Cerca de dos millones y medio de empleados públicos pertenecientes a la Administración central, autonómica y local verán incrementados sus salarios el próximo año en torno a un 4% por todos los conceptos.

Esto supone un punto más de lo que tiene previsto el sector privado.

Este incremento se debe a que los salarios públicos no tienen cláusula de revisión salarial, por lo que han visto mermado su poder adquisitivo ante las sucesivas desviaciones de la inflación. Para compensarlo, el Gobierno ha pactado con los sindicatos una serie de fórmulas que permitan que su incremento se iguale al del sector privado.

De esta manera, la subida salarial media para todos los empleados públicos es del 2%. A esta cifra hay que sumar un 1% para incorporar el complemento específico a las pagas extraordinarias, subida que está previsto completar con otra en el 2009 hasta que se haya incorporado el ciento por ciento de dicho complemento. Con estas medidas se pretende conseguir que las pagas de los empleados públicos se aproximen al salario real.

A las subidas anteriores hay que añadir un 0,5% en forma de aportación de los planes de pensiones. De esta manera, la subida final se situará en el 3,5%. Además, cada Administración ha empezado a negociar un aumento retributivo adicional que se situará de media entre el 0,4 y el 0,5% para mejorar determinados complementos. El objetivo de los sindicatos es que el reparto se fije en la mesa de la Función Pública y que no sea decidido discrecionalmente por la Administración.

Este aumento salarial afectará prácticamente por igual a los 553.400 funcionarios de la Administración general del Estado, incluyendo Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado. También se aplicará a la nómina de las autonomías, que ya se eleva a 1,260 millones, y la de las administraciones locales, que se eleva a 602.000.

Este fuerte aumento salarial explica en buena medida que los gastos de personal de los 2,415 millones de funcionarios de todas las administraciones se eleve el próximo año a 31.290 millones de euros, que supone un aumento del 6,9%.

El Gobierno ha justificado este fuerte aumento del gasto en la mejora retributiva y la ampliación de la plantilla de las fuerzas de seguridad, y más concretamente por la dotación de la Unidad Militar de Emergencias.

A esto hay que sumar que en los presupuestos se establece que el número total de plazas de nuevo ingreso para el resto del personal del sector público no podrá superar el 100% de las vacantes que queden libres, con la excepción del personal de justicia y de la dotación del plan de dependencia.

La pretensión del Gobierno es ir reduciendo las elevadas tasas de temporalidad que existen en la Administración pública y que se sitúan en el 26,3%. El objetivo es situarla en el 10% en el año 2010, de acuerdo con el pacto alcanzado en el Estatuto de la Función Pública. Esto supone una profunda transformación, sobre todo en las administraciones locales y autonómicas, que es donde se concentran las mayores tasas de temporalidad (en la Administración central no supera el 8%).

En este contexto, el Gobierno había planificado una profunda reforma de la Administración pública para frenar el aumento del gasto en personal. Dado que no se ha podido concretar esta legislatura, será uno de los elementos que recogerá el programa electoral socialista. Su objetivo es concentrar la nómina de todos los funcionarios en un solo órgano gestor, como si se tratase de una empresa en la que la política de personal está centralizada. Actualmente, cada ministerio toma sus propias decisiones.

MARIANO GUINDAL
La Vanguardia