Los efectos de la crisis comienzan a hacerse notar en el número de inmigrantes que llegan a Cataluña, tanto en el número de expedientes de regulación tramitados como en el de permisos de trabajo concedidos. Según expuso ayer el Delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, las oficinas de Extranjería resolvieron 197.380 solicitudes de regulación durante el primer semestre del 2008, lo que supone una disminución de casi 50.000 frente al mismo período del año pasado, cuando se resolvieron un total de 500.000. Entre enero y junio del 2008, se otorgaron 15.498 permisos de trabajo en origen, frente a los 34.169 del 2007. En vez de un crecimiento sostenido como en los últimos años, la inmigración ‘va a la baja’, señaló Rangel. Aún es pronto, sin embargo, para hacer un análisis cualitativo a fondo.

El descenso de solicitudes de empleo ha sido especialmente significativo en el sector la construcción, uno de los más afectados por la crisis. Según Rangel, el ladrillo ha dejado de ser la primera oferta de mano de obra para los inmigrantes, que se han trasladado al sector servicios. Pese a estos datos, Cataluña y en particular Barcelona siguen siendo el primer foco de llegada de inmigrantes de España. En todo el territorio, se contabilizaron 187.384 peticiones de información sobre trámites de extranjería.

Lo que sí ha aumentado de forma considerable son el número de expedientes excepcionales, por causas como la violencia de género o la seguridad, y de arraigo tramitados y concedidos. De entre los 10.671 que se han cursado, se han otorgado casi un 70 por ciento (7.604). El reagrupamiento familiar se mantiene estable respecto a años anteriores. Durante los primeros seis meses del año se presentaron 20.577 solicitudes de reagrupamiento para personas que viven en el extranjero, sin contar el nacimiento de menores de padres inmigrantes ni de menores que se regularizan cuando ya están aquí. De este total, se denegaron 4.110 solicitudes, se aprobaron 3.539 y se aprobaron pero están pendientes de entrada 12.928. Aunque puede ser que no todos se acaben instalando en España, la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García, indicó que ‘la mayoría acaban entrando’.