El sindicado señala en un comunicado que el pasado día 12 un policía nacional fue atropellado a altas horas de la madrugada por un coche ‘kamikaze’ ocupado por dos ciudadanos marroquíes en el paso fronterizo entre España y Marruecos, en la ciudad de Melilla.

Según la UFP, el policía español sufre lesiones y los autores del hecho se encuentran en busca y captura.

La vida de los agentes destinados en el puesto fronterizo de Melilla están en continuo peligro debido a la falta de medios y de personal, sin que los responsables políticos pongan remedio a esta situación, subraya la UFP.

El sindicato indica que las aglomeraciones de personas en la zona de tornos, de ciclomotores y bicicletas facilitan los continuos altercados y favorecen la entrada y salida clandestina del territorio español.

Estos sindicatos, que representan a 2.800 trabajadores de salas de cine en la Comunidad de Madrid, protestan por el estancamiento en la negociación del convenio colectivo de las salas de cine en la región por la “inmovilidad de la patronal, que mantiene el sector en una situación de precariedad”, aseguran en un comunicado.

En marzo pasado se constituyó la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Salas de Exhibición Cinematográfica en la región, integrada por CCOO y UGT y las patronales Federación de Cines de España (FECE) y Sociedad de Empresarios de Cine de España (SECIES), pero la mesa se rompió en junio siguiente por falta de acuerdo, según han explicado fuentes de UGT.

El pasado día 3, la patronal convocó nuevamente a los sindicatos, pero se mantuvo “en su posición de no hablar de las categorías profesionales, no hablar de la jornada laboral para exprimir más a las plantillas y, además, no hablar de una subida salarial por encima de IPC”, según CCOO.

De ahí la decisión de ambos sindicatos de convocar los cuatro días de huelga, dos de ellos en noviembre a partir del próximo viernes, que han sido solicitados hoy al Instituto Laboral de Madrid, según las mismas fuentes.

Los sindicatos recuerdan que la patronal firmó en 2010 el Convenio Colectivo de Barcelona, vigente hasta 2012, con “una tabla de incremento salarial basado en el IPC más un 0,2% y partiendo de unos salarios que son un 17% más altos en media que los que se pagan en Madrid”, pese a que la recaudación en Madrid superó en “39,5 millones la recaudación de Barcelona en 2010″, ha explicado una fuente de UGT.

Los sindicatos denuncian, asimismo, la destrucción de empleo en el sector y han citado como ejemplo que en algunas salas, como CINESA, “el mismo trabajador que vende las entradas vende también las palomitas y las bebidas”, y que “la figura del acomodador no existirá”.

Para los sindicatos, “la patronal no puede seguir precarizando el sector, no puede mantener unos sueldos tan bajos y por debajo de los compañeros de Barcelona y no puede cambiar las funciones de los trabajadores”.

Todo ello, a su entender, “repercute en la calidad del servicio al espectador al que cada vez le cuesta más pagar los 8 euros de entrada para encontrarse con una atención deficiente provocada por la falta de personal en los diferentes puestos de trabajo”.

Recursos Humanos Digital.

Así aparece en proyecto de Real Decreto al que ha tenido acceso Europa Press, con el que el Gobierno, de acuerdo con los sindicatos, cumple el compromiso asumido en el Acuerdo Económico y Social (ASE) de febrero y da el siguiente paso a la integración de estas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social.

Esta nueva regulación, que viene a actualizar la que ha estado vigente durante los últimos 25 años, precisa además que no será posible efectuar ningún descuento sobre esa cuantía salarial en concepto de retribución en especie por manutención o alojamiento. Además, cuando exista un salario en especie éste no podrá superar el 30% de las percepciones salariales, limite que actualmente estaba en el 45%.

El Gobierno ha previsto además que sea el acuerdo mutuo entre el empleador y el empleado el que establezca las posibilidades de incrementos salariales (antes vinculados a la antigüedad) y que, en su defecto, se aplique el incremento medio que para ese año marque el acuerdo marco sobre negociación colectiva negociado por los agentes sociales.

No obstante, la reforma de la negociación colectiva establece que en sectores donde no haya una organización patronal específica serán las patronales nacionales (CEOE y Cepyme) o autonómicas más representativas las que podrán negociar con los sindicatos su convenio. Así, el decreto del Gobierno deja abierta la puerta a que en un futuro pueda pactarse un convenio específico para las empleadas del hogar a través de esta vía.

DESPIDO Y PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Por otro lado, el proyecto de Real Decreto mantiene la causa de extinción del contrato por desestimiento, en el que el empleador no tiene por qué alegar causa o justificación alguna. Si bien, el Gobierno eleva la indemnización a la que tiene derecho el trabajador de siete a 12 días por año para equipararla a la más baja de todo el sistema indemnizatorio, que es la de los contratos temporales.

