Emancipar a lo sueco, pero en España

Las personas que más necesitan ayudas al alquiler son los pensionistas y los trabajadores en precario de edad avanzada

Manuel de Castro García
Rebelión

El PSOE puede llegar a extremos de ‘relajación moral’ ciertamente insuperables. Se aprovecha de que la derecha española está dominada por unos ultras tenebrosos, políticamente suicidas, para hacer lo que le viene en gana con el denominado centro, un lugar en el que las propuestas que se hacen a la gente sólo tienen una motivación electoralista, nunca ideológica, moral o tan siquiera de índole partidaria. Están encantados de compararse –y codearse- con una derechona tan bruta que les hace parecer como de izquierdas. Se diría, en apariencia, que no hay un lugar político a su izquierda.

La propuesta de subvencionar los alquileres de los jóvenes –así, a bulto, porque afectará a casi todos los jóvenes vengan de la familia que vengan, incluidos aquellos a los que papá pone un descapotable en la puerta- podría resultar muy útil en los países más adelantados de Europa, en los que las personas jubiladas o los trabajadores de cincuenta años o más llevan una vida segura y estable, unos con una pensión digna y otros con un marco laboral medianamente seguro.

En esos países aventajados como Suecia, la emancipación de un chaval de 25 años puede ser una cuestión de cierto interés general que en España sólo deberíamos contemplar para envidiarlo, no para imitarlo, porque aquí existen dramas espantosos de miles de personas de cierta edad, que no tienen ni la posibilidad de esperar un futuro mejor o de defenderse, desde un cincuentón que trabaja en precario en la hostelería hasta una viuda que tiene que comer y pagar su alquiler con menos de 400 euros al mes, pasando por un separado/a que, pasados los treinta, tiene que lanzarse a vivir en solitario o con sus hijos.

Eso son prioridades sociales, y no un chaval de 25 años con un sueldo anual de 20.000 euros, una cantidad que muchos de estos adultos en situación dramática no habrán soñado con percibir jamás.

En España, y no en Suecia, la mayoría de personas que precisan mayor atención pública está dentro del tramo de edad superior a los 50 años, en aquellos casos de pensionistas de bajas percepciones y de trabajadores con sueldos en precario y sin formación, que son una delicia para algunos empresarios porque saben que, literalmente, no tienen dónde caerse muertos y tragarán con cualquier tipo de explotación. Estos desgraciados y no los jóvenes formados y con 20.000 euros son los que, a la vez, compiten laboralmente con los cientos de miles de inmigrantes que –con todo el derecho del mundo- escapan de un infierno peor en sus países por un puesto en una subcontrata de la construcción, en la hostelería o en el trabajo doméstico. El desprecio de la Administración hacia estas personas, los verdaderos olvidados e invisibles, es una evidencia de su frivolidad electoral.

Puede sonar muy primario, pero no se puede gobernar con justicia si un político deja de vivir como un ciudadano normal. Es como poner un chófer al concejal de Tráfico que debe estudiar un plan sobre la necesidad de aparcamientos.

No hace falta extenderse –porque ya lo han advertido numerosos expertos- en explicar que estas subvenciones provocarán una inflación del mercado del alquiler, especialmente en barrios de gente joven, en los que los rentistas aumentarán sus beneficios a costa de nuestros impuestos.

En esas zonas en las que se incrementen los precios del alquiler los más perjudicados serán, una vez más, las personas mencionadas en el tercer párrafo, que no sólo no tendrán ayudas al alquiler sino que verán reducida su capacidad adquisitiva en el nuevo mercado, que será más caro. El Gobierno propondrá cualquier medida, incluido el gasto público en subvenciones descontroladas, con tal de no enfrentarse al verdadero problema: la macro y la microespeculación inmobiliaria.

La microespeculación es la de esos miles de propietarios que cobran tal cantidad de dinero que rápidamente acaban saldando sus hipotecas y reorientando el beneficio para comprar nuevos pisos para nuevos alquileres. A este escarnio con el dinero y el suelo públicos se le llama, en España, inversión, carácter emprendedor.

Es como si, ante una avalancha de atracos, el gobierno de turno vuelve a dar dinero a los atracados en lugar de parar a los ladrones. El problema del urbanismo no está (solamente) en los grandes promotores sino en los millones de españoles miserables que cogen su pequeña tajada. Juntos suman más poder de compra y, sobre todo, más votos decisivos, que cualquier gran constructora. Los grandes buitres de la promoción inmobiliaria crecen porque miles de nuestros vecinos participan en el juego y se meten en hipotecas eternas “para invertir” a pesar de que ya tienen cubierta su primera y a veces su segunda vivienda.

Pero nadie se atreverá a enfrentarse a ellos con medidas impopulares aunque sean consideradas éticas. Ya he dicho en otras ocasiones que las sociedades se regulan y legislan en función de sus códigos morales –si algo es mayoritariamente inmoral, se legisla contra ello- a excepción de aquellos hechos inmorales que afectan directamente al poder económico.

Es el único caso en el que no se legisla de acuerdo a la moral general, como si hubiera una ley divina, suprema, que protegiese el poder económico por encima de cualquier debate humano. Deberíamos reflexionar sobre esta idea y sobre la pretensión de legislar en bruto: no importa la edad sino la necesidad; eso es estar a la izquierda del PSOE.