En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la CIG, Henrique Pérez, afirmó que esta medida "tendrá mayor impacto en los centros de Francia" y que, en todo caso, si se aplica en Vigo, repercutirá en el personal de oficinas, técnicos administrativos y mandos, que son personal fijo.
A ese respecto, recordó que "las bajas voluntarias son un mecanismo que siempre ha estado encima de la mesa" y reiteró que, con la supresión de un turno de noche, en el que trabajaban casi 900 eventuales, "no se pueden tomar más medidas que afecten al personal de taller".
El portavoz de UGT, Rubén Pérez, también coincidió en señalar que la reducción de plantilla afectará mayoritariamente a los centros franceses, y admitió que el anuncio de la multinacional "es esperable con la actual situación".
Pedro Comesaña, de CC.OO., advirtió de que, una vez que se han producido recortes en el personal de taller "hay un excedente" en la plantilla de técnicos y personal de oficina, con lo que serán los más afectados por esa reducción "por vía voluntaria". En ese sentido, reconoció que "es mejor este tipo de iniciativas que no otras más traumáticas" y recordó que el personal administrativo ya no puede disponer de contratos relevo, por lo que las bajas voluntarias "son la vía más fácil.
MALAS PREVISIONES
Comesaña advirtió de que las previsiones para 2009 "son muy malas" en lo que respecta al primer trimestre, y "aún peores" para el segundo trimestre por lo que, "no sería de extrañar que se tomaran otras medidas, como el cierre de fábricas".
Por su parte, fuentes de la empresa consultadas por Europa Press, evitaron hacer valoraciones con respecto al anuncio de la multinacional y se remitieron al comunicado emitido por la empresa. No obstante, admitieron que las medidas anunciadas "se refieren a todos los centros de PSA Peugeot Citroën del mundo" por lo que "no es descartable" que también al de Vigo.
Dichas fuentes explicaron que las bajas afectarían a "personal profesional, técnicos administrativos, mandos y directivos" y que "no es la primera vez" que trabajadores de la planta viguesa se acogen a este tipo de "salidas voluntarias".
]]>Prieto presentó ayer, en rueda de prensa junto al gerente de la Agencia del Conocimiento, David Fernández de la Pradilla, la I Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de La Rioja, que se celebrará hoy en Bodegas Darien y que reunirá a 150 personas entre ingenieros de telecomunicaciones y compañeros de otras ramas.
La Noche pretende formar un punto de encuentro y ofrecer un "reconocimiento" de la labor de quienes logran que La Rioja no se quede atrás en las nuevas tecnologías. Por eso se entregarán premios al Mejor Ingeniero del Año, que recaerá en Rodolfo Rivero; a la mejor empresa en TIC's (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que recogerá Arsys; y a los mejores profesionales en TIC's, que serán Luis Cacho y Nicolás Iglesias.
El presidente de AITER trasladó la "preocupación" de esta profesión por el hecho de que cada vez menos estudiantes se decanten por las telecomunicación. Afirmó que España tiene un "problema gordo" en este sentido, porque va a tener que importar profesionales.
"No es porque los estudiantes ahora sean peores", explicó. A su juicio, se debe a una falta de "reconocimiento". Así, puso como ejemplo que si se llama a un amigo fontanero se le paga por el trabajo, pero nadie espera pagar a un conocido por el hecho de que le arregle el ordenador.
Las empresas, sumó a esto Fernández de la Pradilla, "todavía no valoran" el contar con estos profesionales "como una inversión". Así, mientras todas entienden que necesitan un asesor financiero, no ven igual de claro el contar con uno tecnológico.
]]>"Este proceso a nivel global implica que el centro de Astrazeneca en Porriño (Vigo), que cuenta con 113 empleados, se verá afectado. La compañía está estudiando oportunidades para buscar posibles compradores. Asimismo, y en paralelo, se iniciará un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores a la búsqueda de las mejores soluciones para la plantilla", señaló la farmacéutica en un comunicado.
En concreto, la compañía ha anunciado el cierre de sus centros en O Porriño, Destelbergen (Bélgica) y Umea (Suecia), a lo que se sumarán despidos en sus instalaciones en Macclesfield (Reino Unido) y Södertälje (Suecia). Estas acciones resultarán en una reducción de plantilla de 1.400 trabajadores hasta el año 2013.
"Estos movimientos son la continuación del programa de optimización de productividad y eficiencia de AstraZeneca. (...) Me doy cuenta de que estos cambios son difíciles para nuestros empleados afectados. (...) Creemos que estos cambios son necesarios para la fortaleza a largo plazo del negocio", dijo el vicepresidente ejecutivo de operaciones de la compañía, David Smith.
