La Secretaría de Estado de la Seguridad Social negó ayer en un comunicado que especule con las viviendas de su patrimonio que tiene arrendadas y afirmó que cumple con el mandato legal de ofrecer a sus inquilinos el derecho de tanteo sobre la compraventan del inmueble en el que viven.

La Seguridad Social responde así a un informe del Tribunal de Cuentas presentado el pasado mes de diciembre, en el que se denunciaba "falta de transparencia" en la fijación de los precios de venta de las viviendas de la Seguridad Social, "muy inferiores" a los precios de mercado si éstos hubiesen sido calculados suponiéndolas libres de arrendamiento.

"La Seguridad Social siempre ha preferido vender las viviendas a los arrendatarios, que pagan un precio muy módico y tenían derecho a todas las transmisiones legales (viuda, hijos) con la expectativa de periodos de ocupación dilatados, antes que desahuciarles y venderlas más caras", subraya.

Además, explica que las viviendas arrendadas no se pueden vender a sus inquilinos al valor de mercado, pues esto sólo es aplicable a viviendas vacías, libres de inquilinos y cargas.

En este sentido, afirma que en los últimos años se ha intensificado la oferta a los inquilinos de compra de los pisos que ocupaban, de acuerdo con las tasaciones realizadas por Segipsa, Sociedad Pública dependiente de Patrimonio del Estado.

"La Administración de Seguridad Social ha utilizado a Segipsa como un tasador acreditado precisamente siguiendo recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que ha criticado con dureza tasaciones realizadas por algunos tasadores privados, a su juicio insuficientemente fundadas", apunta.

DEJAR DE SER PROPIETARIA DE INMUEBLES.

Según la Seguridad Social, el precio de venta "se ajusta escrupulosamente" a la tasación y es inferior al que resultaría de liberar los pisos mediante desahucio de los inquilinos y posterior subasta del inmueble.

En este punto, señala que el procedimiento de desahucio y subasta no sería compatible con los objetivos de la política social de vivienda fijados por el Gobierno y las Cortes Generales, y que el acceso a la propiedad de los inquilinos por un precio estipulado por un tasador independiente sí garantiza la compatibilidad de intereses entre los objetivos de los distintos departamentos.

Además, apunta que vendiendo los inmuebles a precios de mercado, tal y como defiende el Tribunal de Cuentas, los resultados no son satisfactorios, en ocho de cada diez casos la subasta de los inmuebles quedó desierta en 2008 y la recaudación por esta vía se vio reducida en 21 millones de euros.

En todo caso, la Seguridad Social expresa su deseo de abandonar "cuanto antes o como mínimo disminuir" su posición como propietario y arrendatario de bienes inmuebles, situación que ha heredado como gestora de los bienes del extinguido Mutualismo Laboral.