Castilla y León es la única comunidad donde los trabajadores públicos menos cualificados tienen un salario inferior al de los gallegos, según un informe

MÓNICA VÁZQUEZ / SANTIAGO

Las diferencias salariales entre comunidades ricas y pobres también afectan a los empleados públicos, que no cobran lo mismo si desempeñan sus labores dentro de la Administración vasca, balear o canaria que si lo hacen para los gobiernos de Galicia o Extremadura. La Xunta es, de hecho, una de las administraciones autonómicas que menos paga a sus funcionarios, con diferencias que en algún caso concreto hacen que los trabajadores públicos gallegos cobren hasta un 32% menos que sus homólogos de otras comunidades.

Según un informe de la Unión Sindical Obrera (USO) elaborado con datos de 2007 del Ministerio de Administraciones Públicas, los funcionarios gallegos de los grupos D y E -es decir, aquellos de menor cualificación- tienen los sueldos más bajos de España junto con sus homólogos de Castilla y León, que cobran incluso menos por desempeñar las mismas funciones.

El caso más sangrante en Galicia es el de los empleados públicos del grupo D, el más numeroso dentro de la Xunta (con 3.346 funcionarios) y el peor remunerado en comparación con el resto de España. A un auxiliar que acabe de empezar a trabajar para la Administración gallega y pertenezca al nivel más bajo de su categoría le corresponde un sueldo base de 14.248 euros, mientras que un trabajador público de la Administración vasca con la misma antigüedad y funciones cobrará 21.085 euros, es decir, 488 euros menos cada mes.

Un desfase similar se da también entre los funcionarios de la Xunta del grupo E (con un salario base de 12.168 euros) y sus homólogos en el Gobierno vasco (17.699 euros). Y aunque las diferencias porcentuales no son tan acusadas, tampoco salen bien parados de la comparativa los trabajadores de la Xunta con títulos superiores, ya que por desempeñar las mismas tareas cobran un 23% menos que los funcionarios del grupo A de Canarias.

Teóricamente todos los empleados públicos españoles de la misma categoría deberían percibir sueldos muy similares con independencia del lugar en el que desempeñen su labor porque son los presupuestos generales del Estado los que fijan los salarios base para todos los funcionarios. En la práctica, sin embargo, estas cuantías se superan con creces porque las comunidades tienen margen de maniobra para fijar por su cuenta determinados complementos, como el de destino o el específico.

Son este tipo de conceptos los que engrosan las nóminas de los trabajadores públicos en comunidades como Euskadi, Canarias, Baleares o incluso Asturias, que también paga mejores sueldos que la Xunta a sus funcionarios en cualquiera de las cinco categorías. “Las diferencias salariales no son ni buenas ni malas y hasta cierto punto incluso son lógicas. Pero que sean tan grandes empieza a ser preocupante y es algo que hay que atajar”, alega José Luis Fernández, secretario de Comunicación de USO.

Funcionarios del Estado
La “competencia” entre las comunidades es tal que ha acabado relegando a los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado (AGE) al último lugar en casi todas las categorías hasta el punto de que, de media, cobran entre 6.000 y 8.000 euros menos que los funcionarios de las comunidades que mejor pagan.
Las diferencias salariales de unas regiones a otras no convencen a los sindicatos, que reclaman una homologación o, al menos, que se fije “un abanico razonable” en el que tengan que moverse y que obligue a las comunidades a justificar de forma objetiva sus complementos. “Que un funcionario gane más en Canarias por el carácter de insularidad es razonable, pero cómo se justifica el resto. Tiene que haber un marco estatal base y a partir de ahí, que las comunidades puedan incentivar el trabajo con complementos pero no regalarlos”, propone Fernández.

Además, las primas que ofrecen algunas comunidades a sus funcionarios se convierten en un aliciente para decenas de empleados públicos, sobre todo de la Administración central, que se presentan a concursos de traslados, sobre todo en comunidades limítrofes, para tratar de mejorar su poder adquisitivo.
Sin embargo, no sólo hay grandes diferencias salariales entre funcionarios de distintas administraciones. Las desigualdades dentro de la propia Xunta también son significativas. Así, mientras un funcionario de la Xunta de las categorías B o C -titulados medios y administrativos, respectivamente- percibe un salario por encima de la media española, los trabajadores mejor cualificados (grupo A) son los terceros por la cola en cuanto a remuneración.

Fuente: [1] http://www.farodevigo.es/