La consejera de Cultura, Rosa Torres, reconoció hoy la falta de formación del personal que atiende la red de bibliotecas públicas de Andalucía, si bien advirtió de que "gran parte" de estos trabajadores se hizo cargo de este servicio cuando no existía formación específica ni estas infraestructuras estaban en el "foco de atención" de la política, recalcando asimismo el impulso de medidas de consolidación de estos profesionales como el reciente acuerdo firmado con la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (Famp).

Durante la comisión de Cultura celebrada hoy en el Parlamento andaluz, Rosa Torres admitió el contenido del informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el ‘Informe de fiscalización de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico: Servicio de Bibliotecas’, elaborado por la Cámara de Cuentas y que recoge que "prácticamente todos los indicadores de rendimiento de las bibliotecas públicas andaluzas se encuentran por debajo de la media nacional".

Interpelada por el diputado de IU-CA José Manuel Mariscal, Torres admitió no poder "negar" la "escasa formación" en Biblioteconomía y Documentación por parte de estos profesionales, pues así figura en el informe, pero recordó que "gran parte" de estos trabajadores se hicieron cargo del servicio de bibliotecas en momentos en los que "no existía la formación específica" con la que se cuenta hoy y, además, estos espacios culturales no estaban "en el foco de atención" de la política y la acción administrativa.

No obstante, recordó que "la gran mayoría de las recomendaciones" del informe inicial de la Cámara de Cuentas "ya han sido recogidas" con un "impacto" de tales recomendaciones en la "mejora práctica de la red de bibliotecas", pues el informe de la Cámara de Cuentas aludía a que un 86 por ciento de la bibliotecas públicas andaluzas (689) cuentan con acceso a internet el pasado año, frente a las 25 registradas en 1999, subiendo dos puntos porcentuales la población servida pero con la circunstancia de que "sólo el 34 por ciento de las bibliotecas públicas de Andalucía cumplen lo establecido en el reglamento en cuanto al requisito de superficie mínima útil".

"IMPORTANTES MODIFICACIONES NORMATIVAS"

En el periodo transcurrido desde la finalización del informe objeto de seguimiento, según este documento, "se han producido importantes modificaciones normativas y organizativas, tales como la nueva regulación del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y la creación de dos nuevas Direcciones Generales, la de Museos y la del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, siendo esta última la que asume las competencias en materia de bibliotecas".

Entre las conclusiones de dicho informe de fiscalización se apuntó que, en cuanto a las recomendaciones dirigidas a la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, el 36 por ciento de dichas recomendaciones se implantaron de forma total, en el 50 por ciento la implantación fue parcial y en el 14 por ciento restante no ha tenido ningún grado de implantación.

De esta forma, la Cámara de Cuentas de Andalucía destacó que se adoptaron medidas como que "se ha creado un programa presupuestario que engloba solamente a las bibliotecas, archivos y centros de documentación y se ha dividido el servicio de archivos, bibliotecas y centros de documentación en dos, lo que ha posibilitado una mejor identificación del gasto correspondiente a las bibliotecas".

La Cámara destacó que se ha potenciado el Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, "regulándose su composición, funciones y funcionamiento". Recordó que en septiembre de 2003 se hizo efectiva la automatización en red, de forma que en diciembre de 2007 el número de bibliotecas incorporadas al Catálogo Colectivo asciende a 600, es decir, el 75 por ciento del total de bibliotecas abiertas.