El decreto no contemplará, sin embargo, un sistema de prestación por desempleo, pero mandata la creación de un grupo de trabajo, como el constituido en el caso del de cese de actividad de los autónomos, que analizará y evaluará las alternativas para crear por primera vez un sistema específico para este colectivo, con el objetivo de tenerlo articulado en enero de 2013.

Otros de los derechos reconocidos en el articulado es el de un contrato formalizado por escrito, siempre que su duración sea superior a cuatro semanas, frente a la regulación actual que permite el contrato verbal.

Además, en contra de la precariedad laboral, se aplicarán al empleo en el hogar las normas generales sobre duración de contrato y sobre duración del descanso entre jornadas, que se amplía así de 10 a 12 horas. En este punto, se admite que el descanso pueda ser de 10 horas (hasta ahora de ocho) cuando la actividad se realice en régimen de pernocta en el domicilio, aunque se deberá compensar la diferencia hasta las doce horas en periodos de hasta cuatro semanas.

Asimismo, el decreto regula mejor el tiempo de presencia en la que el trabajador está a disposición del empleador, pero sin prestar trabajo efectivo. Su duración será pactada por las partes, pero no podrá ser superior a 20 horas semanales de promedio en un periodo de un mes y deberá respetar la jornada máxima de 40 horas semanales, así como los periodos mínimos de descanso diario y semanal. Además, estas horas deberán pagarse como mínimo como las horas extraordinarias o compensarse con tiempos equivalentes de descanso.

Según el texto, este decreto viene también a regularizar situaciones de empleo no declarado que existen en este ámbito laboral, en el que según los datos de afiliación del Ministerio de Trabajo están empleadas alrededor de 300.000 personas.

RRHH Digital.

A consecuencia de la adjudicación a EULEN del apoyo a la Educación Infantil más de 100 auxiliares que pertenecían a MT han perdido su puesto de trabajo. La Consejera Dolores Serrat culpa al anterior ejecutivo mientras IU le exige una solución.

El pasado 22 de agosto se publicaba el resultado del concurso de adjudicación del servicio de apoyo a las aulas del segundo ciclo de educación infantil. Dicha adjudicación recayó en la multinacional dedicada a multiservicios EULEN frente a MT Educación y Formación que venía prestando el servicio hasta el año pasado.

Consecuencia de este concurso, más de 100 auxiliares de educación infantil en Aragón han perdido su puesto de trabajo, dado que ni los pliegos contemplaban la subrogación del personal ni la nueva empresa ha considerado a las profesionales que venían ejerciendo estas funciones y ha contratado nuevas trabajadoras.

Muchos trabajadores han mostrado su enfado al considerar que el servicio perderá calidad, ya que Eulen (que se ha adjudicado el concurso con casi el 10% por debajo del precio de licitación) no ha tenido en cuenta en su selección a maestros y profesores, priorizando la contratación de técnicos provenientes de formación profesional.

Con nuevo curso, que empieza mañana, a los centros les ha cogido por sorpresa la noticia y existe malestar ante la situación porque las auxiliares anteriores ya conocían al centro, al profesorado y a los niños.

La Consejera de Educación, Dolores Serrat, le echa la culpa al ejecutivo anterior y ha explicado que el contrato que se suscribió con MT “no incluyó la subrogación del personal”.

Serrat ha explicado que se trata de “trabajadores que pertenecen a la empresa privada”, por lo que “es la empresa la que no les ha contratado, porque el anterior gobierno no obligó en la firma del contrato la subrogación del personal”.

Izquierda Unida exige una solución

Desde la oposición, Luis Ángel Romero, diputado de IU, ha declarado que “Exigimos al Gobierno de Aragón una solución urgente al conflicto surgido a raíz del último concurso en Educación que afecta a 103 auxiliares de infantil y que, por error, han quedado en situación de desempleo”.

A su entender, “el Gobierno de Aragón debe ser consciente que la normativa laboral obliga a proteger a los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su actividad en servicios subcontratados por la Administración y, a pesar de omitir en el último pliego de condiciones una cláusula expresa sobre la subrogación, tienen derecho a continuar desempeñando sus funciones y la nueva empresa adjudicataria la obligación de contratarlos”.

Para Romero, “no es posible que, ante la situación laboral tan delicada que atravesamos, más de cien trabajadores y trabajadores queden sin cobertura y desamparados”. Así mismo critica que la oferta económica haya sido el elemento fundamental para la adjudicación: “La baja económica no puede ser el principal baremo que resuelva un concurso en educación, debiendo incorporarse otros parámetros que, a nuestro criterio, son más importantes como la experiencia que deben acreditar las empresas ofertantes en el sector de la educación”, advierta el diputado de IU, quien denuncia que “centrar la adjudicación en torno al dinero no contribuye a construir un sistema educativo de calidad y, además, profundiza en la precariedad laboral al tener que hacer lo mismo con menos dinero, siempre pagando este problema las y los trabajadores”.

