Se roban profesionales y el nivel de rotación del sector es de un 30%, según AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España), que agrupa a 300 empresas de forma directa y a otras 1.000 indirectamente.
Jesús Banegas, su presidente, considera que es “una magnífica idea” que la Comisión Europa quiera poner en marcha la llamada tarjeta azul para facilitar la entrada de inmigrantes cualificados. Este sector crece el triple que la economía española, según AETIC, que cree que no queda tiempo para evitar un “estrangulamiento” económico.
“La iniciativa nos da la razón. Las propuestas europeas se aceptan en España con mayor naturalidad“, asegura Banegas, que lleva tiempo peleando en los ministerios una excepción a la política de inmigración que permita el desarrollo del sector.
Ingeniero o matemático
El perfil del profesional deseado es un ingeniero o licenciado en carreras técnicas (físicas, matemáticas…) que tenga unos 10 años de experiencia. El Gobierno, en principio favorable a la carta azul, debe estudiar el texto de la directiva europea antes de tomar una decisión, según la directora de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy.
José Manuel de Riva, presidente del Grupo Gesfor, en proceso de fusión con IT Deusto, asegura que en América Latina hay una oferta muy amplia de estos profesionales, con la ventaja de que no existe la barrera del idioma. Aunque la prioridad sea esta área, de Riva señala que no se puede renunciar a los profesionales de la India o a los de la Europa del Este.
Las TIC emplean de forma directa en España a 150.000 personas. Las perspectivas a medio plazo son duras. Banegas asegura que las escuelas y universidades cuentan cada vez con menos alumnos en carreras técnicas y que es imprescindible un cambio de mentalidad. “España fue el primer país en conectar en una red pública todos los terminales bancarios y es líder mundial en cajeros automáticos“, asegura Banegas para recalcar que la actual situación está congelando el desarrollo futuro.
“Nuestra petición va en la dirección en la que marcha la economía española. Se está cerrando el ciclo de la construcción y nuestro sector la puede reemplazar en la generación de empleo“, dice Banegas. “No se pueden poner barreras. En Gesfor cerca de 20 personas se han ido a trabajar a EE UU. Me parece bien, pero hay que tener reciprocidad”, añade de Riva.
“Hay que competir directamente con la llamada green card. El desarrollo de una multinacional no puede esperar un año“, dice Banegas, que defiende que la apuesta de la Administración de George Bush por atraer cerebros ha impactado directamente en el crecimiento. Un reciente estudio de AETIC, el Ministerio de Industria y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones muestra que cada puesto senior requiere equipos de entre cinco y 10 júnior.
El autor de la propuesta europea, el vicepresidente de la Comisión, Franco Frattini, ha recordado que en 2050 un tercio de los europeos tendrá más de 65 años. En EE UU, el 3,2% de los trabajadores son inmigrantes altamente cualificados y en Australia, el 9,9%. En la Unión Europea, apenas representan el 1,72% de la fuerza laboral.
Trampas habituales
En España las cosas son especialmente complejas. Francisco Marín, presidente de Eliop, asegura que para poder traer a tres peruanos que necesitaba urgentemente tuvo que recurrir al embajador porque la burocracia lo hacía imposible. Las empresas más avezadas buscan fórmulas tramposas. Algunas han ido a países de la UE, como Alemania, donde el trámite para captar personal cualificado es más ágil.
Rodríguez-Tarduchy asegura que el Gobierno está dispuesto a tomar medidas para este sector. Como garantía, exige que se compruebe antes que en España no hay nacionales o residentes extranjeros capacitados para cubrir el puesto, una condición que aceptan las empresas.
Hasta ahora, la única respuesta ha sido una norma del pasado marzo que autoriza “la entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral…”. AETIC lo considera insuficiente porque limita las entradas a empresas de 1.000 trabajadores, con una inversión anual en España de 200 millones de euros. El tejido de tecnologías de la información cuenta con grandes firmas y pymes.
Rodríguez-Tarduchy dice que se debe buscar otro mecanismo, pero valora que el proceso de entrada de un inmigrante que reúna las condiciones de este decreto sea de 20 días.
Top Comentarios