La Comisión Europea constata, en su último balance, que hay catorce ayudas ilegales a empresas españolas de las que no se han recuperado los fondos. Nueve de ellas provienen de las ‘vacaciones fiscales’ vascas.

Líder destacado. España tiene el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea (UE) que acumula un mayor número de ayudas ilegales a empresas pendientes de recuperar. No ha recobrado los incentivos ilegales en 14 procesos de los 49 que acumula la UE. O lo que es lo mismo, acapara el 29% del total de la lista negra que acaba de actualizar la Comisión Europea.

En el informe, Bruselas anuncia que está “controlando más de cerca” la recuperación de las ayudas ilegales, y pone especial foco en el País Vasco, que acumula nueve casos –más que Alemania o más que Francia y Portugal juntas–. Cada una de las provincias vascas cuenta con tres casos relativos a las vacaciones fiscales en esta autonomía.

Esos cuestionados regímenes tributarios estuvieron vigentes en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y dejaban libre del pago del Impuesto de Sociedades –el que grava los beneficios– durante diez años a las empresas de nueva creación que invirtieran más de 480.000 euros –80 millones de pesetas de entonces– y crearan al menos 10 empleos. En 1995, este modelo fue sustituido por otro, también condenado por Bruselas, que incluía una exoneración de Sociedades, aunque algo menor.

Además, España acumula otros cinco incentivos sin recuperar en otras tantas empresas: Siderúrgica Anon, Minas Río Tinto, Hilados y Tejidos Puigneró, Refractarios Especiales (que fabrica materiales para la construcción) y Magefesa (dedicada al menaje del hogar).

Por debajo de España figuran Italia (once casos) y Alemania (siete). Estos tres países ya lideraban el ránking el año pasado. Les siguen Francia (seis), Holanda (tres) y Portugal y Grecia, con dos. Hay dieciséis Estados miembros que no tienen ninguna ayuda ilegal pendiente de recuperar.

En su balance, la Comisión señala que su objetivo es intensificar el control sobre la manera de proceder de los once países implicados: “La recuperación de las ayudas ilegales y las ayudas incompatibles debe hacerse efectiva sin retraso”. Y de acuerdo con las leyes nacionales, aunque la ley comunitaria no estipula quién debe encargarse de la decisión de recuperar los incentivos indebidos. “En principio, debería hacerlo quien dio la ayuda para que, por tanto, los recursos vuelvan a ella”, reconoce el estudio.

Más investigaciones

Este negativo balance llega en un momento de incertidumbre para España, ya que la Comisión ha abierto una investigación formal sobre las ayudas públicas otorgadas a El Pozo Alimentación y J. García Carrión La Mancha, que en conjunto suman 29,6 millones de euros, al tener dudas de si se ajustan a la norma comunitaria sobre ayudas de Estado.

Bruselas estima que esas subvenciones pueden constituir ayudas estatales incompatibles con el Tratado, ya que no gozan del llamado “efecto de incentivo”, exigido por las reglas sobre ayudas de Estado que se aplican en este caso. Además, la Comisión afirma que esas inversiones se han iniciado sin contar antes con su autorización y que sus beneficiarios no parecen haber presentado las solicitudes de ayuda pertinentes para efectuarlas.

La industria y los servicios reciben más ventajas

A lo largo de 2007, Bruselas recibió un total de 777 notificaciones de ayudas públicas a empresas, de las que el 53% beneficiaba a los sectores de la industria y los servicios, un 33% a la agricultura, un 8% al transporte y un 6% a la pesca. Por países, Italia fue el que más expedientes remitió, con un 15%, seguida de Alemania y España –12% cada una– y Francia, con el 9%. Bruselas destaca, además, que en la gran mayoría de los casos de ayudas de Estado analizadas fueron los países los que se pusieron en contacto con la Comisión y sólo en un 8% de las ocasiones fue Bruselas la que inició los procedimientos tras advertir la ayuda.

Del total de 629 casos sobre los que el Ejecutivo de la UE se pronunció a lo largo de 2007, sólo en 69 consideró que las ayudas eran incompatibles con la legislación europea. En el informe que acaba de publicar, la Comisión Europea reconoce que el resarcimiento de estas ayudas ilegales concedidas a las empresas podría conllevar la farragosa y lenta implicación de “una variedad de organismos centrales, regionales y locales, así como entidades públicas”.

Fuente: http://www.expansion.com