Fuente:  aragonsocial.es

CCOO

El sindicato CC.OO. ha considerado “preocupante” el nuevo incremento del paro en agosto (+51.185 personas) y ha resaltado la necesidad de adoptar medidas que generen actividad económica suficiente para crear empleo.

En un comunicado, CC.OO. ha tachado de “inaceptable” que no se adopten medidas para incentivar la actividad económica y crear empleo, mientras el Gobierno y la oposición conservadora se “obsesionan” con el déficit.

El sindicato ha pedido además que los esfuerzos se distribuyan de forma más equilibrada entre la ciudadanía, ya que es “imprescindible” mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país y de las personas.

“La generación de empleo debe ser el objetivo principal y esto no se conseguirá adoptando las mismas medidas erróneas que a lo largo del periodo de crisis”, ha señalado CC.OO, para quien las últimas medidas laborales solo servirán para ahondar más en la precariedad, la temporalidad y la dualidad del mercado laboral.

De la misma forma, el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo, ha reiterado la necesidad de que, junto a la generación de empleo, se garantice la protección y la calidad de la misma a las personas en desempleo, ya que la cobertura de las prestaciones por desempleo sigue cayendo, situándose en torno al 71%.

Inditex

El representante de Zara Brasil, Enrique Huerta González, fue invitado a declarar el próximo miércoles ante la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas después de que el Ministerio de Trabajo de Brasil emitiese 52 actas de infracción de las normas laborales contra una proveedora de la compañía española. Además de Huerta González, también fueron llamados los socios y administradores de la empresa AHA, proveedora de Zara, Seong Hee Lee e Cyro Leal Mendes, señaló la Asamblea Legislativa de Sao Paulo en un comunicado.

Una inspección laboral detectó el pasado mes de julio que dos talleres de Sao Paulo que fabricaban ropa para AHA, que suministra el 90% de su producción a Zara, empleaban mano de obra sometida a vigilancia intensiva y con jornadas laborales de más de doce horas. La Superintendencia Regional de Trabajo informó entonces de que en esos dos centros se encontraban 13 hombres bolivianos, una mujer peruana y un adolescente de 14 años, lo que podía constituir un delito de trabajo infantil. Los talleres, que se empleaban igualmente como residencia de los trabajadores, presentaban condiciones de precariedad sin respetar las normas de salud y seguridad laboral.

La citación a los representantes de Zara y de la empresa proveedora de ropas de la multinacional española fue pedida hoy por el diputado Carlos Bezerra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y fue aprobado por la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas. Bezerra también solicitó la apertura de una investigación parlamentaria que indague posibles delitos de mano de obra esclava en el estado de Sao Paulo.

Al día siguiente de trascender las presuntas irregularidades cometidas por el proveedor de Zara, las autoridades brasileñas dijeron que investigan a por lo menos seis grupos textiles por comprar supuestamente piezas de firmas que emplean mano de obra en régimen de esclavitud en Sao Paulo. Al conocer las denuncias contra AHA, el grupo Inditex, propietario de Zara, señaló que reforzará en colaboración con el Ministerio de Trabajo de Brasil la revisión del sistema de producción de sus proveedores para garantizar que sus empleados no son explotados.

Comfia-CC.OO

La organización sindical manifiesta en la misiva, con copia a los presidentes de SEPI y de Tragsa, Enrique Martínez Robles y María Luisa Graña, respectivamente, su “profunda indignación” ante la postura de que la dirección ha adoptado desde la fusión de las empresas Tragsega y Tragsatec en octubre de 2010.

Según dijeron a Europa Press en fuentes de la sección sindical de CC.OO. en Tragsatec, los problemas han surgido cuando la empresa ha tratado de hacer una interpretación “distinta hasta ahora” del acuerdo de estabilidad en el empleo firmado en 2008, que supondría que, en lugar de contemplar una plantilla de más de 500 trabajadores indefinidos, sólo reconocería 180.

“No hemos querido firmar esa interpretación y la empresa está presionando con las condiciones laborales”, explicaron las mismas fuentes.

Así, tras la fusión no se han homologado las condiciones de trabajo de las dos empresas, de manera que tienen “trabajadores de primera y de segunda”, porque los antiguos trabajadores de Tragsega tienen peores condiciones que los de Tragsatec.

Igualmente, CC.OO. asegura que se han producido despidos y que la dirección condiciona la negociación de propuestas sindicales como la creación de una bolsa de empleo o reducciones de jornada a la aceptación de la nueva interpretación del acuerdo laboral.

“Ante esta actitud, la única vía que tenemos pasa por el conflicto y la confrontación”, advierte el sindicato en su carta al Ministerio, al que pide su intervención como uno de los principales clientes de la empresa.

Portal TopRural

Un grupo de trabajadores se han organizado para defender sus derechos en Toprural, el principal buscador español de alojamientos en el campo. En este artículo relatan las dificultades de organizarse en una pequeña empresa.

