La familia Charlín recompró ayer los bienes subastados para sufragar la deuda de las trabajadoras de su conservera Charpo por valor de 800.000 euros.

El Juzgado de lo Social Número 3 de Pontevedra sacó ayer a subasta pública tres lotes con propiedades en Vilanova y A Illa de Arousa de esta conocida familia con el objetivo de hacer frente a la deuda que mantienen con 70 empleadas.

A la subasta pública acudieron, de una parte, un gran grupo de trabajadoras de la conservera, y de otra, varios de los miembros de la familia Charlín.

De hecho, María Teresa Charlín, hija del patriarca del conocido clan de narcotraficantes, y su nieta Natalia Somoza Charlín, fueron las encargadas de pujar por los bienes.

Los tres lotes fueron finalmente divididos en dos: por un lado, la nave de la depuradora Sochar y las fincas unidas a él por un muro de piedra y, por otro, dos terrenos en O Terrón, que fueron sacados a subasta por 195.000 y 147.000 euros respectivamente.

La abogada de las trabajadoras y Natalia Somoza pujaron por ambos grupos de posesiones que finalmente obtuvo la familia Charlín por 500.000 y 296.000 euros, lo que suma casi un total de 800.000 euros.

"Ahora esperemos que puedan pagarlos en el plazo que ha fijado el Juzgado, 20 días", subrayó la abogada de las trabajadoras, Isabel Barbero, quien añadió que confía en que "la propia familia, apoyándose unos a otros, logren sacar adelante la empresa Sochar, que todavía sigue funcionando hoy en día. Supongo que por eso han pujado por ella, para poder mantenerla en activo", añadió.

Las trabajadoras mostraron al término de la subasta su satisfacción, incluso con abrazos, por el precio alcanzado por los bienes en la puja, ya que consideraban que el precio fijado por el tribunal de salida era muy bajo.

"Todo el dinero irá directamente a las trabajadoras, pero aún sólo se ha pagado un tercio de lo que se adeuda", dijo.

Según Barbero, "aún les debe la familia un millón y medio de euros casi, pero tendremos que esperar a que varias de sus propiedades comiencen a ser liberadas de la incautación judicial efectuada por la Audiencia Nacional a causa de las operaciones de narcotráfico en que se vieron envueltos".

Ante la posibilidad de que la familia no pujara más allá de lo esperado, la abogada de las empleadas subrayó que sintió miedo.

"Siempre lo pasas en las subastas, y más cuando sabes que, aunque te lo quedes, está infravalorado y tienes que sacarlo de nuevo a la venta, buscar un comprador, y es un gran trabajo del que, de esta manera, nos libramos".

El conflicto laboral que arrastran las trabajadoras de Charpo ha cumplido ya 18 años, aunque la mayoría de los sueldos dejaron de pagarse en 1994.