Empresuchas
La nueva legislación unifica en un único texto la normativa existente sobre la dirección de las cajas y despliega la Ley de cajas de ahorros aprobada en julio de 2006, con novedades como límites de mandatos de seis años (antes eran cuatro) y periodos de renovación parcial trienales (antes bianuales).
Por lo que respecta a la composición de los órganos de gobierno de las cajas, los consejos comarcales tendrán una presencia de entre el 25% y el 35% del total de representantes de corporaciones locales. El resto corresponderá a ayuntamientos y otras corporaciones locales, lo que supone una participación mayor que anteriormente.
En el caso de los representantes de los impositores, el número de impositores de cada zona no podrá exceder el triple de la media conjunta. El decreto también eleva de cinco a 20 el número mínimo de compromisarios.
Respecto a los representantes de las entidades o personas fundadoras y otras entidades, la nueva normativa prevé la posibilidad de crear, junto con la Federación Catalana de Cajas de Ahorros, un comité asesor de expertos independientes que dictamine sobre la relevancia y la representación social y económica sobre el territorio de las organizaciones cívicas que las cajas quieran incorporar a sus órganos de gobierno.
El decreto también establece incompatibilidades para la participación de miembros de órganos de gobierno de cajas en la administración de otras entidades.
Categoria: salarios, Cataluña, ABC-Empresas
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a “La Generalitat regulará las remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas”
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Normas:Artículo 16 de la ley LSSICE (LEY 34/2002): Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio NO SERÁN RESPONSABLES por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es llícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
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