Toprural es un buscador de casas rurales nacido en el año 2000 conel boom de la empresas “punto com”. Actualmente es el principal buscador de alojamientos rurales de España y se ha extendido por otros países de Europa como Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Austria, Italia y Portugal. Ofrece un servicio de pago, con distintas tarifas, a los propietarios de alojamientos rurales mediante el cual se pueden publicitar en Toprural.

En sus inicios, Toprural como empresa con una reducida plantillaresolvía los escasos conflictos mediante despidos inmediatos de los trabajadores implicados. Durante los primeros años de crecimiento ya se manifestaron comportamientos contrarios a los derechos laborales. Alrededor de 2007 incrementó su plantilla hasta rondar los cincuenta trabajadores. El rápido crecimiento de la empresa servía para encubrir despidos y situaciones próximas al acoso laboral.

En enero de 2010, Toprural lleva a cabo una migración informática del portal web ideada durante los años previos. Durante el largo proceso de desarrollo, migración y puesta en marcha del nuevo portal, el compromiso exigido a la plantilla fue recompensado únicamente con despidos. Nuevo portal, viejas prácticas. Cualquier pequeña disidencia sobre la planificación u orientación empresarial pasaba a engrosar las colas del INEM. Fue entonces cuando un pequeño grupo de trabajadores decidimos organizarnos sindicalmente para defender nuestro empleo y nuestros derechos.

Tras haber creado la sección sindical y celebrar las primeras elecciones sindicales el conflicto se agudiza, pero esta vez bajo un nuevo escenario. Por un lado, los y las trabajadoras sindicados dan un paso al frente a la hora de reclamar derechos laborales recogidos en el convenio colectivo y hasta entonces ninguneados: jornada intensiva, formación, permisos remunerados… Del otro lado, con la crisis económica como trasfondo, la dirección de la empresa también se siente con fuerza para ejecutar más despidos y precarizar la plantilla. En 2010, hasta ahora el peor año de la crisis, Toprural aumentó un 25% sus beneficios a costa de reducir su plantilla un 19% pasando de 47 a 38 trabajadores.

Acción sindical

Las pequeñas empresas reproducen las mismas dinámicas de las grandes multinacionales. En tiempos de crisis reducen plantilla para aumentar beneficios, precarizan el empleo contratando a becarios, autónomos o externalizando trabajo a empresas a su vez más precarias aún. Da igual Telefónica o Zara que Toprural. Ninguna escapa a la macabra lógica de la carrera por el constante aumento de beneficios. Por eso, aunque la acción sindical en las pequeñas empresas sea muchas veces invisible, no es menos importante que en otros centros de trabajo.

Nuestra corta pero intensa experiencia se basa en una organización horizontal y asamblearia, en promover la unidad y la movilización de la plantilla, la solidaridad y el apoyo mutuo entre trabajadores y con otras empresas en lucha. Bajo estas ideas nos hemos sentido cómodos formando parte de la Coordinadora de informática de la CGT.

Peleamos por la reducción de la brecha salarial existente

Una parte considerable de la plantilla es a duras penas mileurista contando con 14 pagas prorrateadas. Inadmisible cuando un puñado de socios se repartieron en dividendos 1.487.038 € en 2010.

Igual de inadmisibles son los despidos en empresas con beneficios. No podemos admitirlo cuando van dirigidos a amedrentar a la plantilla. 5 de los últimos 6 despidos corresponden a trabajadores sindicados.

Por ello, el próximo miércoles 14 de Septiembre nos concentraremos a las 13h en C/ Gran Via, 31 frente a las puertas de Toprural para exigir el fin de los despidos y sueldos dignos para todos.

Tras la concentración del día 14 nos concentraremos semanalmente los lunes a las 18:30h en la Plaza de Callao. Si la situación no se reconduce se convocará una huelga en torno a octubre.

Via:  diagonalperiodico

En un comunicado, CC.OO. considera “absolutamente rechazables” algunas de las medidas que contempla el texto, como la suspensión temporal de la aplicación del encadenamiento de contratos y la ampliación de la edad a 30 años con carácter temporal y 25 con carácter permanente en los nuevos contratos de formación.

En concreto, el sindicato cree que el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje no da respuesta a las demandas sindicales de articular un modelo formativo y de empleo para los jóvenes sin cualificación.

CC.OO. se opone también a la posible la fusión del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), puesto que se trata de una “vía de escape completamente irresponsable” para obviar la saturación del Fogasa.

A su parecer, pretender fusionar estos organismos sin corregir las deficiencias que padecen es un “despropósito” que solo puede colapsarlos y provocar retrasos en los pagos de prestaciones, salarios e indemnizaciones. “Sería de una irresponsabilidad absoluta iniciar este camino sin contar con los medios y las soluciones que los eviten”, señala.

