Las viviendas ocupadas por decenas de inmigrantes hacinados en pocos metros cuadrados empiezan a proliferar en las grandes ciudades españolas

¿Pagaría entre 180 y 300 euros al mes por vivir junto a su familia en una habitación de 15 metros cuadrados, en un piso compartido con otras dos o tres familias?
¿Y 30 euros por ocupar una cama durante ocho horas, que en las ocho siguientes será el lecho de otra persona? La respuesta de la inmensa mayoría de españoles es clara: un rotundo ‘NO’.

Pero cada vez son más las personas que residen en nuestro país y deben aceptar esas condiciones para poder tener un techo bajo el que cobijarse. Estas casas donde decenas de inmigrantes viven hacinados, conocidas como ‘pisos patera’, empiezan a multiplicarse, especialmente en las grandes ciudades. Una situación que ONG y servicios sociales denuncian ante la Administración, pero para la que reconocen ‘no será fácil encontrar solución’.

Autor: Blanca Álvarez

Infraviviendas

En España hay 4.144.166 emigrantes empadronados, de los que casi tres millones viven en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A ellos hay que sumar la nada despreciable cifra de un millón de ‘sin papeles’, según los datos que aparecen en el último informe de SOS Racismo.

Y la única vivienda a la que pueden tener acceso miles de estos inmigrantes son unos pocos metros cuadrados a un precio desorbitado. En Madrid, vivir en una casa de 25 metros cuadrados compartida con otras veinte personas puede costar cerca de 600 euros al mes, y se llegan a pagar entre 100 y 120 euros mensuales por pernoctar en una cama o un sofá.

No descubrimos nada al subrayar que la condición de inmigrante siempre ha supuesto una desventaja en el acceso a una vivienda, porque el recién llegado tiene urgencia por encontrar alojamiento y además dispone de poca información y dinero. Pero no está de más denunciarlo.

Después de los ansiados papeles, conseguir una vivienda es el principal problema de los inmigrantes y en la actualidad, según señala el informe realizado por CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) sobre el Acceso a la vivienda de las personas Inmigrantes y Refugiadas, hay factores añadidos que dificultan este proceso a los inmigrantes, como la provisionalidad o inestabilidad jurídica derivada de su situación administrativa, lo que conlleva inseguridad y explotación laboral; la precariedad económica debida al endeudamiento para financiar su proyecto migratorio y el envío de dinero a sus familiares; el analfabetismo funcional, provocado por el desconocimiento del idioma, las leyes, la cultura y las costumbres del país de acogida; la ausencia de familia y redes primarias de protección social; racismo, desarraigo…

Más allá de la influencia de estos factores, lo cierto es que miles de extranjeros que residen en España habitan en condiciones de hacinamiento, en habitaciones alquiladas de viviendas que carecen de servicios básicos y en un entorno insalubre.

Numerosos inmigrantes viven en unidades de alojamiento que pueden ser consideradas infraviviendas, más si se tiene en cuenta que la habitabilidad de una vivienda viene dada por su estructura, los servicios urbanos de que dispone y su accesibilidad.

Además, suele suceder que cuanto peor es el grado de habitabilidad y de las condiciones de vida del ocupante, mayor es el número de alojados en el mismo lugar. Un espacio mínimo para vivir que no llega a los 15 metros cuadrados -los que una persona debe disponer en el hogar que ocupa- recibe el nombre de hacinamiento.

La situación es especialmente alarmante en las comunidades autónomas donde más inmigrantes residen, y casos como el de Badalona ya han alertado a la sociedad. En la ciudad catalana varias asociaciones de vecinos han mostrado su inquietud por la realidad que se vive en algunos inmuebles, en los que se alojan varias familias en 50 metros cuadrados, y han llegado a denunciar la existencia de mafias de inmigrantes que compran viviendas y las realquilan a otras personas que se encuentran en situación ilegal.

Las causas

Las necesidades de alojamiento de estos nuevos ciudadanos varían en función del momento, y son los recién llegados quienes más recurren a la fórmula de residir en habitaciones o lechos alquilados, según señalan desde SOS Racismo.

Lo más habitual es compartir un piso con otras quince o veinte personas que se encuentran en la misma situación sólo durante los primeros meses de estancia en España. Una vivienda que nunca está desalojada porque los inmigrantes van rotando, pero en la que no se invierte y que no sufre la más mínima mejora en sus condiciones de habitabilidad.

No se puede negar la existencia de este hacinamiento, pero ¿por qué se ha llegado a tales extremos? Aunque la demanda de alquiler de pisos por parte de inmigrantes supone el 40% de la demanda total, según el informe Vivienda e Inmigración publicado por la fundación Nous Horitzons, la mayoría de extranjeros termina residiendo en los denominados pisos patera.

