La Fiscalía de Canarias concluyó que no había indicios de delito, pero la ONG ha pedido una nueva investigación al Fiscal General

La ONG internacional Human Right Watch (HRW) pidió hoy al Gobierno español y al Ejecutivo de Canarias que implementen de forma inmediata un plan para cerrar los cuatro centros de emergencia de acogida de menores extranjeros no acompañados habilitados en el archipiélago en marzo de 2006, y en los que residen unos 400 menores, ante las alegaciones de malos tratos y abusos vertidas por los propios chicos en dos de los centros, ‘La Esperanza’, en Tenerife, y ‘Arinaga’, en Gran Canarias.

La organización presentó hoy en Madrid las conclusiones de esta investigación, realizada por Simone Troller, que afirmó que, informada la Fiscalía de Canarias, realizó sus propias indagaciones y concluyó que no existían indicios de delito.

Sin embargo, los investigadores creen que la metodología utilizada fue insuficiente e inadecuada por lo que se han dirigido a la Fiscalía General del Estado. “La Fiscalía General del Estado se ha comprometido ha solicitar a la de Canarias una nueva investigación”, aseguró. También se han dirigido a los responsables del Gobierno Canario, así como de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales e Interior, de los que ha recibido respuestas “insatisfactorias”.

“Los responsables canarios nos dicen que la responsabilidad es del Gobierno de España y el Ejecutivo central que es de Canarias –dijo–. Nosotros pedimos a ambas administraciones que implementen un plan para cerrar los centros de emergencia”.

“PALIZAS GENERALIZADAS”.

Según las alegaciones recogidas por la organización, a través de entrevistas personales con algunos de los menores, en su mayoría de Senegal o Maruecos, en el caso del Centro de ‘La Esperanza’, durante los últimos cinco meses de 2006 los chicos informaron de “palizas generalizadas, habituales y no controladas”. El portavoz de HRW, Reed Brody, relató que en este centro existe una “celda de castigo” pequeña y sin ventilación donde los menores se ven obligados a orinar y defecar en el suelo.

“Hablan de un clima omnipresente de miedo”, aseguró. Mientras, en el centro de Arinaga los chicos narraron, según comentó, malos tratos por parte de otros menores y educadores, así como abusos sexuales por parte de un miembro del personal. Estas alegaciones deben ser inmediatamente investigadas, según los responsables de la ONG, por las autoridades españolas.

En todo caso, Troller señaló que las condiciones de los cuatro centros de emergencia favorecen el riesgo de malos tratos. “Son centros enormes, masivamente poblados, con chicos muy pequeños, desde 10 años, que conviven con chicos más mayores, de hasta 17, sin acceso a un sistema confidencial de denuncia y sin tener libre circulación”, explicó.

Troller añadió que miembros del personal de estos centros también le manifestaron su preocupación por el tratamiento que reciben algunos de los menores y que ella misma pudo observar heridas recientes en los menores a los que entrevistó. El informe no recoge nombres ni de víctimas ni de verdugos, sino que insta a las autoridades españolas a que confirmen la veracidad de estos hechos.

Además de los casos de malos tratos y abusos, Gerry Simpson, investigador de HRW, advirtió de que existen violaciones sistemáticas de otros derechos de estos menores, como el acceso a la residencia permanente. Los investigadores visitaron tres de los cuatro centros de emergencia, así como otros de carácter permanente, en los que señalan que sí se cumplen las condiciones necesarias para la acogida de estos chavales.

Fuente: http://www.europapress.es/