"Este proceso de racionalización responde a la necesidad estratégica por parte de la compañía de concentrar en un menor número de centros en Europa las actividades de envasado y distribución de medicamentos. De esta forma, se optimizan los costes y capacidad, asegurando la flexibilidad ante las fluctuaciones de la demanda", señaló el presidente de AstraZeneca España, Paul Hudson.
Por otra parte, la farmacéutica ha anunciado que aumentará sus inversiones en la planta de Wuxi en China para mantener el crecimiento de la empresa en los mercados de Asia-Pacífico. Parte de estas inversiones capacitarán a la planta china para convertirse en su centro de embasado para la zona de Asia-Pacífico.
El pasado mes de abril, AstraZeneca anunció el recorte de 132 empleos en España dentro de la reestructuración a nivel internacional anunciada por la compañía hace poco más de un año que afectaba a 3.000 trabajadores, con motivo de "garantizar una posición competitiva en el futuro".
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Según el departamento dirigido por Celestino Corbacho, que ha confirmado la aprobación del ERE, las negociaciones entre ambas partes han mejorado "sensiblemente" las condiciones previstas inicialmente por la compañía de telecomunicaciones.
Así, Telefónica ha asegurado que reforzará el programa especial de recolocación y reinserción con cargo a la empresa y ha eliminado las cláusulas restrictivas que limitaban el empleo de los trabajadores acogidos a los beneficios económicos del ERE.
A estas mejoras se suman al compromiso de la compañía de crear 500 nuevos puestos de trabajo en dos años y de no presentar ningún nuevo ERE en 2009.
Según Trabajo, las modificaciones introducidas han cambiado la orientación del expediente "hacia la recolocación, la reinserción o el mantenimiento de la actividad", en lugar de hacia la jubilación anticipada.
]]>Anesdor recordó que este sector da empleo además a 4.000 personas en las actividades de producción y de logística, y advirtió de que los fabricantes están ajustando sus planes de producción para el próximo año, lo que repercutirá en los puestos de trabajo industriales.
La organización vaticinó además que, de aplicarse el nuevo impuesto de matriculación para motos vinculado a las emisiones de CO2, el mercado sumaría un retroceso del 15% adicional a la caída del 25% que acumula desde comienzos de este año.
Para la patronal de la industria de las motos, una caída del mercado del 40% tendría "graves consecuencias" sobre las plantas españolas y sobre las inversiones que reciban en el futuro, ya que acentuaría la desconfianza de las multinacionales ante los "constantes" cambios normativos en España.
SIN RESPUESTA DE INDUSTRIA.
Por otro lado, Anesdor denunció que no ha recibido respuesta alguna a su propuesta de reunión con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, a quien los miembros de la organización pretenden trasladar las consecuencias de los posibles cambios en el impuesto de matriculación.
Además, la organización ha solicitado la entrevista con el ministro para perfilar un plan de apoyo al sector que evite la desinversión industrial y la destrucción de empleo, con medidas como la inclusión de las motocicletas en el Plan VIVE.
Anesdor anunció hoy su adhesión al grupo de entidades y asociaciones que dan soporte a la campaña impulsada por Unidad Motera 'En motos menos CO2-No a la discriminación', que tiene por objeto la retirada del proyecto que vincularía el impuesto de matriculación para las motocicletas a las emisiones de CO2.
]]>Si la inmigración se mantiene en los niveles actuales, la población activa europea pasará de 227 millones de personas en 2005 a 183 millones en 2050, y será considerablemente más vieja. Según las últimas estimaciones, el número total de personas empleadas se incrementará en 20 millones en 2017, pero después se reducirá en 30 millones en 2050, por lo que la proporción de personas mayores de 65 años respecto de las personas en edad de trabajar aumentará de 1:4 en 2005 a 1:2 en 2050.
El informe, aprobado con 480 votos a favor, 44 en contra y 10 abstenciones, asegura que con el mantenimiento de las políticas actuales por parte de los Estados miembros, el envejecimiento de la población conllevará un aumento del gasto público, la mayor parte en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, produciéndose el mayor incremento entre 2020 y 2040.
Para que este aumento del gasto pueda financiarse, la Eurocámara propone en primer lugar reducir el paro y aumentar la tasa de empleo, con especial énfasis entre las personas con un elevado potencial laboral, como los discapacitados, las mujeres y los mayores.
También aboga por utilizar de forma "inteligente" las nuevas tecnologías, así como mejorar los servicios de apoyo relativos al cuidado de los niños y familiares dependientes, con vistas a reducir el número de personas que trabajan a tiempo parcial de modo voluntario.
