Enrique Rodríguez, titular en su momento de Producción del Gobierno de la Ciudad, aseguró que unos 4 mil bolivianos eran utilizados como "mano de obra esclava", que alrededor de 6 mil estaban "en negro", es decir, en la informalidad y otros 5 mil trabajaban en condiciones irregulares. Todos distribuidos en un total estimado en ese momento de 6 mil talleres.
¿Cómo es la situación actual? Mejor, pero aún preocupante. La gestión de Mauricio Macri estima hoy que quedan entre 1.500 y 2.000 talleres informales (implica, trabajadores no registrados) y que dentro de esta cifra, se incluye un grupo, minoría, de clandestinos (implica, mano de obra esclava).
En total, estiman que habría unos 25 mil trabajadores en estos establecimientos. Y que de ellos proviene un 78% de la producción de la industria de la indumentaria.
"A los talleres los clasificamos como ‘en negro’ o ‘clandestinos’. Los primeros refieren a que pertenecen a la economía informal, a que no están registrados. Los segundos implican reducción a la servidumbre o trata de personas. Y no toleramos esta última situación. En el caso de los trabajadores informales queremos formalizarlos y estamos realizando una fuerte campaña de inspecciones", explicó a Infobae.com el subsecretario de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, Jorge Ginzo.
El funcionario destacó que se han suscripto "15 convenios de colaboración con los gremios que nos permiten saber dónde hay empleo informal. Trabajamos con esas denuncias concretas y eso nos permite tener un resultado en la detección del trabajo en negro".
Los resultados de tales inspecciones –que ya pasan el millar- arrojaron que: "encontramos situaciones de medio ambiente muy precarias. En general, los talleres están ubicados en casas alquiladas, en PH, con condiciones sanitarias precarias. En el espacio dedicado al trabajo hay ciertamente riesgo para la vida en algunos casos, las instalaciones eléctricas son deficientes", aseguró Ginzo.
De las fiscalizaciones realizadas surgió además que "entre los trabajadores se encontraron menores, indocumentados y un altísimo porcentaje de extranjeros. En el pequeño taller, 80% de los empleados tiene nacionalidad boliviana", dijo el funcionario.
El problema de la formalización seguramente se encuentre en el costo de la misma. Es que los trabajadores de los talleres reciben por su trabajo una porción muy exigua del costo en que se vende la prenda terminada.
En palabras de Ginzo, "es ínfima la porción del precio de venta al público de una prenda que llega a este extremo de la cadena de valor. Hay empresas de primera marca que no tienen talleres propios. Hay baja inversión, ‘cero’ capacitación laboral, ‘cero’ gestión de riesgo. Y no queremos que se vuelva a repetir un siniestro que cueste la vida de personas".
La cartera de Trabajo porteña encara el proyecto de regularización de los talleres con el acompañamiento de las direcciones generales de Habilitaciones y Fiscalización dependientes de la Agencia Gubernamental de Control y de la Dirección General de Protección del Trabajo que depende de la misma subsecretaria. En los próximos días, se elevará a la firma del jefe de gobierno un proyecto de decreto que defina el marco regulatorio para el programa de regularización de los talleres.
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