Empresuchas

"Hay trabajadores con la misma categoría profesional, entre consejería y consejería, que realizan prácticamente las mismas funciones y que perciben diferente sueldo", denunció Martín, quien asegura que "éste es un elemento central de la negociación y que la presidenta regional debería atender".

Otro de los ejes centrales de las protestas sindicales es la privatización de servicios públicos por parte del Gobierno regional que, según la secretaria de acción sindical de CCOO, Isabel Galvín, "en un año de gestión ya se han privatizado centros públicos, se ha vendido un centro en el Álamo, algo sin precedente en España, y se han externalizado servicios de Sanidad".

La portavoz de CCOO denunció, además, "el recorte brutal de presupuesto dedicado a los servicios públicos, que ha provocado su deterioro porque hay una intención de ir privatizándolos poco a poco".

Desde Comisiones Obreras se llama la atención sobre la "desfavorable" situación en la que se encuentran los trabajadores públicos de la región respecto a los de otras comunidades autónomas. Galvín denunció que el Ejecutivo de Aguirre está "vulnerando de manera sistemática la Ley Orgánica de Libertad Sindical y despreciando a los empleados públicos, que se encuentran en las peores condiciones laborales de España en todos los sentidos: promoción, carrera profesional, horarios, acceso al empleo, estabilidad…", subrayó la delegada sindical.

Por su parte, el secretario de educación de CSIT, Pedro Fermosel, concretó las peticiones de los sindicatos. "Pedimos negociar un acuerdo marco general dentro de la mesa de la función pública que fija el Estatuto Básico del empleado público y que se desarrolle el acuerdo que firmamos con el recién destituido vicepresidente segundo, Alfredo Prada, el 3 de septiembre", explicó Fermosel.

Asimismo, denunció el trato recibido por los trabajadores por parte del Ejecutivo de Aguirre, que, según CSIT, "tiene un prejuicio muy difícil de romper contra sus empleados públicos, a los que ha ninguneado y despreciado en sede parlamentaria con declaraciones que hablaban de 40.000 funcionarios públicos faltando a su trabajo a diario", concluyó.

Artículo 16 de la ley LSSICE (LEY 34/2002): Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio NO SERÁN RESPONSABLES por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es llícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

Responsabilidad sobre los mensajes enviados

"Hay trabajadores con la misma categoría profesional, entre consejería y consejería, que realizan prácticamente las mismas funciones y que perciben diferente sueldo", denunció Martín, quien asegura que "éste es un elemento central de la negociación y que la presidenta regional debería atender".

Otro de los ejes centrales de las protestas sindicales es la privatización de servicios públicos por parte del Gobierno regional que, según la secretaria de acción sindical de CCOO, Isabel Galvín, "en un año de gestión ya se han privatizado centros públicos, se ha vendido un centro en el Álamo, algo sin precedente en España, y se han externalizado servicios de Sanidad".

La portavoz de CCOO denunció, además, "el recorte brutal de presupuesto dedicado a los servicios públicos, que ha provocado su deterioro porque hay una intención de ir privatizándolos poco a poco".

Desde Comisiones Obreras se llama la atención sobre la "desfavorable" situación en la que se encuentran los trabajadores públicos de la región respecto a los de otras comunidades autónomas. Galvín denunció que el Ejecutivo de Aguirre está "vulnerando de manera sistemática la Ley Orgánica de Libertad Sindical y despreciando a los empleados públicos, que se encuentran en las peores condiciones laborales de España en todos los sentidos: promoción, carrera profesional, horarios, acceso al empleo, estabilidad…", subrayó la delegada sindical.

Por su parte, el secretario de educación de CSIT, Pedro Fermosel, concretó las peticiones de los sindicatos. "Pedimos negociar un acuerdo marco general dentro de la mesa de la función pública que fija el Estatuto Básico del empleado público y que se desarrolle el acuerdo que firmamos con el recién destituido vicepresidente segundo, Alfredo Prada, el 3 de septiembre", explicó Fermosel.

Asimismo, denunció el trato recibido por los trabajadores por parte del Ejecutivo de Aguirre, que, según CSIT, "tiene un prejuicio muy difícil de romper contra sus empleados públicos, a los que ha ninguneado y despreciado en sede parlamentaria con declaraciones que hablaban de 40.000 funcionarios públicos faltando a su trabajo a diario", concluyó.

Artículo 16 de la ley LSSICE (LEY 34/2002): Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio NO SERÁN RESPONSABLES por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es llícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

Responsabilidad sobre los mensajes enviados