Empresuchas

La mitad de los abogados del Estado se van por el bajo sueldo

Escrito por Pirizoe el Domingo, 30 de Septiembre del 2007 a las 1:39 pm, 3,979 lecturas



Su principal destino es el bufete privado y la asesoría de empresas del Ibex

Hace unos días el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, manifestaron su profunda preocupación por la incesante fuga de abogados del Estado al sector privado.


Y no es para menos, pues de los 634 letrados que actualmente tiene el Estado, sólo 334 están ejerciendo las funciones de representación y defensa del ente público. El resto, 300 abogados, está trabajando en el sector privado: bufetes y gabinetes jurídicos de las empresas que cotizan en el Ibex-35.

Una de las principales razones por las que se marchan es por el sueldo que perciben de la Administración, alrededor de 70.000 euros brutos anuales.

En cambio, en los bufetes pueden alcanzar hasta los 500.000 euros brutos anuales. Estos funcionarios también se pasan al sector privado para mejorar carrera profesional.

La causa de esta deserción en masa no es ningún secreto: los abogados del Estado no están contentos con su sueldo. ¿Y la Administración es consciente de ello? La respuesta es un sí contundente.

El Ministerio de Justicia y su titular, Mariano Fernández Bermejo, conocen este problema y quieren mover ficha para remediarlo. El abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, que considera “un dolor de cabeza” la marcha de estos profesionales, explicaba en la presentación de la Memoria anual de la Abogacía del Estado, que “la Administración está intentando mejorar la situación de estos funcionarios aumentando su régimen retributivo todo lo posible”.

La Asociación de Abogados del Estado, que representa los intereses colectivos y corporativos del cuerpo, se ha encargado de mantener informados a los representantes del Ministerio acerca del pulso que están librando las empresas y el Estado en esta materia. Su vicepresidente, Edmundo Bal Francés, no esconde su preocupación: “Sufrimos un mal endémico de déficit de personal desde tiempo inmemorial”.

Y es que la falta de profesionales cada año se hace más evidente. El Ministerio de Administraciones Públicas, que es el encargado de autorizar el número de plazas que salen a concurso, este año ha concedido 20 y durante dicho periodo, según Bal, “se irán tantos abogados del Estado a la excedencia que los que se cubrirán con la nueva promoción”.

Más allá del bolsillo

Pero no todas las razones que esgrime el vicepresidente de la asociación se refieren al bolsillo. La reputación es otra de ellas, ya que el prestigio que da estar trabajando en un despacho de renombre no lo tiene el bufete del Estado. Además, el funcionario que se marcha al sector privado, que suele rondar los 30 años, desempeña un tipo de tarea radicalmente distinta.

“Estos chavales pasan de llevar toda la morralla del cuerpo a integrarse de buenas a primeras en el departamento civil o mercantil y llevar un arbitraje de nueve millones de euros”, ejemplifica Bal.

Todas estas justificaciones se unen al hecho de que el cuerpo adolece de medios materiales y humanos. Ni teléfonos móviles, ni ordenadores suficientes, ni coches de incidencias (tienen que ir a los pleitos con sus propios vehículos), y unas dietas pírricas, según denuncia Bal.

Por no tener, no tienen ni secretarias: “Hay unidades que no disponen ni de cuerpo de auxiliares”. Carencias, todas ellas, que han sido puestas en conocimiento del Ministerio de Justicia y que de momento no han sido subsanadas. Pero el vicepresidente de la Asociación de Abogados del Estado lanza un balón de oxígeno a sus superiores. “Me consta que el ministro comprende y comparte nuestras reivindicaciones y entiendo que hará lo posible para ayudarnos”.

La excedencia

¿Y qué razones dan los abogados del Estado que ya están en excedencia? Coinciden totalmente con las expuestas por la Asociación, la principal es la suculenta remuneración que reciben en el sector privado. Pero estos letrados, que se han convertido en socios, counsel o senior de despachos de prestigio dan otras razones.

Dicen, por ejemplo, que los bufetes aportan la posibilidad de ampliar su experiencia al ejercicio privado y de formar parte de un nuevo proyecto en su carrera. Este cambio de rumbo les permite trabajar en la abogacía como una profesión liberal en un entorno multinacional.

Otros alegan que la reducción competencial en la Administración del Estado, tanto a nivel central como autonómico y provincial, así como la atribución a otros órganos administrativos de competencias antes encomendadas al cuerpo, dejan poco margen de trabajo a estos profesionales. Lo que queda claro es que por unas o por otras circunstancias la abogacía del Estado está sufriendo una “sangría”, como la denomina el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer.

En esta huida al sector privado, los despachos de abogados son los grandes beneficiarios. Tras haber consultado más de medio centenar de bufetes, LA GACETA ha constatado el gran número de abogados del Estado que ejercen entre sus filas. En total son 61 los letrados que ocupan un cargo de relevancia entre las grandes firmas de la abogacía de los negocios. Las últimas incorporaciones las protagoniza el bufete Gómez Acebo & Pombo, que la semana pasada anunció el fichaje de dos cerebros de la Administración.

Los despachos que más han echado el lazo a estos profesionales son los grandes, debido a que cuentan con un área administrativa, donde la experiencia del abogado del Estado es valiosísima a la hora de interactuar con la Administración.

Cuatrecasas va a la cabeza de esos bufetes, seguido de Landwell PwC y Uría Menéndez. Reseñable es el caso de Ramón y Cajal, donde el 30% de los letrados de la firma son abogados del Estado. Un sinfin de despachos que ve en los abogados del Estado una fuente inagotable de talento.

La empresa privada también seduce a los abogados

Posiblemente el número de abogados del Estado que dejan la Administración para dedicarse a fondo en el asesoramiento jurídico de las grandes empresas sea muy superior al que se dedica al bufete privado.

Fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA han señalado que casi la totalidad de las empresas que cotizan en el Ibex-35 están asesoradas por uno o más abogados del Estado. Las empresas más importantes del país tienen claro que gran parte del éxito de sus organizaciones descansa sobre la gestión y calidad de sus recursos humanos.

Con esta premisa, la compañías líderes se afanan en buscar a los números uno de cada promoción, para tentarles con retribuciones galácticas y captarlos para sus respectivas causas.

Entre las piezas más codiciadas del mercado se encuentran decenas de abogados del Estado, cuyos expedientes académicos superlativos eclipsan al resto de los candidatos. También las empresas de cazatalentos conocen mejor que nadie que incluir a este tipo de profesionales en sus bases de datos es sinónimo de acierto.

Con reclutarlos cumplen gran parte de su trabajo; sólo falta que la empresa tire de talonario y fiche a su nueva estrella. El alto nivel retributivo del sector privado respecto al público es un anzuelo lo suficientemente goloso como para enganchar y convencer a los más remisos.

Así, las principales empresas del selectivo español atesoran a muchos de los abogados del Estado en sus filas. Sólo hay que echar un vistazo a los expedientes en algunos de los más recientes nombramientos para comprobar que el cuerpo jurídico del Estado goza de alto predicamento y reconocimiento en el sector privado.

Fuente: http://www.negocios.com/gaceta

Categoria: ABC-Empresas


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