En cambio, el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo valora “positivamente” la prorroga del ‘Programa Prepara’, una antigua reivindicación sindical, así como la no inclusión de la desregulación del contrato a tiempo parcial.

Por otro lado, critica la propuesta de reforma constitucional para controlar el gasto porque pone en riesgo la calidad y supervivencia de los servicios públicos, ya que incide directamente en el mantenimiento y calidad de los servicios y prestaciones públicas, en las políticas de impulso económico durante la crisis y en la viabilidad de administraciones pequeñas.

CRITICA LA FALTA DE DEBATE EN EL CAMBIO CONSTITUCIONAL

Además, critica que el anuncio de la reforma se hiciera “por sorpresa” y por parte de un Gobierno al que le quedan “escasos meses de vida”, sin un debate previo en la sociedad, sin explicaciones de las graves consecuencias futuras, rompiendo los criterios del consenso constitucional de 1978 y “hurtando a la ciudadanía el debate y la participación directa en una medida de tanta trascendencia”.

Finalmente, aprovecha para insistir en la importancia de desbloquear la negociación colectiva, ya que los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento, pero el esfuerzo será “baldío y contraproducente” si no está acompañado de un compromiso “firme” de contención de beneficios empresariales.

El Área Pública de CCOO considera que el 35 por ciento de los accidentes mortales en carretera son siniestros laborales. Ante esta situación, dicha organización pide en nota de prensa “más formación y prevención” para el personal del sector.

Así, continúa, “la precariedad laboral y la temporalidad tienen un efecto importante sobre el índice de accidentes de tráfico y sobre la importancia de la formación y la prevención para evitar accidentes y enfermedades profesionales en el sector, que en La Rioja da trabajo a más de 3.000 personas”.

Por ello, una de las cuestiones más destacadas es la que se refiere a los trabajadores autónomos, sobre los que CCOO destaca “la necesidad de realizar un mayor control”, ya que suelen conducir furgonetas -que son los vehículos con un mayor índice de siniestralidad (en 2009 supusieron el 51 por ciento de los accidentes profesionales en carretera)- y, además, no están afectadas por normas como las que regulan los tiempos de conducción y descanso.

Ante esta situación, el área Pública de CCOO entiende que “es necesaria” más coordinación entre la Administración y el sector del transporte “para impulsar la seguridad vial en el trabajo”, proponiendo una estructura preventiva en dos niveles: “velando por la seguridad en las vías públicas e incluyendo estrategias dentro de los planes de prevención de riesgos laborales y movilidad de la propia empresa”.

De esta forma, la organización sindical propone “inculcar la cultura” de la seguridad vial tanto al empresariado como a la clase trabajadora a través de una serie de “buenas prácticas, como más y mejor formación, concienciación a través de cursos y publicidad, coordinación con los diversos niveles de la Administración, y, sobre todo, la adecuación de los vehículos o el estudio de rutas y tiempos”, ha apuntado.

CCOO constata que hay “retraimiento en todos los estamentos y en todos los gastos, órdenes e inversiones” y, “lógicamente, esto también afecta a las inversiones en materia preventiva”, reconoce el responsable sindical.

Éste advierte, no obstante que, pese a todo, “en la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, además de la mejora objetiva de los medios, influyen otros factores como el establecimiento de protocolos de trabajo seguros”.

“Para que la crisis económica no sea la excusa para no impulsar la prevención en el transporte por carretera”, continúan CCOO propone al Gobierno riojano “empezar por la reducción de los tiempos de trabajo y los tiempos de conducción, así como por el cumplimiento expreso de los tiempos de descansos reglamentarios, el establecimiento y aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación y el reconocimiento directo de las enfermedades profesionales para este colectivo”.

“Porque, mientras en los centros de trabajo las medidas de prevención de riesgos laborales están claras, ni la Inspección de Trabajo ni el Centro de Prevención de Riesgos Laborales tienen en marcha actuaciones específicas dirigidas a prevenir los accidentes laborales en carretera”, finaliza el sindicato.

El plan de regularización y control del empleo sumergido, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril, ha “fracasado” en la provincia de Alicante, según ha asegurado el sindicato CC.OO., ya que el aumento “testimonial” de afiliados al Régimen General fue del 3,8 por ciento.

El plan permitía a las empresas dar de alta de forma voluntaria a los trabajadores que pudieran tener de forma irregular y ofrecerles, entre el 7 de mayo y 31 de julio, contratos de trabajo -indefinidos, temporales o de formación- con una duración mínima de seis meses y ponerse al corriente en las cotizaciones de la Seguridad Social.

Según datos sindicales, la Seguridad Social en Alicante registró “un aumento testimonial” del numero de afiliados en el régimen general (3’8%) durante el periodo de “amnistía”.

A juicio de CC.OO., este programa contra la economía sumergida ha tenido una repercusión mínima y supone un “fracaso”, ya que Alicante es una de las provincias españolas donde más fraude se detecta en materia de seguridad social.

