El Diputado del Común canario, Manuel Alcaide, aseguró ayer que la Justicia canaria es la segunda "por la cola" de toda España, después de registrar en 2007 un tiempo de respuesta medio de 6,75 meses por proceso. Además, destacó que la mayoría de las quejas que ha recibido de esta administración están referidas a su funcionamiento, a retrasos en la tramitación y la ejecución de las resoluciones.
El diputado del grupo parlamentario popular, Miguel Cabrera, calificó de "vagancia, dejadez, o miedo a equivocarse" la tardanza en la respuesta de las administraciones públicas a las reclamaciones, "vulnerando los principios más fundamentales". Sin embargo, aseguró que "es mejor dar una respuesta equivocada que evitar responder, porque significa que la reclamación es irrelevante".
En todo caso, las quejas en su conjunto descendieron un 21,7% en 2007, hasta alcanzar las 1.227, frente a las 1.569 reclamaciones del pasado ejercicio, según el quinto informe anual de la institución, que presentó esta mañana en en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento regional.
El Diputado del Común se refirió también a la gestión administrativa de subvenciones, y dijo que el pasado año se hicieron numerosas quejas en cuanto al tiempo de espera para obtener las tramitaciones referidas a este efecto. Alcaide destacó también el gran número de reclamaciones en el proceso selectivo en distintas administraciones públicas, además de las quejas recibidas en los servicio sanitarios.
"Los avances de la medicina no evitan que se sigan produciendo quejas de los ciudadanos. De hecho, la sanidad sigue siendo uno de los problemas que más preocupan a los canarios, junto a la vivienda y al paro. Por ello, cuando la Consejería de Sanidad se retrasa está afectando al derecho de los ciudadanos", aseguró. Así, los servicios sanitarios que más quejas tuvieron el pasado año fueron los de urgencias, así como las realizadas por deficiencias y reclamaciones de personal.
En Economía y Hacienda, los canarios reclamaron la falta de respuesta a sus solicitudes y la ausencia de responsabilidad por lo titulares. Por ello, Alcaide comentó, un año más, que los titulares de las administraciones "tienen la obligación de resolver las solicitudes que además colapsan los tribunales".