Finalmente, los parlamentarios piden que se debata a escala nacional el retraso de la edad de jubilación. En este sentido, el informe reclama que, al margen de las disparidades entre los Estados miembros en edad legal de jubilación, se aliente a los trabajadores a seguir en su empleo, sobre una base voluntaria y mientras las circunstancias lo permitan, hasta alcanzar dicha edad e incluso más allá de la misma.
La Eurocámara considera que los Estados miembros deben mantener niveles adecuados de financiación de la seguridad social y los sistemas de pensiones, y encontrar alternativas y bases fiscales sólidas de cara a la creciente competencia a consecuencia de la globalización.
El informe insiste finalmente en la importancia de preservar los valores y principios en los que se sustentan todos los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión Europea, que incluyen la cobertura universal, la solidaridad en la financiación, la equidad en el acceso y la prestación de una atención sanitaria de calidad, a pesar de la necesidad de un consumo racional de los escasos recursos.
]]>El TUE ya dictaminó en 2003, a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, que un Estado miembro sólo puede reservar a sus nacionales los empleos de capitán y primer oficial de los buques mercantes que enarbolan su pabellón si las prerrogativas de poder público atribuidas a los capitanes y a los primeros oficiales se ejercen de forma habitual y no representan una parte muy reducida de sus actividades.
Posteriormente, la Comisión estimó que España había cumplido la sentencia del TUE en lo que se refiere a los buques mercantes de arqueo bruto inferior a 100 toneladas, que transporten carga o menos de 100 pasajeros, que operen exclusivamente entre puertos o puntos situados en zonas en que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
Sin embargo, por lo que respecta a los demás buques que enarbolan pabellón español, el Ejecutivo comunitario consideró que la legislación española había mantenido la exigencia de la nacionalidad española para ejercer los empleos de capitán y primer oficial y que, por tanto, no había desaparecido la incompatibilidad de la legislación española con la libre circulación de trabajadores.
Por ello, Bruselas dio un ultimátum de dos meses a las autoridades españolas para que corrigieran la situación. En febrero de 2007, cuando ya había expirado el plazo fijado, España informó a la Comisión de la existencia de un proyecto de Ley General de Navegación Marítima que regula y moderniza aspectos mercantiles de la navegación. Sin embargo, al no haber recibido más información concreta, el Ejecutivo comunitario llevó el caso al TUE.
El Tribunal da la razón al Ejecutivo comunitario y considera que ha quedado acreditado que, en el momento en que se interpuso el recurso, España aún no había adoptado las medidas necesarias para permitirle cumplir, en el futuro, las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de trabajadores.
Finalmente, frente al argumento de las autoridades españolas que señalan que la terminación de la legislatura y la celebración de elecciones generales en marzo de 2008 habían supuesto la paralización de la tramitación de dicha reforma y que el proyecto de Ley previsto únicamente podría retomarse dentro de la nueva legislatura, el Tribunal de Justicia recuerda que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho comunitario.
]]>Durante la comisión de Cultura celebrada hoy en el Parlamento andaluz, Rosa Torres admitió el contenido del informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el 'Informe de fiscalización de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico: Servicio de Bibliotecas', elaborado por la Cámara de Cuentas y que recoge que "prácticamente todos los indicadores de rendimiento de las bibliotecas públicas andaluzas se encuentran por debajo de la media nacional".
Interpelada por el diputado de IU-CA José Manuel Mariscal, Torres admitió no poder "negar" la "escasa formación" en Biblioteconomía y Documentación por parte de estos profesionales, pues así figura en el informe, pero recordó que "gran parte" de estos trabajadores se hicieron cargo del servicio de bibliotecas en momentos en los que "no existía la formación específica" con la que se cuenta hoy y, además, estos espacios culturales no estaban "en el foco de atención" de la política y la acción administrativa.
No obstante, recordó que "la gran mayoría de las recomendaciones" del informe inicial de la Cámara de Cuentas "ya han sido recogidas" con un "impacto" de tales recomendaciones en la "mejora práctica de la red de bibliotecas", pues el informe de la Cámara de Cuentas aludía a que un 86 por ciento de la bibliotecas públicas andaluzas (689) cuentan con acceso a internet el pasado año, frente a las 25 registradas en 1999, subiendo dos puntos porcentuales la población servida pero con la circunstancia de que "sólo el 34 por ciento de las bibliotecas públicas de Andalucía cumplen lo establecido en el reglamento en cuanto al requisito de superficie mínima útil".
