Además, Cataluña registra uno de los porcentajes más altos de movilidad, también entre los jueces: en los últimos cinco años, el 31 por ciento de ellos se fue a otra comunidad autónoma.
No obstante, la presidenta del TSJC señaló la oficina judicial como ‘el principal problema de la administración de justicia en Cataluña’, ya que la media de funcionarios interinos por juzgado es del 37 por ciento, y en algunos casos ese porcentaje supera el 50 por ciento, como Olot (62%), Figueres (71%) y Gandesa (100%).
Alegret explicó que en la mayoría de los casos, los interinos ‘no tienen la formación ni la experiencia para resolver con rapidez y agilidad’ los procedimientos judiciales, lo que dificulta la resolución y ejecución de las causas.
Pese a la falta de personal, entre 2003 y 2006, el Gobierno no convocó oposiciones para cubrir las necesidades de los juzgados, y cuando lo hizo, ofertó un número insuficiente de plazas. Con todo, calcula que hasta el 2009 no se dispondrá de las 1.146 plazas de funcionarios previstas.
Sin embargo, durante el 2007, se consiguió resolver casi el mismo número de expedientes que se ingresaron. Los órganos judiciales de Cataluña admitieron a trámite 1.250.177 de causas, un 3,3 por ciento más que en el año anterior, y se resolvieron 1.246.700 de procedimientos, lo que supone un incremento del 5 por ciento respecto a 2006.
Pero esas cifras no se dan en todos los juzgados, y en algunos de ellos sí podrían haber ejecutorias penales pendientes de ejecución. La peor situación se vive en los juzgados de Vilanova i La Geltrú (Barcelona) y Figueres (Girona), así como algunos de Sabadell (Barcelona) y de la ciudad de Tarragona.
La presidenta del TSJC aseguró que no cuestionan las decisiones de los legisladores, como las últimas reformas del Código Penal sobre la violencia doméstica y tráfico, pero recordó que éstas deben ir acompañadas de la dotación necesaria para afrontar el aumento del volumen de trabajo.
LAS PROPUESTAS DEL TSJC.
Para luchar contra el colapso de los juzgados catalanes, el TSJC propone modernizar la oficina judicial con reformas procesales y mayores recursos tecnológicos, unificando e informatizando el sistema y los procedimientos para que puedan detectarse eventuales disfunciones.
Además, Alegret pidió que se solucionen los problemas competenciales entre el Gobierno y la Generalitat para mejorar la política de personal de la administración y, para ello, abogó por el traspaso a la Generalitat de más competencias en materia de gestión del personal auxiliar.
También apuesta por limitar el acceso a la justicia –por ejemplo, evitando la prolongación de los procedimientos judiciales de forma inneces
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