Esta decisión supondría que el banco pasase de ser el principal acreedor de la cooperativa a uno de los últimos, al anularse los avales con los que se garantizó un préstamo de 15 millones

Reunión de los perjudicados de la cooperativa tierra de calatrava.
Tomás Ferández de Moya

Los administradores concursales que se encargan de la gestión de la cooperativa Tierra de Calatrava estudian anular las garantías hipotecarias que la sociedad firmó con el Banco Santander el pasado 4 de diciembre de 2008 para la solicitud de un préstamo de 15 millones de euros para la compra de los terrenos de Ballesteros de Calatrava. El abogado y los dos economistas que gestionan ahora Tierra de Calatrava informaron ayer a casi 400 perjudicados de ésta y otras decisiones que han adoptado tras la declaración del concurso de acreedores.
Ésta era la primera reunión que se convocaba desde la asamblea de socios celebrada el pasado 9 de febrero, unos días después de que los ahorros de más de mil personas (600 socios y 400 clientes) quedaran retenidos en la sección de crédito de la sociedad agrícola, tras decidir el BSCH suspender todas las operaciones con Tierra de Calatrava al detectar «irregularidades» en la contabilidad.

La posible anulación de las garantías hipotecarias de la cooperativa con el BSCH supondría que la entidad financiera pasará de ser el principal acreedor de Tierra de Calatrava (que se denomina privilegiado) a uno de los últimos (subordinado). Esto supone que si finalmente se alcanza un convenio para poder hacer frente a las deudas de la sociedad, el Banco Santander podría ser uno de los últimos en cobrar y también supondría una disminución de la cantidad que perciba.

Los administradores explicaron a los socios que esta «acción de reintegración», como se denomina en el proceso concursal, se adoptaría porque la firma de dicho préstamo hipotecario de 15 millones de euros se firmó en fechas próximas a la presentación del concurso de acreedores por parte del Consejo Rector y podría haberse realizado conociendo la mala situación económica de la cooperativa agrícola.

Además de este asunto, los administradores informaron a los perjudicados sobre las actuaciones adoptadas desde su nombramiento por el juez de lo Mercantil el pasado 13 de marzo. Entre estas decisiones se encuentran la apertura de una cuenta en otra entidad bancaria para el cobro de los prestamos concedidos por la sección de crédito y la comunicación al juzgado de las deudas que justificaron los socios y clientes.

También se están tramitando las subvenciones concedidas a la cooperativa por la Junta de Comunidades, pero que no han sido abonadas, por valor de 1,2 millones de euros. Para poder percibir estas ayudas es necesario la elaboración de un plan de viabilidad, que la administración concursal ha encargado a una empresa independiente «con un afán de transparencia y para que no puedan desdibujar la verdadera situación de la sociedad», señaló el abogado Francisco Javier Lara López.

Fuente: latribunadeciudadreal