En mayo, el aumento de cotizantes registrado se situó en el 0,31%, en junio (0,38%) y en julio(3%).

El sindicato ha subrayado “el escaso eco” que ha tenido este plan entre los empleadores y empresarios, a pesar de “la suavidad y las facilidades” que el decreto ofrecía con el objetivo de aflorar el empleo sumergido.

“Esta situación demuestra que los empresarios no se han sentido atraídos por este Plan porque basan la rentabilidad de sus negocios en el fraude fiscal, el empleo ilegal y la precariedad laboral“, han añadido las mismas fuentes.

La expresión máxima del problema serían los 44 suicidios registrados entre trabajadores de France Télécom en apenas año y medio, la mayoría en el lugar de trabajo. Pero el problema de la violencia laboral se extiende por todos los sectores.

Técnicos de UGT del País Valenciano han elaborado a lo largo de una década un “procedimiento” de prevención de la violencia laboral que acaba de ser asumido por el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo. Los habituales protocolos establecen que el acoso debe ser reiterado, continuado o intencionado para ser denunciable. Y llevar a un acosador ante el juez es complicado. No es fácil recabar pruebas solventes. Y, en el mejor de los casos, el demandante logra un despido. El procedimiento establece vías de reparación previa para frenar en seco la violencia al primer atisbo.

Fuente: elpais

En un artículo en su página personal de Internet, recogido por Europa Press, Tardá denuncia que después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya cumplido “todas las demandas” o “imposiciones” de la mandataria alemana, ésta “pide más” y quiere “recortar las vacaciones y los festivos” con la “excusa” de homogeneizar la clase trabajadora europea.

“Podría estar de acuerdo, pero tal vez podríamos empezar por igualar salarios, horarios y conciliación de la vida laboral y familiar”, remarca el diputado republicano, para quien dicha “homogeneización” debería tener como objetivo la ampliación de derechos y no el recorte.

EL PROBLEMA ES DE PRODUCTIVIDAD, NO DE PRESENCIA

A su juicio, la “clave” no radica en las vacaciones y las fiestas, que varían en función del país, sino en la productividad de las horas trabajadas. En este sentido, lamenta que en la “cultura mediterránea”, “desgraciadamente, se prima más la presencia que la eficiencia”. “No en vano, España se sitúa a la cola europea de productividad, pública y privada”, remarca.

En cualquier caso, recalca que ERC se opondrá a esta medida igual que se ha opuesto al resto de “recortes sociales” en materia laboral y de pensiones que, en su opinión, siguen un “guión de progresivo desguace del Estado Social” aplicado por el PSOE “con fidelidad digna de un vasallo” y que conduce a un nuevo modelo de relaciones laborales “basado en la precariedad, contractual y salariales”. “Nada que ver, pues, con el modelo alemán”, apunta.

En este sentido, recalca que ante las “recetas neoliberales” hay una salida distinta a la crisis que pasa por incrementar los derechos y el gasto social a fin de lograr la homogeneización europea del estado del bienestar.

SÓLO DEFIENDE LOS FONDOS ALEMANES

Tardá asegura que Merkel habla en nombre de la “derecha alemana defensora ultranza de la rentabilidad” de los capitales invertidos en la compra de la deuda de los estados “tutelados”. “No de solidaridad, aunque a veces incluso haya llegado a utilizar impúdicamente este término”, afirma.

En este sentido, recalca que “detrás de los famosos mercados” también hay recursos económicos invertidos , como planes de pensiones, por ejemplo, fruto del ahorro de los trabajadores y clase media alemana que “exigen rentabilidad a toda costa”.

En concreto, además de la huelga general de 24 horas el próximo 1 de julio, los paros parciales se llevarán a cabo los lunes 23 y 30 de mayo y 6 y 13 de junio en los horarios de 0.00 horas a 1.00 horas, de 11.30 horas a 12.30 hora, y de 18.30 horas a 19.30 horas.

Los sindicatos explicaron que estas movilizaciones se producen para responder a la “actitud inmovilista” que la Asociación Patronal de Contact Center en España (ACE) mantiene desde hace 16 meses de negociación de convenio.

En concreto, en el encuentro del pasado jueves, los representantes de la patronal han rechazado “de plano” la propuesta de desbloqueo presentada por en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) por los mediadores independientes, señaló la federación sindical.

Para FeS-UGT, es “indigno” que la patronal a “estas alturas” de la negociación siga intentando modificar las reglas que rigen las relaciones laborales de este sector en su beneficio “exclusivo” y se niegue a cumplir con los compromisos salariales, que provoca la precariedad a la que se ven abocados los teleoperadores en España.

Esta movilización se enmarca dentro de una jornada de protesta a nivel estatal, ya que los empleados del sector de la limpieza están “sufriendo en los últimos tiempos”. La protesta se desarrollará en la plaza Circular de Bilbao a las doce del mediodía.

