La Comunidad no les contempla en la convocatoria de plazas para cubrir las especialidades de los centros, que abrirán en 2008

AITOR RIVEIRO - Madrid

El 19 de septiembre la Comunidad de Madrid publicó en su Boletín Oficial la convocatoria de plazas para cubrir las especialidades médicas de los ocho nuevos hospitales que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre tiene previsto abrir durante 2008. ¿Todas? No. Entre ellas, no se encuentran profesionales de laboratorio. El colectivo vive desde entonces con una gran incertidumbre porque ellos no están contemplados.

Y no se han convocado plazas pese a que, según denuncian las asociaciones profesionales del sector, el proyecto de la Consejería de Sanidad, dirigida por Juan José Güemes Barrios, prevé la creación de un laboratorio de urgencia en cada uno de los nuevos centros y un laboratorio central al que se remitirán las muestras de los pacientes. Su conclusión es que la Comunidad de Madrid ha optado por privatizar el servicio de forma encubierta.

La primera consecuencia para dichos especialistas si se cumplen sus temores será laboral. Tal y como denuncia el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica, Marciano Sánchez-Bayle, la población ya está siendo atendida en los actuales centros, por lo que habrá que derivar carga de trabajo al nuevo sistema en detrimento de “los recursos materiales y humanos con los que hoy contamos, que se verán infrautilizados”.

Una labor desconocida

Esta situación genera miedo entre los especialistas que, pese a acceder a hablar con ELPAÍS.com, rehúsan ser identificados. “Van a abrir ocho hospitales y no sabemos ni con qué dotaciones contarán”, asegura un microbiólogo de uno de los hospitales de referencia de Madrid. “Además”, subraya, “los nuevos laboratorios nacerán muy limitados porque deberán mandar casi todas las muestras a un laboratorio central”. Dicho centro no será inaugurado antes de dos años y, de momento, no saben qué hospital actuará de referencia para los que se vayan abriendo a lo largo de 2008.

Este profesional defiende que su labor es desconocida, pero importante. “Si viene un paciente con un posible caso de tuberculosis, por ejemplo, en una hora podemos determinar si existe riesgo de infección. ¿Cuánto se va a tardar ahora si el laboratorio al que hay que mandar la muestra está en la otra punta de la ciudad?”. Pero no es lo único que hacen, y aquí viene la segunda consecuencia. Aconsejan a los médicos sobre los tratamientos de los pacientes, participan en la política de uso de antibióticos (lo que evita que los agentes infecciosos se vuelvan resistentes a ellos), advierten de posibles alertas sanitarias, contribuyen a la investigación científica.

Es decir, su interacción con los clínicos y su participación en el día a día del hospital agiliza los tiempos de respuesta, hace más cercana la gestión y, en definitiva, aportan su granito de arena a la calidad final de la sanidad. Sin embargo, no hacen una defensa apasionada del sistema actual y entienden que centralizar determinadas prácticas puede ser útil e incluso necesario porque no todas las especialidades tienen un contacto directo con los médicos. Y este es otro problema, la desunión: “Cada uno va un poco a lo suyo. Es un colectivo muy heterogéneo y con intereses diversos”. ¿Y los políticos? “La oposición está a por uvas”.

Otro paso más

Y pese a esta desunión, no han perdido la esperanza. El 4 de diciembre la Mesa de la Sociedad Madrileña de Microbiología presentará un informe cuyo contenido no quieren desvelar hasta que no esté concertado, aunque expresará su malestar por el proyecto de Güemes. Quien sí da su opinión es la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica. Para Sánchez-Bayle la iniciativa del Gobierno de Esperanza Aguirre es muy negativa y sólo responde a los intereses de la Comunidad de Madrid de privatizar la asistencia sanitaria

Tanto para este colectivo como para las asociaciones que representan a los profesionales del sector, el plan de la Consejería de Sanidad (con quien ELPAÍS.com intentó, sin éxito, ponerse en contacto) sólo puede desembocar en la desmantelación de parte de la Sanidad Pública, la desaparición de las cinco especialidades que se pretende externalizar (Análisis clínicos, Bioquímica clínica, Inmunología, Microbiología y Parasitología) y la consiguiente merma en la calidad del servicio que ofrecen a los pacientes a través de los clínicos ya que la privatización encubierta del servicio lleva a la búsqueda de negocio, de ganancias y de rentabilidad económica a corto plazo.

Fuente: http://www.elpais.com/