Sólo 150 trabajadores de los casi 400 que prestaban sus servicios en Mildred tiene trabajo actualmente, la mayoría de ellos empleos temporales.

Así lo ha confirmado el martes el consejero de Economía, Alberto Larraz, quien ha asegurado además que tanto desde el Ejecutivo autonómico como desde el Inaem se tiene un seguimiento individualizado de cada caso para “seguir haciendo todo lo posible”.

Con estas cifras, a 15 de noviembre, 208 oscenses que perdieron su puesto en la fábrica de bollería industrial continúan en paro, lo que supone algo más del 60% del total.

Éstos son algunos de los datos que se han podido conocer ayer tras la comparecencia conjunta del titular de Economía de la DGA y del consejero de Industria, Arturo Aliaga, como respuesta a la solicitud del grupo de Chunta Aragonesista.

Las Cortes de Aragón han recibido las explicaciones de la actuación gubernamental en la crisis de esta empresa oscense durante una jornada en la que la polémica ha estado centrada en la calidad de los empleos creados y en las acusaciones del portavoz nacionalista de electoralismo sobre esta cuestión, por prometer encontrar una solución en los pasados meses de marzo y abril, con las elecciones de mayo a la vista.

De acuerdo con las cifras que ha facilitado Larraz, tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Mildred, en el mes de junio un total de 239 despedidos, el 65% del total, participó en un programa de formación organizado conjuntamente por el Inaem, CCOO, UGT y la Fundación San Ezequiel Moreno. “A lo largo del tiempo se desarrollaron cursos y procesos que otorgaron otra cualificación profesional a 124 trabajadores”, ha recordado Larraz.

Después del ERE definitivo de extinción, los que presentan más dificultades para la recolocación siguen en un programa y han recibido un total de 115 ofertas para 132 trabajadores, pero algunas han sido rechazadas bien por los interesados o bien por las empresas, según ha informado Larraz.

CONDICIONES Y SALARIOS

Tras la presentación de estos datos, la oposición ha centrado sus críticas y preguntas en torno a la calidad y duración de los empleos que se están ofreciendo a los afectados por el cierre de Mildred. “Más que el número de empleos, lo que es necesario saber es el nivel de éstos, las condiciones. Ustedes tenían una promesa con los despedidos que han incumplido.

Por eso, lo que hay que hacer ahora es apostar por el tejido industrial. Aquí es donde tiene que aparecer el esfuerzo conjunto de DGA, Ayuntamiento de Huesca y otras instancias”, ha defendido el portavoz de CHA, Chesús Yuste. Además, ha añadido: “No sé porque tenían tanto miedo a comparecer y porque se ha retrasado tanto el debate parlamentario. A lo mejor es porque las promesas se realizaron quizá al calor de una campaña electoral”.

En esa línea de mejores condiciones laborales ha opinado el diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena. “Ya sé que el paro está por debajo de la media y que las cifras de desempleo en Aragón son optimistas, pero también sé que la mayoría de los nuevos empleos de los despedidos de Mildred son temporales, no se crean fijos.

Siempre lo recordamos desde nuestro partido, pero hay que impulsar empleo de calidad”, ha comentado. Sobre esto, Larraz ha defendido que los sindicatos también están informados en todo momento de las condiciones y los programas con más de seis documentos enviados al respecto.

Por su parte, el consejero Aliaga ha explicado que en torno a Mildred se ha hecho todo lo posible. “Si no se ha hecho más ha sido porque no se ha podido, porque no se ha encontrado un comprador.

En cada uno de los cinco periodos la DGA ha estado participando activamente, incluso en vacaciones para tener en cuenta este proceso”, ha defendido el titular de Industria. Además, ha criticado que la aparición de nombres de empresas posibles compradoras generó problemas, ya que se anularon visitas y reuniones.

CRISIS DESDE 1999

En su comparecencia, Aliaga ha detallado con precisión todo el proceso de crisis de Mildred, remontándose hasta principios de los años noventa, cuando las empresas Unipasa y Pauni constituyeron la actual Mildred. Después, ya casi en el año 2000, comenzaron las intervenciones de la DGA.

“En aquel momento se produjo una suspensión de pagos, en la que negociamos con proveedores, acreedores y entidades financieras y conjuntamente desarrollamos un calendario de pago”, ha comentado el titular de Industria.

Después, ha explicado que en diciembre de 2006 se detectó el primer impago de estas fechas acordadas en aquella reunión más de seis años antes. “En cuanto nos enteramos nos pusimos en marcha. Los problemas eran dos: por un lado las dificultades técnicas para poner en marcha nuevas líneas y por otro la negativa del único cliente, Lidl, para repercutir en el precio la subida de las materias primas”, ha informado.

A partir de ahí, comenzó el proceso de inviabilidad financiera que llevó a la administración concursal que tendrá que determinar, ya en el día actual, el auto de cierre y liquidación de los activos.

Además, el consejero de Industria también ha explicado las subvenciones que se le dieron a la panadera, defendiendo en todo momento este tipo de ayudas para empresas que crean empleo en la Comunidad. “En el año 2005 los directivos de la compañía vinieron y presentaron sus planes de inversión.

Contemplaban un incremento de capacidad productiva en torno a tres millones de euros con 90 empleos, que después fueron más. Se hizo también una permuta de suelo para facilitar esta expansión”, ha defendido Aliaga.

En este punto donde también se han centrado las críticas de la oposición. El portavoz del grupo popular, Antonio Torres, ha denunciado que estas ayudas se dieron sabiendo ya de la mala gestión de los directivos de Mildred. “Determinadas ayudas tienen que tener cautelas jurídicas para impedir que el patrimonio público pueda acabar aguantando una empresa que ya no era viable”, ha sentenciado el diputado del PP.

Además, en esta línea Torres ha coincidido con el diputado de IU, quien también ha reclamado más prudencia a la hora de repartir subvenciones. “Las empresas vienen a golpe de apoyos y ayudas cuando esto les resulta atractivo. No estamos en contra de ello, pero sí de que se den sin garantía de contraprestación cuando toman una decisión de este tipo”, ha comentado Barrena.

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