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Entre los motivos de estos requerimientos destacan, según la central, ‘las deficiencias en la elaboración y efectiva implantación de los planes de evacuación y emergencias en todos los centros dependientes de la Comunidad Autónoma’, así como ‘en la planificación de la actividad preventiva y actualización de las evaluaciones de riesgos’.
‘Asimismo -añadía el STAR en su comunicado- el informe insta a garantizar los derechos de participación y consulta de los trabajadores y sus representantes, y facilitar a los delegados de prevención el acceso a la documentación e información referida a las evaluaciones de riesgos y planificaciones de la actividad preventiva’.
El STAR ha denunciado en varias ocasiones ‘las deficiencias que han existido y existen en diversos ámbitos respecto a la seguridad y salud de los trabajadores públicos y, en concreto, acerca de la falta de información y aplicación de los planes de evacuación y emergencia de cada uno de los centros dependientes de esta Comunidad’.
Categoria: Accidentes laborales, ABC-Empresas
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a “La Inspección insta la mejora de la seguridad de los centros de trabajo de la Comunidad”
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Normas:Artículo 16 de la ley LSSICE (LEY 34/2002): Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio NO SERÁN RESPONSABLES por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es llícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
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