El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, abogó ayer por que las reformas del sistema de pensiones sean siempre de carácter "moderado y no traumáticas", así como que sean fruto del acuerdo político, en el marco del Pacto de Toledo, y del acuerdo con los agentes sociales.

Granado, que compareció en la Comisión No Permanente del Pacto de Toledo, señaló que hay algunas cuestiones que pueden discutirse en el marco de una nueva reforma de pensiones, como la gestión del Fondo de Reserva o la mejora del principio de contributividad para que exista una mayor correspondencia entre las aportaciones realizadas al sistema y las prestaciones percibidas.

"En contributividad siempre hay que progresar en modelos de cómputo de las pensiones de jubilación que permitan avanzar entre lo realmente aportado y lo percibido, pero hay que verlo con perspectiva de conjunto y con un acuerdo social y político importante", manifestó.

Granado precisó que con esta afirmación no está proponiendo ampliar a más de 15 años el periodo de cálculo de las pensiones, un tema sobre el que dijo que el Gobierno no tiene posición y sobre el que no va a efectuar ninguna propuesta de cara a la renovación del Pacto de Toledo.

Lo que sí afirmó es que habría que mejorar la situación de aquellos trabajadores que son expulsados del mercado laboral de forma prematura y acaban percibiendo pensiones más bajas al tomarse en cuenta sólo los últimos 15 años de su carrera laboral para calcular su prestación.

TRABAJAR DESPUES DE LOS 65 AÑOS.

Al mismo tiempo, defendió que la edad de jubilación real debería acercarse más a la edad legal (65 años), pues ahora está situada en algo más de 63 años. Según los datos que proporcionó en su comparecencia, el 42% de las personas que se están jubilando cuenta con menos de 65 años, mientras que el 57% tiene 65 o más años.

Para prolongar la vida laboral más allá de los 65 años existen actualmente una serie de estímulos: se cotiza cero y se sube la pensión en un porcentaje adicional por cada año que se trabaje después del cumplimiento de la edad legal.

En este sentido, Granado señaló que la Seguridad Social ya no puede proporcionar ningún incentivo adicional e instó a los Grupos Parlamentarios a plantear incentivos de carácter fiscal para animar a los trabajadores a permanecer en activo después de los 65 años. "O buscamos incentivos de otra naturaleza, como fiscales, o poco podemos hacer en esta materia. Tampoco podemos ofrecer incentivos tan desmesurados que al final sean perjudiciales para el sistema", explicó.

El secretario de Estado apostó además por una mayor presencia de la previsión social complementaria en la negociación colectiva, por una relación más directa entre los agentes sociales y el Parlamento y por acabar con la política de "exclusiones" del mercado laboral que obliga a destinar destinar más dinero a políticas pasivas que a activas.

VIUDEDAD Y MOROSIDAD.

En materia de pensiones de viudedad, Granado afirmó que las mejoras deberían dirigirse a los perceptores que realmente se hallan en una situación de pobreza. En este sentido, la portavoz socialista en esta Comisión, Isabel López i Chamosa, instó además a hacer una reflexión sobre el carácter vitalicio de las pensiones de viudedad.

En cuanto a la morosidad del sistema, el secretario de Estado se mostró convencido de que acabará aumentando, aunque no demasiado, pues la Seguridad Social es "muy dura" con los impagos (realiza 20 millones de embargos al año).

"Hay autónomos que prefieren darse de baja en el Régimen de Autónomos a no pagarnos", apuntó Granado, que añadió que si los bancos están elevando la morosidad habiendo elegido a sus clientes, la Seguridad Social, que no los elige, también verá aumentar los impagos. En cualquier caso, consideró que no es un tema "especialmente preocupante", pues la tasa de morosidad actual está situada algo por encima del 1%, un porcentaje "casi milagroso en los tiempos que corren".

Granado destacó asimismo la aportación realizada por los inmigrantes al sistema de la Seguridad Social, ya que, según subrayó, sin ellos no existiría el Fondo de Reserva, que se nutre cada año con una cantidad equivalente a las cotizaciones de los extranjeros al sistema.

PP: LUCHAR CONTRA LAS DISCRIMINACIONES POR EDAD.

Los Grupos Parlamentarios, por su parte, coincidieron con Granado en la importancia del Pacto de Toledo y en su valor para excluir las pensiones de debates políticos con fines electorales. El portavoz del PP en esta Comisión, Tomás Burgos, también compartió con el secretario de Estado la necesidad de que las reformas que se realicen en el sistema de pensiones sean moderadas, al tiempo que resaltó la necesidad de que la renovación del Pacto de Toledo se centre en luchar contra las discriminaciones por edad.

Burgos defendió además mejorar los incentivos existentes para la prolongación de la vida laboral después de los 65 años, así como ahondar en la política de bonificaciones para estimular el empleo.

Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, expresó su preocupación por cómo afectará la crisis a los acuerdos que podrían alcanzarse en el seno de la Comisión y se mostró partidario de extender el periodo de cálculo de la pensión de jubilación por encima de los 15 años actuales.

Desde IU, el diputado Gaspar Llamazares rechazó los discursos catastrofistas sobre la viabilidad del sistema de pensiones que se lanzan desde instituciones como el Banco de España y rechazó posibles rebajas de cotizaciones e incrementos de la edad de jubilación.

El diputado del PNV Emilio Olabarría pidió que las negociaciones con los agentes sociales no acaben "usurpando" los poderes legislativos del Parlamento, mientras que la diputada del BNG María Olaia Fernández reclamó que "no se frivolicen" las pensiones de la Seguridad Social y se universalicen prestaciones que, en lugar de proporcionar mayor equidad, generan más desigualdades.