CC.OO. ha indicado que los recortes de presupuestos de las administraciones públicas, unidos a las “bajas temerarias” que las empresas efectúan en los concursos y renovaciones de los contratos a los clientes, están suponiendo “una pérdida del 15 por ciento del valor económico del sector y de su calidad”.

El sector emplea en la actualidad a más de 500.000 personas y ha sufrido “un recorte” de más de 150.000 puestos de trabajo. CC.OO. ha añadido que, además, es un sector con una “alta precariedad” que afecta, no solo a los trabajadores, sino a la calidad del servicio prestado, motivada por la “actitud irresponsable” de las patronales.

Las condiciones de la economía española (elevada tasa de desempleo, menor gasto público, bloqueo del sistema crediticio y descontrol de precios) configuran un panorama muy grave y con muchas dificultades para la creación de empleo estable y con derechos, el principal reto y objetivo sindical. El paro sigue aumentando, la reforma laboral impuesta el pasado año sigue sin dar resultados positivos sobre la contratación, y empeoran las condiciones laborales de miles y miles de trabajadores y trabajadoras.

Ambos sindicatos rechazan las políticas económicas y sociales del Gobierno, basadas en recortes salariales, congelación de las pensiones y la reducción de la inversión productiva y exigen la creación de empleo, la protección de las personas, reactivar la economía, promover el cambio del patrón de crecimiento y consolidar el sistema de protección social. Para todo ello es necesario desarrollar una reforma fiscal equitativa, progresiva y redistributiva que
garantice la suficiencia de ingresos.

UGT y CCOO no aceptaron la reforma laboral, institucionalización de la mayor agresión a los derechos laborales que han sufrido los trabajadores y trabajadoras desde la instauración de la democracia. Por ello han promovido la Iniciativa Legislativa Popular “Por el Empleo estable y con derechos”, de movilización y propuesta, que exprese el rechazo profundo de la mayoría de la sociedad, y que la voz de los trabajadores y trabajadoras se deje oír en el Parlamento para que éste tenga la oportunidad de revertir los elementos negativos que en el empleo está teniendo esta reforma.

Consideran que la movilización sindical y el éxito de la Huelga General del 29 de septiembre fue determinante para equilibrar la relación de fuerzas entre el Gobierno y los trabajadores. El desgaste político que le produjo la Huelga General abrió un nuevo escenario más favorable a la negociación, con el que no se contaba cuando el Gobierno y la mayoría de los grupos del Parlamento, impusieron la reforma con la aprobación de la Ley 35/2010.

Durante este período han sido muchos los recursos y actuaciones dirigidas al fortalecimiento del sistema financiero español, por lo que en esta fecha tan señalada del Primero de Mayo, CCOO y UGT exigen que las instituciones financieras correspondan poniéndose al servicio de la sociedad española, y  denuncian la grave responsabilidad de las instituciones del sistema financiero y de los organismos de control y regulación en la generación de la crisis económica padecida, a la vez que rechazan la bancarización de las Cajas de Ahorro, y reafirman su naturaleza jurídica de forma compatible con una gestión profesional.

Consideran que el Acuerdo Social y Económico firmado el 2 de Febrero ha servido para hacer más fuerte y solvente el sistema público de protección social, impulsar las políticas de empleo y formación y recuperar la ayuda económica a los parados que hayan dejado de percibir cualquier ayuda y avanza sobre políticas industriales, energéticas, I+D+i, así como la recuperación del diálogo social en las Administraciones Públicas.

UGT y CCOO negocian la reforma de la negociación colectiva con la finalidad de promover una mejor estructura, vertebración y articulación de la misma y una mayor implicación de los sindicatos en la gestión de la flexibilidad interna. Una reforma de estas características permitiría aumentar la cobertura al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, fortalecer las relaciones colectivas de trabajo ante los intentos de individualización, proteger las condiciones de trabajo y desjudicializar la negociación de los convenios y acuerdos de empresa.

CCOO y UGT reclaman que la salida de la crisis debe traducirse en un modelo de crecimiento sostenible, sostenido y duradero basado en la formación, la innovación y la industria, con creación de empleo estable y con derechos, con protección a las personas desempleadas, con igualdad entre mujeres y hombres, entre inmigrantes y autóctonos, con garantías en la seguridad y salud en el trabajo, con unas condiciones de vida dignas, en las que las pensiones, la educación, la sanidad o la atención a las personas dependientes sean derechos consolidados.

De este modo, los trabajadores dejaron de percibir ingresos por un total de 2,5 millones de horas extras, frente a tres millones de horas que sí fueron remuneradas. El mayor número de horas se realizó en empresas de más de 250 trabajadores, mientras que descendió en las compañías con más de 50 trabajadores.