Entre las causas de tan grave situación se encuentra la negativa de muchos propietarios a alquilar pisos a inmigrantes, lo que convierte una situación tan cotidiana como arrendar una vivienda en misión casi imposible para esta población.

A ello hay que añadir los obstáculos que encuentran muchos de estos extranjeros para regularizar su situación (con la consiguiente incapacidad para obtener avales bancarios), la precariedad de la mayoría de los salarios, y el elevado precio de los alquileres.

La imposibilidad de acceder al mercado residencial lleva a esta situación del subarriendo y a la desproporción entre una superficie habitable y el número de sus ocupantes.

Son estas dificultades, y no las culturales que les achacan muchos ciudadanos españoles, la causa de que muchos inmigrantes se hacinen en espacios mínimos que no cuentan con la imprescindible equipación para la vida cotidiana.

El casero que se decide a arrendar su vivienda a un inmigrante (en muchos casos un inmigrante ‘veterano’ la subarrienda), obtiene pingües beneficios con este negocio: el alquiler de habitaciones supone para el propietario la obtención de mayores plusvalías de la vivienda, pues pasa de alquilar la vivienda entera a alquilar habitaciones, e incluso el uso de una cama (camas calientes).

Pero, además, la situación de hacinamiento posibilita y favorece que el propietario expulse a los inquilinos culpándoles del estado deteriorado de las viviendas, es decir, de la misma situación de la que ellos son víctimas.

La convivencia de un elevado número de personas en un espacio reducido provoca problemas de higiene, suciedad, molestias por ruidos continuos, desperfectos de las zonas comunes de la finca y comportamientos incívicos. Factores que dan lugar a que se resienta la convivencia normal con el vecindario.

El hacinamiento, por tanto, además de favorecer la propagación de enfermedades entre quienes comparten piso debido a la falta de higiene, a la postre pone en peligro la convivencia vecinal, desde donde se asegura que esta práctica fomenta el racismo en las zonas que padecen esta problemática.

¿Una solución?

No es fácil solucionar el problema de los pisos patera y camas calientes, sobre todo en las grandes ciudades. ¿La razón? La dificultad que hay para probar la existencia de una relación económica entre los dueños de la vivienda y los inquilinos que entran y salen de las casas sobreocupadas, ya que no suele mediar un contrato.

Además, se añade la dificultad de que a los pisos legales, en los que llegan a aparecer hasta once personas censadas en un mismo domicilio (la legislación vigente no limita el número de personas que pueden estar inscritas en una vivienda), se deben sumar las numerosas viviendas ilegales que son desconocidas por los ayuntamientos y las autoridades competentes. ¿Cómo terminar entonces con esta injusticia social?

No es tarea fácil, ya que como denuncia CEAR, no hay itinerarios ni soluciones intermedias entre el alojamiento de emergencia que se ofrece al inmigrante a su llegada a España y el alquiler de vivienda, fuera del alquiler de habitaciones.

Los servicios sociales de los ayuntamientos no son capaces, en general, de garantizar la provisión de alojamiento ni tienen las competencias ni los recursos económicos para hacerlo; los recursos públicos y privados especializados en el alojamiento temporal son escasos y con un tiempo de estancia limitado, lo que resulta ‘insuficiente’ para poder llevar a cabo una intervención a medio o largo plazo con los colectivos que tienen una exclusión severa.

A estas dificultades sociales y económicas deben unirse las legales. Tampoco en este campo las noticias son halagüeñas ya que no se activan mecanismos efectivos de denuncia y control de los abusos que están producidos por la vulneración de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por situaciones de hacinamiento, precios excesivos, o por las pésimas condiciones de habitabilidad de las viviendas.

Asimismo, se da una completa ausencia de mecanismos de control por parte de la Administración, para evitar fraudes y abusos, así como de programas de intermediación social en el mercado del alquiler.

Un primer paso para intentar poner solución a este problema se dio el pasado 20 de marzo en el Senado, cuando se aprobó por unanimidad una moción que insta al Gobierno a modificar la normativa que regula los padrones municipales, con objeto de poder localizar y evitar la práctica de los llamados pisos patera.

En el texto se exige al Gobierno que realice cambios para mejorar la «fiabilidad y veracidad» de las inscripciones en los padrones, “garantizando que el número de personas empadronadas en una vivienda no sobrepase la ocupación máxima indicada en la cédula de habitabilidad o documento urbanístico análogo y que las altas y bajas de los inscritos se realicen de manera simultánea”.

Fuente: http://www.consumer.es/