Los trabajadores de empresas que se encuentran en concurso de acreedores no pueden cobrar del paro ni pedir empleo en otro sitio durante un año porque las tramitaciones en los juzgados se dilatan en el tiempo, e impiden que los trabajadores tengan libertad para poder ganarse el sustento, ya que deben esperar la resolución judicial que les permita cobrar la indemnización y los libere.
El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Baltasar Piñeiro, lanzó una voz de alarma sobre la precaria situación en que se encuentran estas personas. "Actualmente son miles los que padecen este problema, porque al caso de Drac se unieron aquellas pequeñas empresas afectadas por el concurso que presentó Grande. Ahora sucederá lo mismo con el millar de empleados de Futura".
Un cálculo estimativo del dirigente sindical señala que habría actualmente unas 60 empresas en estas condiciones.

Una ley "caótica"

El problema se inicia con el cambio de la ley concursal, ya que la actual "es caótica", dice Piñeiro. Explica que cuando entra un concurso de acreedores presentado por una empresa en un juzgado mercantil, el magistrado tiene dos o tres meses para aceptarlo. Luego nombra al administrador concursal y al representante de los trabajadores. tienen dos meses para emitir el informe preceptivo, " y así hay cinco meses en los que los trabajadores están en un limbo jurídico".
La odisea de las plantillas no acaba allí, ya que más tarde el administrador puede pedir la extinción de los contratos laborales. Si el juez lo aprueba se abre un nuevo período de consultas, y así hay un nuevo retraso en la liberación de los trabajadores hacia un nuevo destino. El auto del juez es recurrible ante la autoridad laboral y de esta manera se llega a un año de tramitaciones.
Baltasar Piñeiro ha comprobado que trabajadores de varias empresas ya han sufrido estos problemas. Puso como ejemplo dos casos famosos, como son las fábricas de calzado Yanko y Coll. En el segundo caso, los trámites judiciales se están realizando desde noviembre del año pasado.
Supuestamente, durante todo este período los empleados deben cobrar su salario, pero normalmente las empresas que presentan concurso alegan carecer de fondos, por lo que las plantillas se quedan sin medios de subsistencia.
Piñeiro señala que "al final, tiene que ser el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) quien asuma el coste del pago de indemnizaciones, pero el fondo puede sufrir las consecuencias de la crisis actual, quedándose sin dinero en la caja".

Cambios de legislación

Baltasar Piñeiro indicó que el cambio de legislación, propiciado por el Gobierno de Aznar en 1996, ha sido el causante de estos problemas, porque cede a los tribunales mercantiles todo el protagonismo de los concursos, y además debe gestionar la parte laboral.
Tras varias etapas de tramitaciones, al final el expediente regresa a las autoridades laborales, por lo que se vuelve a las anteriores prácticas, lo que supone una pérdida de tiempo y esfuerzo. La normativa anterior era regida por el Real Decreto 43/96 "hasta que se cambia por este nuevo procedimiento lento y costoso".