Lo que parecía una nueva tormenta laboral en la fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona se solucionará por una vía alternativa. Después de haber convocado un día de huelga que finalmente se aplazó, la mayoría de los trabajadores han decidido poner en manos de un árbitro el conflicto generado por la intención de la multinacional de restringir el acceso al menú subvencionado que cuesta 16 céntimos.

La dirección de Nissan Motor Ibérica pretende cumplir a rajatabla la normativa sobre comedores en empresas, por lo que plantea que solo puedan comer el menú diario los trabajadores con turno partido de 8 de la mañana a 5 de la tarde –básicamente el personal administrativo–, lo que dejará sin comida a los operarios de la cadena que tienen un horario intensivo.

Bocadillos subvencionados

A cambio, la compañía les ofrece bocadillos a 60 céntimos. "Consideramos que no tenemos obligación de dar el menú subvencionado a los trabajadores que acaban el turno a las 2, pero sí a facilitarle comida durante su horario, por lo que proponemos el bocadillo subvencionado", dijo ayer un portavoz de Nissan. Después de un intento de aplicar un nuevo horario que impedía a los operarios de turno intensivo comer el menú, mantiene por ahora el statuto quo.

En cambio, los sindicatos argumentan que el menú se ha convertido en un "derecho consolidado desde hace años para todos". Si se aplican los planes de la empresa, unos 300 empleados pueden verse afectados, según las estimaciones de Pedro Ayllón, del sindicato Sigen-USOC. Javier Pacheco, de CCOO, eleva la cifra a 500. El comedor de la empresa sirve cada día unos 1.000 menús, según la compañía, que tiene subcontratado el servicio con la empresa Serunión.

El coste para Nissan supera los tres millones de euros anuales, según datos de la compañía de restauración filial del grupo francés Elior, que durante la negociación del conflicto anunció su intención de despedir a la mitad de la plantilla destinada a la fábrica de la Zona Franca, un total de 64 empleados.

Participación del 53%

La propuesta de la mediadora del departamento de Treball, que participó en una infructuosa negociación, de someter el conflicto a un laudo arbitraje de obligado cumplimiento fue aceptada por la empresa y por la mayoría del comité. El referendo celebrado el pasado 15 de mayo dio una victoria ajustada al arbitraje, que se impuso por el 57% de los votos. El 39% apoyaron el inicio de movilizaciones para presionar a la multinacional. Después del desgaste causado por el conflicto y la negociación de medidas alternativas al despido de 450 empleados de los primeros meses del año, la participación en la consulta fue de casi el 53%, muy por debajo del 70% o 75% de las elecciones sindicales.

Para CGT, que apoyaba las movilizaciones frente a CCOO, UGT y Sigen-USOC, la fuerte abstención en la consulta demuestra "el rechazo de muchos trabajadores a un insólito referéndum en Nissan", y advierte de que las restricciones al menú también afectan a unos 1.500 empleados de empresas de servicios.

Antes de apoyar la opción del arbitraje, CCOO realizó consultas jurídicas para conocer las posibilidades de éxito del caso en la justicia, que son escasas debido a que los tribunales suelen instar a las partes a negociar una solución.