RRHH Digital. CCOO ha dado la voz de alarma ante el inicio de una reforma precipitada y unilateral de la financiación y programación de la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE), al tiempo que ha reclamado el máximo consenso social, político y sindical en la tramitación del proyecto de ley aprobado por el Gobierno.

En opinión de CCOO, las posibles reformas deben quedar enmarcadas en la nueva Ley General Audiovisual y el proceso de tramitación parlamentaria debe hacerse sin prisas injustificadas y de una manera sosegada para afrontar la reforma con el mayor consenso posible entre todos los agentes implicados.

El sindicato ha dejado clara su voluntad de participar en un proceso de debate y negociación de este proyecto de ley, partiendo de un elemento básico que en ningún momento se pueden cuestionar: la garantía de mantenimiento del empleo en los términos establecidos en el Acuerdo de Los Peñascales y la garantía del mantenimiento de al menos la actual estructura de centros territoriales.

En este contexto, la organización sindical está dispuesta a asumir un nuevo modelo de financiación exclusivamente pública, siempre y cuando éste garantice la suficiencia para la gestión de una RTVE de calidad, con vocación mayoritaria y de servicio público, aspectos que no están garantizados en el texto del proyecto de ley.

CCOO acepta el horizonte de la supresión total de la publicidad, siempre y cuando ésta se realice de manera progresiva, lo que además de respetar los contratos firmados y la parrilla ya programada o prevista, permitiría afrontar los cambios de programación sin poner en peligro la audiencia conseguida y posibilitar la adaptación profesional y recolocación de los trabajadores vinculados al área de publicidad.

Estas reivindicaciones figuran en un documento de ocho páginas en el que COOO fija su posición respecto al proyecto de ley de financiación de RTVE, y en el que denuncia que el Ejecutivo ha sido incapaz de resistir las presiones ejercidas por UTECA, la patronal de las televisiones privadas, para exigir la supresión total de la publicidad y establecer limitaciones en la compra y programación de deportes y cine.

El documento subraya, entre otras, las siguientes conclusiones:

• El proyecto de ley se ha ido negociando con una evidente falta de transparencia y sin la participación de los sectores concernidos.
• El Consejo de Ministros no ha asumido las objeciones y alternativas parciales que figuran en el informe elaborado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Por su parte, el Consejo de Estado ha realizado un informe muy mesurado en el que no se recogen objeciones jurídicas significativas, pero sí se señalan importantes recomendaciones que no se han recogido.
• Abrir nuevamente la discusión del sistema de financiación de la CRTVE cuando todavía existen problemas en la organización y adaptación al nuevo modelo de la Ley 17/2006, y cuando el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones legales, sólo puede dar lugar a agravar los problemas, poniendo en riesgo los esfuerzos que se han hecho para constituir la nueva RTVE.
• La suficiencia presupuestaria de la CRTVE debe permitir afrontar los objetivos previstos en el actual Mandato Marco, tales como el liderazgo de la Corporación en el impulso de la alta definición, la optimización de los dos múltiplex, la consolidación de un Canal Cultura, la plena utilización de los medios interactivos, la racionalización y consolidación de la estructura territorial que fomente la cohesión territorial y la obtención y distribución de contenidos de interés publico, educativo y cultural, la modernización tecnológica o la realización de la digitalización del archivo histórico. La prevista congelación presupuestaria del año 2011 y la revisión del 1% en el trienio siguiente no garantizan adecuadamente esos objetivos.