Unos 2.500 funcionarios de Justicia en Castilla y León (9.000 en toda España) están llamados a una huelga general a partir de hoy para exigir la homologación salarial entre los trabajadores pertenecientes a órganos de la Administración judicial que no está transferida y aquellos que dependen de las comunidades autónomas donde tienen competencias.

Los responsables de UGT, CC.OO, CSI-CSIF y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ofrecieron el pasado miércoles en Valladolid una rueda de prensa previa a una asamblea de trabajadores que se desarrolló en la capital para informar sobre la convocatoria de huelga, que consideran que tendrá un importante respaldo de los funcionarios.

El coordinador estatal de Justicia de Comisiones Obreras, Javier Hernández, explicó que las diferencias laborales entre los trabajadores que dependen directamente del Ministerio y los que se encuentran en órganos competencia de las comunidades autónomas puede llegar a 200 euros mensuales, lo que suponen cantidades de 2.400 euros al año menos para los empleados de servicios no transferidos.

En concreto, los trabajadores afectados son los de las comunidades de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, así como los de Ceuta y Medilla y los órganos centrales radicados en Madrid como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Registro Civil Central o la Fiscalía General del Estado, entre otros.

Hernández considera ‘inadmisible’ que el Ministerio se niegue a negociar cuando se habla de criterios de homogeneidad para trabajadores que prestan los mismos servicios, una reivindicación de hace más de diez meses.

Por ello, exigió que el Ministerio convocara a más tardar el viernes la Mesa sectorial o de lo contrario advirtió que seguiría adelante esta huelga indefinida a partir de hoy, la cual se muestran convencidos de que contará con un respaldo ‘unánime’.

Por su parte, el responsable de UGT, Joaquín Vela, añadió que las diferencias también son de las condiciones de trabajo, las cuales se pide que también sean similares en todo el Estado.

La consecuencia si no se llega a una solución, según Vela, es que se podría llegar a una Justicia ‘de primera y de segunda’ con funcionarios motivados que saquen adelante un trabajo y otros que no tengan la misma motivación.

MEJORAS EN JUSTICIA.

El ‘fin último’ de las movilizaciones es mejorar un servicio público, por lo que también pidió la comprensión del ciudadano, ya que la situación podría agravarse el próximo año con diferencias salariales mensuales que llegarían a los 300 ó 350 euros.

Además, aseguró que los trabajadores se comprometen a su vez a colaborar en las mejoras de la Oficina de Justicia una vez que se negocien estas reivindicaciones.

Vela recordó que en otras ocasiones siempre los servicios mínimos impuestos llegaron incluso a un 30 por ciento y a veces fueron abusivos, por lo que se llegó a impedir el derecho a la huelga de algunos trabajadores.

El responsable de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, incidió en que además de los temas económicos hay otras cuestiones que son objeto de reivindicación como la mejora de las guardias, el régimen disciplinario o el sistema de promoción de los funcionarios.

Martín hizo extensiva la petición de comprensión a los jueces y magistrados, además de a los ciudadanos, porque considera que no ha quedado otra solución que la huelga general tras haber agotado ‘todas las vías habidas y por haber’.

Los responsables sindicales aseguraron que esta huelga provocará retrasos en los procesos ordinarios, pero tal y como recordó Vela, las citaciones y comparecencias que haya que tramitar y se suspendan con la movilización tendrán que volverse a hacer, lo que ‘al final’ supondrá sacar adelante todo el trabajo acumulado.

Europa Press