El agricultor recurrió al Juzgado contra la sanción argumentando que la contratación se realizó ‘de buena fe’, ya que creía que los dos trabajadores tenían regularizada su situación en España. Ambos estaban empadronados en Almendralejo, y uno de ellos, afiliado a la Seguridad Social.

El agricultor afirmó que la recogida de la cosecha de la uva tenía carácter urgente e inaplazable y no pudo obtener en fin de semana el certificado de que no había demandantes de empleo que pudieran hacer el trabajo. Sin embargo, el juez no admite estas explicaciones y recuerda la obligación que tienen los empresarios de solicitar la regularización de los trabajadores a la Seguridad Social. La multa es firme.