El diputado y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, ha presentado una Proposición no de Ley para que dos millones de pensionistas no pierdan el abono social de Telefónica, que permite una tarifa especial a las rentas más bajas.
En un comunicado de ICV se explica que la compañía Telefónica ofrece el abono social destinado a personas de más de 65 años o jubiladas por incapacidad laboral absoluta con una reducción del 70% del importe de la cuota alta de la línea telefónica y una reducción del 95% en el de la cuota mensual.
El criterio para disfrutar del abono social es que los ingresos de la familia no superen el IPREM, que para 2008 se ha fijado en 516,90 euros mensuales.
Pero como alerta Herrera en su comunicado, la pensión mínima ha subido en España y casi 2 millones de personas se han situado en el tramo entre 500 y 550 euros, con lo que ‘por sólo 12 euros (diferencia entre pensión y el IPREM) cerca de 2 millones de personas no podrán beneficiarse del abono social de Telefónica, que se limitaría a las pensiones no contributivas y al SOVI.
Por este motivo, ICV ha presentado esta Proposición no de Ley para modificar el baremo del abono social de Telefónica y que se puedan beneficiar todas aquellas personas que tengan una unidad familiar que reciba unos ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el IPREM.
Según Herrera, ‘hay que evitar que 2 millones de pensionistas tengan que destinar la subida de su pensión para 2009 a pagar la factura de teléfono’.
El Abono Social de Telefónica un ejemplo de práctica comercial insolidaria.
Casi 2 millones de ex beneficiarios del Abono Social sufren los rigores de una práctica empresarial insolidaria de Telefónica.
En 2008, el Abono Social de Telefónica que permitía el acceso al servicio telefónico de los españoles con menos recursos (pensionistas y jubilados, Real Decreto 424/2005) a un precio asequible, ha sido suspendido mediante la aplicación injusta y carente de ética de una medida que beneficia económicamente a Telefónica y que golpea la maltrecha economía de un gran número de personas, mayormente ancianos y personas con discapacidad.
Es un hecho gravísimo que afecta en particular a ancianos de toda España que viven solos y dependen del servicio telefónico para estar en contacto con sus familiares y en muchos casos de urgencia para requerir asistencia, auxilio o atención médica.
Algo en lo que no han pensado los ejecutivos de la Corporación Telefónica, es que muchos de los beneficiarios del Abono Social que han dejado de serlo, no pudiendo hacer frente al brutal aumento de su factura de teléfono, han dado de baja el servicio y cabe preguntarse ¿Qué responsabilidad tendrá Telefónica y como se deteriorará su imagen pública si en casos de urgencia los ancianos mueren por no tener acceso al servicio telefónico que anteriormente podían tener?
Un ejemplo concreto es el de E.S.R., viuda de 93 años que vive sola. Antes de 2008 era beneficiaria del Abono Social de Telefónica, por lo que pagaba unos 9 euros cada 2 meses. En 2008 le han subido la pensión de viudedad a 530,34 euros, importe que supera en 13,44 euros el límite de rentas establecido para beneficiarse del Abono Social de Telefónica (límite de 516,90 euros) Ahora, al perder el beneficio del Abono Social, tiene que pagar la línea individual normal que cuesta 27,9480 euros, más otro cargo por teléfono forma multiservicio 4,8270 euros (más IVA) cada 2 meses. En total, E.S.R., que solo ha hecho 5 llamadas en el período de consumo que va del 26 de agosto al 25 de octubre por importe de 1,0623 euros, tiene que pagar un recibo de 39,25 euros, cuando su promedio de pago habitual era de 8,286 euros cada 2 meses. Esto supone un incremento del 473%, lo cual es totalmente injusto. Para rematar en la factura anterior (período de consumo julio-agosto) le han efectuado el cobro retroactivo desde Enero de 2008, de la tarifa normal sin Abono Social, con lo cual ha tenido que pagar la cantidad de 76,38 euros.
Esta claro que con esta medida de Telefónica que ocasiona la pérdida del beneficio del Abono Social a millones de españoles con escasos recursos, una parte importante de la revalorización de sus pensiones mínimas va a parar a la cuenta corriente de Telefónica.
Desde la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) se ha pedido al Ministerio de Economía y Hacienda la actualización de las condiciones de servicio por parte de Telefónica, sin obtener respuesta.
Resulta paradójico que Telefónica sea una Corporación española que participa en muchas causas sociales. De hecho forma parte del Patronato de la Fundación Empresa y Sociedad que entre sus objetivos persigue el fomento de la integración de las personas desfavorecidas y desde su Observatorio Social cada año realiza un estudio que presenta la percepción de los expertos en la materia sobre las empresas con presencia en España que mejor actúan en el ámbito de la integración de personas desfavorecidas. En dicho estudio Telefónica que en 2006 ocupaba el 2º lugar en la valoración de sus actuaciones de integración de personas desfavorecidas basadas en sus productos y servicios, pasa al 6º puesto en 2007 y se ubica en el 7º lugar en 2008.
Seguramente y debido a sus actuaciones insolidarias Telefónica a partir de 2009, ni siquiera figure en el estudio auspiciado por la Fundación Empresa y Sociedad.