Entre las Comunidades Autónomas en las que el número de horas extraordinarias se redujo se encuentran Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

El sindicato denuncia que esta práctica supone un recorte de derechos laborales de los trabajadores, especialmente del colectivo joven y de las mujeres, y perjudican la salud de los mismos, ya que al realizar un mayor número de horas laborales se reduce el tiempo de descanso.

Asimismo, considera que estos datos condicionan la calidad de vida de los empleados, ya que hacen incompatible la vida profesional y personal, e impiden la contratación y creación de empleo, ya que la empresa “camufla” sus necesidades reales de contratación.

El sindicato señala a el elevado número de horas extras que se realizan en España, aunque se ha reducido por la crisis, y recuerda que en el ‘Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva’ de 2010 establece la supresión de las horas extras salvo las derivadas a través de la negociación colectiva y previo acuerdo entre las partes.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, explicó que Ceva Logistics es una contrata que opera en la planta de Motores que la multinacional gala tiene en Valladolid y que, “producto de esta situación”, provoca que tres cuartas partes de su actual plantilla ya tengan la carta de despido para el próximo día 30 de abril.

La plantilla de esta empresa asciende a unos 70 empleados, de los cuales 27 tienen un contrato por obra y servicio, 18 son indefinidos y el resto son contratados vía empresas de trabajo temporal (ETT).

Según Comisiones, los primeros ya han recibido las cartas de despido para el día 30; los de la ETT seguirán “el mismo camino” de inmediato, y los únicos que por el momento no conocen con certeza su destino son los indefinidos.

“Pero todo apunta a que el final será el mismo. Nos encontramos indefensos y con el tiempo jugando en nuestra contra”, señaló en un comunicado el comité de empresa, donde CC.OO. cuenta con la totalidad de los representantes (cinco).

PRESIÓN DE LA MARCA

A juicio del sindicato, el origen de esta situación se encuentra en el comportamiento de Renault para con todos sus proveedores, empresa auxiliares, contratas y subcontratas.

“Renault está atornillando a todo el mundo, de ahí que algunas de las empresas no puedan sostener sus plantillas con las nuevas reglas instauradas por la matriz francesa”, indicó el Comité, que añadió que con sus contratos mercantiles lo que propugna es una mayor flexibilidad, lo que provoca un incremento de la precariedad laboral o, en su estado “extremo”, como en Ceva, “el cierre de la actividad de la empresa y el despido de sus empleados”.

En vista de la situación, los integrantes del comité han demandado la intervención del Servicio de Relación Laborales de Castilla y León (Serla) para buscar una salida a este grave problema de Ceva Logistics. “Hemos sido convocados para el próximo martes día 26 de abril y esperamos que allí se logre una solución a nuestro futuro”, manifestaron.

   Asimismo, González Martino ha subrayado la temporalidad y la precariedad de los contratos de trabajo en esta rama, así como la alta tasa de mujeres e inmigrantes que trabajan en el sector del comercio, la hostelería y el turismo, lo que, a su juicio, representa “toda la problemática” de la economía española.

   En este sentido, ha señalado que la media de mujeres trabajadoras se sitúa en el 66,48% en el comercio y cerca del 60% en la hostelería, mientras que la media en el conjunto de la economía española es de un 46,96%.

   De igual modo, la tasa de inmigrantes que trabajan en la hostelería es de 24,96%, frente al 13,8% de media en España.

   Según el Informe Anual Económico y de Empleo de Fecoht, la caída más “destacada” de empleo en el sector se ha dado en el comercio mayorista en la Comunidad de Madrid, donde se han perdido 34.000 empleos; seguido de Cataluña y Andalucía, con 14.500 y 11.000 trabajadores menos, respectivamente, en los dos últimos años.

   En cuanto al comercio minorista, la mayor reducción de trabajadores se ha registrado en la Comunidad Valenciana (-31.200), Cataluña (-30.100) y Andalucía (-19.300).

   Además, González Martino ha hecho hincapié en los salarios de los trabajadores del comercio, la hostelería y el turismo, ya que “pese a la importancia en la economía” de estas actividades, el salario medio anual en el comercio es de 15.000 euros; en la restauración, 12.439 euros; y en el turismo, 18.029 euros, lo que, a su juicio, es “otra gran lacra” para el sector, pues la media en la economía nacional se sitúa en 22.329 euros.

   Para el secretario general de Fecoht, la visión del sector en conjunto es “claramente negativa”, ya que “debería de ir a la par la recuperación del sector con la recuperación de los derechos de los trabajadores” y, a su parecer, eso no está sucediendo.

   Por su parte, el secretario de empleo de CC.OO., Manuel García Morales, cree que el sector va a seguir teniendo malos tiempos, ya que, si bien en algunos subsectores ha aumentado el empleo, cree que ha aumentado “de manera notoria” la precariedad.

   Según García Morales, el deterioro de las relaciones laborales y la precariedad, junto con la caída del consumo, son los dos problemas “fundamentales” del sector.