Los cincos sindicatos nacionales con representación en el Consejo de Policía denuncian "la absoluta ausencia de voluntad negociadora" del Ministerio del Interior para conseguir la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos, al tiempo que acusan al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, de tener un "escaso conocimiento" del Cuerpo y de "atentar contra los derechos sindicales" de los agentes.

En una carta remitida a Velázquez, en respuesta a la misiva que éste les envió el pasado 1 de agosto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y el Sindicato de Comisarios de Policía (SCP) niegan que mantengan un proceso negociador "ni amplio ni estrecho" con Interior y aseguran que no aceptaran entablarlo mientras no se abra una primera y "principal" mesa sobre la equiparación salarial.

Los sindicatos policiales recuerdan a Velázquez que "la negociación no se impone" ni las mesas "se convocan unilateralmente", como, a su juicio, ha intentado él, y definen su actitud como "una falta de respeto" a la representación sindical y a los policías. En su opinión, desde su llegada a la dirección general, "se han producido los mayores ataques al ejercicio de la actividad sindical en la Policía desde que existen los sindicatos".

"Lo que hay por su parte y por la del ministro es una absoluta ausencia de voluntad negociadora sobre el principal elemento a negociar: el agravio salarial que padecemos con otras policías y que se ha incrementado durante el mandato de este Gobierno y de este ministro del Interior", subrayan.

NO HAY HUELGA DE CELO

Tras recalcar que, para empezar a negociar, las mesas deben abrirse "de mutuo acuerdo" y "nunca" deben ser impuestas por la Dirección General, las centrales sindicales rechazan haber convocado una "huelga de celo" y aclaran que lo único que han promovido es "el cumplimiento de las normas legales escrupulosamente" para evitar que la Dirección General de la Policía pueda, "como ha hecho", "expedientar a afiliados" para utilizarlos como "rehenes o moneda de cambio en la negociación". "Usted conoce a los miembros de este cuerpo y con esta medida nuevamente nos está faltando al respeto", añaden.

Recuerdan además que "desde hace 22 años" se han concedido liberaciones a responsables sindicales sin que "nunca antes" se procediera a reducir este derecho "para garantizar la libertad de los ciudadanos" y critican la actitud del director general de la Policía a este respecto. "O usted es el peor gestor que ha pasado por la Policía o simplemente, que es lo cierto, pretende con esto, como con los expedientes, que cambiemos nuestra posición", sostienen.

"NUNCA ANTES" SE RECORTÓ EL DERECHO SINDICAL

En este sentido, consideran "mendaz" su petición de mayor demanda de determinados servicios durante las vacaciones estivales o por "el peligro de incendios forestales" y reiteran que durante los últimos 25 años "nunca antes" se recortó el derecho de representación sindical.

Los sindicatos definen el cese del inspector jefe del Puerto de Málaga como "un abuso" de Velázquez y "una arbitrariedad injusta y desproporcionada" y acusan al director general de la Policía de "mentir" al asegurar que otros expedientes abiertos a otros representantes sindicales estaban motivados porque interrumpieron el tráfico de personas y vehículo.

"Si su palabra vale lo que sus hechos, no vale nada", argumentan, antes de pedir a Velázquez que "recupere la cordura y no siga cometiendo tropelías que no conducirán a solucionar el conflicto". Los sindicatos policiales ironizan con las competencias en materia de incendios forestales que parecen asignarle al Cuerpo y le piden a Velázquez que les explique si hasta que se fijen dichas competencias y les doten de medios tienen que usar contra el fuego "las gorras del uniforme y las mantas de abrigo de los detenidos".

Las misiva remitida por SUP, CEP, UFO, SPP y SCP a Francisco Javier Velázquez concluye con un recordatorio sobre sobre la legislación que regula el conflicto colectivo y con la petición de que, en cumplimiento de dicha normativa, no interfiera "en cuestiones que legalmente no le corcierne" y se dedique a cumplir sus competencias, que "no son pocas" y "está desempeñando torpemente".