La entrada en vigor, el pasado 7 de junio, del reglamento sancionador para quienes incumplen la obligación de mezclar el biodiesel o el bioetanol con los combustibles de origen fósil (después de casi dos años de espera) es una etapa fundamental para el despegue del régimen productivo de estos productos en Italia, y un paso aún más importante si se considera la tormenta que ha afectado a los combustibles de origen agrícola a nivel internacional, tal como lo muestra el encendido debate que ha caracterizado la Cumbre de la FAO en Roma los días pasados.

La emergencia alimentaria, por un lado, y los precios de los cereales básicos por las nubes, por otro, hacen que el precio de los biocombustibles de origen agrícola esté lleno de incertidumbres y vinculado a la necesidad de “profundizar en los estudios sobre su sostenibilidad” (tal como se lee en el documento de conclusiones de la Cumbre sobre la seguridad alimentaria). La llegada del sistema de sanciones, para los productores de biocombustible italianos, representa una bocanada de oxígeno.

Las normas, ya en vigor, fijan a partir de este año, las sanciones económicas, “proporcionales y disuasivas”, en caso de que no se llegue a la cuota obligatoria de biocombustible a mezclar con gasolina y gasóleo. Sustancialmente, las compañías petrolíferas, para no pagar las sanciones previstas, deberán mezclar una cuota de biocarburantes del 2% en este año y del 3% en 2009 (estas son las obligaciones fijadas por la última ley de presupuesto) respecto a los combustibles de origen fósil vendidos al consumo en el año anterior. Un paso que, según las previsiones, dará un impulso a la demanda de biocombustible en Italia y que debería favorecer, en primer lugar, las ventas de biodiesel, visto el estancamiento en que se encuentra el sistema productivo de bioetanol. La estimación de las necesidades de biodiesel para 2008, calculado respecto al gasóleo, debería alcanzar la cuota de 596.000 toneladas en 2009 (cuando la obligación sea del 3%). Cifras aún más altas, obviamente, si se consideran las cantidades a mezclar, respecto al total de la gasolina y al gasóleo (en caso de que el biodiesel cubriera toda la cuota).

En concreto, si se incumple la obligación de mezclar en el territorio nacional, se aplicará una sanción administrativa de 600 euros por cada certificado que falte por un valor energético de 10 gigacalorías. Traducido en términos cuantitativos, un certificado correspondería a unas 1,1 toneladas de biodiesel, que son las necesarias para producir 8,9 gigacalorías). Sin embargo, el sistema prevé un mecanismo de incremento progresivo de la sanción para tener en cuenta los diversos niveles de gravedad de incumplimiento, según la cuota obligatoria no cubierta. Son cuatro los escalones previstos: para cada certificado que falte comprendido en el primer 25% de la cantidad obligatoria, el importe es de 600 euros; para las cuotas entre 25 y 50% se aplica un recargo de 100 euros, aumento que sube a 200 euros si se supera el 50%, y a 300 euros si es de más del 75%. La sanción máxima es pues de 900 euros por cada certificado que falte. Cabe notar que los importes derivados de las sanciones serán utilizados para ampliar el techo desfiscalizado de biodiesel de los años sucesivos.

El peso de la multa, desde el punto de vista de la disuasión, es alto y se espera que tenga un fuerte impacto en la demanda de biodiesel. Los productores con un potencial de más de 1,9 millones de toneladas están preparados para hacer su parte.

Para completar el cuadro relativo a la obligación de mezclar, sin embargo, falta aún un elemento: el Decreto del MIPAAF (cuya publicación se espera en breve) que introduce los certificados para la medición de las cantidades de biocarburantes introducidos en el consumo, con el fin de respetar la obligación.

Fuyente: Econoticias.com