"IMPORTANTES MODIFICACIONES NORMATIVAS"
En el periodo transcurrido desde la finalización del informe objeto de seguimiento, según este documento, "se han producido importantes modificaciones normativas y organizativas, tales como la nueva regulación del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y la creación de dos nuevas Direcciones Generales, la de Museos y la del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, siendo esta última la que asume las competencias en materia de bibliotecas".
Entre las conclusiones de dicho informe de fiscalización se apuntó que, en cuanto a las recomendaciones dirigidas a la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, el 36 por ciento de dichas recomendaciones se implantaron de forma total, en el 50 por ciento la implantación fue parcial y en el 14 por ciento restante no ha tenido ningún grado de implantación.
De esta forma, la Cámara de Cuentas de Andalucía destacó que se adoptaron medidas como que "se ha creado un programa presupuestario que engloba solamente a las bibliotecas, archivos y centros de documentación y se ha dividido el servicio de archivos, bibliotecas y centros de documentación en dos, lo que ha posibilitado una mejor identificación del gasto correspondiente a las bibliotecas".
La Cámara destacó que se ha potenciado el Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, "regulándose su composición, funciones y funcionamiento". Recordó que en septiembre de 2003 se hizo efectiva la automatización en red, de forma que en diciembre de 2007 el número de bibliotecas incorporadas al Catálogo Colectivo asciende a 600, es decir, el 75 por ciento del total de bibliotecas abiertas.
]]>La demanda de plazas fue de más de 4.000 alumnos en los casos de Administración, Actividades Agrarias, Electricidad y Electrónica y Sanidad; mientras que la demanda de ciclos formativos de Madera y Mueble y Téxtil, confección y piel fue de menos de 100 alumnos.
Por ello, la Generalitat apuesta por recuperar la figura del aprendiz entre los estudiantes de FP planteado como régimen de alternancia entre estudios y un trabajo relacionado con su formación.
Se trata de una experiencia que ya se ha implantado en los centros educativos catalanes con 200 plazas desde principio de curso, por la que los ciclos formativos que se realicen bajo esta práctica durarán tres años --uno más de lo normal--. El objetivo es recoger información para después extender esta opción a otras áreas.
Concretamente, el proyecto se dirige a especialidades en el ámbito industrial y de la construcción en los que hay poca demanda, y se materializa en convenios entre empresas y centros públicos y privados que imparten FP.
Según el departamento, el objetivo es motivar a las personas que terminan la enseñanza general y quieren incorporarse al mercado de trabajo sin abandonar los estudios y, por otro lado, satisfacer la demanda de profesionales que existe en determinados sectores.
Las empresas que se acojan a estos convenios serán corresponsables de la formación del alumno y no recibirán ninguna subvención por ello.
]]>Según indicó esta entidad, esta propuesta está "claramente por encima del tope de 48 que rige actualmente en el sector", por lo que se ha elegido esta fecha ya que, dos días después, el Parlamento Europeo (PE) se pronunciará sobre la resolución adoptada el pasado mes de julio. De hecho, ese mismo día hay convocada una manifestación ante la sede de la cámara en Estrasburgo, a la que acudirán delegaciones de facultativos procedentes de todos los países comunitarios.
La hora establecida para ello es las 10.00 de la mañana, y los sindicatos médicos quieren que sea esta la ocasión para que la profesión en pleno haga saber que "no está dispuesta a transigir con una reforma laboral que califican de decimonónica y lesiva" tanto para los derechos de los facultativos como para los propios pacientes, pues "se arguye, no sin razón, que la fatiga provocada por largas jornadas de trabajo no es precisamente la mejor aliada a la hora de ofrecer una atención de calidad".
La decisión de convocar a los facultativos ha partido del Foro de la Profesión, recientemente creado y en el que se agrupan colegios, sociedades científicas, sindicatos profesionales y decanos de las Facultades de Medicina, además de los propios alumnos, que agrupados en el Consejo Estatal de Estudiante de Medicina, comunicaron también su voluntad de participar en las manifestaciones previstas.
Una de las consecuencias del alargamiento de jornada será la reducción de la necesidad de ampliar plantillas, lo que supone mayor dificultad para encontrar trabajo cuando los estudiantes se licencien. Además, añadió CESM en un comunicado, "los horarios extenuantes degradarían su vida personal y la del conjunto de la profesión hasta límites incompatibles con la dignidad que requiere un servicio tan cualificado como esencial para la sociedad".
