Luisa Pastor, que ha estado acompañada por los concejales que han participado en la negociación con la cementera, ha explicado a la finalización de la misma que ‘hemos escuchado la explicación del comité de empresa sobre la marcha de la negociación laboral y nos han pedido apoyo para que puedan garantizarse el máximo número de puestos de trabajo posibles’.

En opinión de la alcaldesa, los sindicatos consideran que necesitan un plazo de unos dos meses para que se consolide la negociación, ‘periodo que van a tener sin problemas pues, como ya comenté, sólo los meros trámites que exige la aprobación del convenio ya excederán estos dos meses’, ha comentado Pastor.

El procedimiento incluye la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Alicante, el periodo de exposición pública durante 25 días, la contestación de las alegaciones si las hubiera y, finalmente, la convocatoria, debate y aprobación en el pleno.

Luisa Pastor ha explicado que ‘no obstante, se van a dar todos los márgenes necesarios’, pues ‘desde el Partido Popular siempre hemos defendido el espíritu tanto del protocolo de intenciones que firmamos en el año 2006, como del borrador del convenio sobre el cambio de uso de los terrenos, que no es otro que el que se garanticen los puestos de trabajo y que la plantilla no sufra ningún deterioro’.

Al término de la reunión, el presidente del comité de empresa, José Antonio Guijarro, afirmó que ‘los miembros del grupo popular han sido receptivos y nos asegurado que van a estar con nosotros para apoyarnos en la negociación con la empresa’. Guijarro insistió en que los trabajadores sólo piden un tiempo ‘prudencial’ de unos dos meses para tratar de llegar a un acuerdo con la multinacional.

Desde el equipo de Gobierno aseguran que el convenio no irá a pleno hasta al menos el próximo mes de julio, plazo que consideran suficiente para que empresa y trabajadores cierren la negociación.

El presidente del comité de empresa explicó que durante la reunión de ayer -que duró unos treinta minutos- se planteó al grupo popular la ambigüedad del convenio firmado con la empresa. Según Guijarro, ‘el acuerdo sólo contempla que los trabajadores no salgan perjudicados por el cese de actividad, pero ello implica que la empresa pueda optar por la recolocación de los empleados o por iniciar un expediente de regulación de empleo’.

El comité de empresa ya ha adelantado que esta segunda opción no la aceptarían en ningún caso y amenazan con iniciar movilizaciones e incluso paralizar la actividad de la planta de San Vicente. Los trabajadores exigen la recolocación de los 80 operarios en la planta que Cemex tiene en Alicante. Dentro de quince días mantendrán un nuevo encuentro con la multinacional.