Las redadas policiales contra inmigrantes en situación administrativa irregular, iniciadas hace meses en grandes ciudades de la Península, a pesar de ser negadas por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han llegado a Tenerife.

El pasado martes, dos zetas de la Policía Nacional “bloquearon” la entrada y la salida del comedor social La Milagrosa, en Santa Cruz, regentado por las Hermanas de La Caridad, en la calle la Noria, “y entraron al lugar, que estaba lleno de personas que acuden diariamente a comer, pidiendo papeles”, tal y como manifestaron a EL DÍA testigos presenciales de los hechos que han solicitado el anonimato. Precisaron que los agentes se llevaron en los furgones a un buen grupo de inmigrantes, 17 en total, “entre ellos, un africano que lleva por lo menos 20 años en Tenerife”, tal y como manifestó un testigo que conoce bien a las personas que van a comer allí.

Estos inmigrantes se encuentran ya en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Hoya Fría y entre ellos figuran algunos que viven en Tenerife desde hace más de tres años y que no podrían ser expulsados al acreditar la circunstancia de arraigo.

El familiar de una de estas personas que está retenida en el centro de internamiento tinerfeño manifestó a este diario que ayer solicitó cita telefónica para entrevistarse con su allegado y la primera hora disponible que le ofrecían para la entrevista era para el día 26 de junio. Denunció este retraso por “la incertidumbre que tenemos sobre su futuro”, precisó.

Asimismo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia tinerfeña aseguraron que desconocían la existencia de redadas de inmigrantes en la Isla y alegaron que la información debería facilitarla el gabinete de prensa de la Policía. Las mismas fuentes precisaron que en Hoya Fría se encontraban a día de ayer 87 personas.

El abogado experto en extranjería y presidente de CEAR en Euskadi, Javier Galparsoro, consultado por este periódico respecto a los hechos acaecidos esta semana en la capital tinerfeña manifestó que tenía conocimiento de este tipo de acciones en otras ciudades españolas. En su opinión, “la policía recibe órdenes no escritas para llevar a cabo estas acciones” y recordó que la situación administrativa irregular en una persona inmigrante que llevan años en España “es una infracción que se salda con una multa”. Precisó que en España son más de un millón las personas en situación administrativa irregular y recordó que los jueces están paralizando las expulsiones de las personas en esta circunstancia.

Fuente: eldia.es