LOS MÁS AFECTADOS
La reforma que los Gobiernos comunitarios pretenden introducir, afecta a todos los trabajadores y uno de los pivotes sobre los que asienta es la denominada cláusula del 'opt out', en virtud de la cual el empleado puede renunciar de forma voluntaria al derecho de limitar la jornada laboral a 48 horas semanales. Quien firme dicha cláusula aceptará trabajar 60 horas semanales --65 en el caso de los médicos--, y "no sirve de consuelo pensar que cada país es libre de aplicarla o no, pues la globalización y la competitividad en el mercado europeo justifican el temor de que acabará imponiéndose más pronto que tarde en todo el marco comunitario", según este sindicato.
En todo caso, serán los médicos los más perjudicados del cambio en ciernes, toda vez que hay dos cambios más que les atañen directamente. Por un lado, se propone la denominada "guardia inactiva", esto es, que los periodos de inactividad dentro de la guardia no computen como tiempo trabajado. Y por otro, se plantea eliminar los descansos compensatorios posguardia, de modo que se verían obligados a trabajar hasta 25 horas seguidas (las 17 que habitualmente dura una guardia, más las 7 u 8 de la jornada diarias).
]]>Según indicó esta entidad, esta propuesta está "claramente por encima del tope de 48 que rige actualmente en el sector", por lo que se ha elegido esta fecha ya que, dos días después, el Parlamento Europeo (PE) se pronunciará sobre la resolución adoptada el pasado mes de julio. De hecho, ese mismo día hay convocada una manifestación ante la sede de la cámara en Estrasburgo, a la que acudirán delegaciones de facultativos procedentes de todos los países comunitarios.
La hora establecida para ello es las 10.00 de la mañana, y los sindicatos médicos quieren que sea esta la ocasión para que la profesión en pleno haga saber que "no está dispuesta a transigir con una reforma laboral que califican de decimonónica y lesiva" tanto para los derechos de los facultativos como para los propios pacientes, pues "se arguye, no sin razón, que la fatiga provocada por largas jornadas de trabajo no es precisamente la mejor aliada a la hora de ofrecer una atención de calidad".
La decisión de convocar a los facultativos ha partido del Foro de la Profesión, recientemente creado y en el que se agrupan colegios, sociedades científicas, sindicatos profesionales y decanos de las Facultades de Medicina, además de los propios alumnos, que agrupados en el Consejo Estatal de Estudiante de Medicina, comunicaron también su voluntad de participar en las manifestaciones previstas.
Una de las consecuencias del alargamiento de jornada será la reducción de la necesidad de ampliar plantillas, lo que supone mayor dificultad para encontrar trabajo cuando los estudiantes se licencien. Además, añadió CESM en un comunicado, "los horarios extenuantes degradarían su vida personal y la del conjunto de la profesión hasta límites incompatibles con la dignidad que requiere un servicio tan cualificado como esencial para la sociedad".
LOS MÁS AFECTADOS
La reforma que los Gobiernos comunitarios pretenden introducir, afecta a todos los trabajadores y uno de los pivotes sobre los que asienta es la denominada cláusula del 'opt out', en virtud de la cual el empleado puede renunciar de forma voluntaria al derecho de limitar la jornada laboral a 48 horas semanales. Quien firme dicha cláusula aceptará trabajar 60 horas semanales --65 en el caso de los médicos--, y "no sirve de consuelo pensar que cada país es libre de aplicarla o no, pues la globalización y la competitividad en el mercado europeo justifican el temor de que acabará imponiéndose más pronto que tarde en todo el marco comunitario", según este sindicato.
En todo caso, serán los médicos los más perjudicados del cambio en ciernes, toda vez que hay dos cambios más que les atañen directamente. Por un lado, se propone la denominada "guardia inactiva", esto es, que los periodos de inactividad dentro de la guardia no computen como tiempo trabajado. Y por otro, se plantea eliminar los descansos compensatorios posguardia, de modo que se verían obligados a trabajar hasta 25 horas seguidas (las 17 que habitualmente dura una guardia, más las 7 u 8 de la jornada diarias).
]]>Así lo destacaron los secretarios generales de CCOO-Jaén, José Moral y de UGT-Jaén, Manuel Salazar, quienes a preguntas de los periodistas se refirieron a la actual negociación del convenio del campo y a la principal actividad agraria de a provincia, al olivar.
Salazar previó que ante la falta de trabajo como consecuencias de la situación económica esta campaña de recogida de aceituna "va a ser más problemática que en años anteriores", por lo que apuntó como uno de los elementos clave "lograr en las próximas semanas un muy buen convenio del campo".
No obstante, al margen del contenido del acuerdo, que en años anteriores ha sido bueno, según el líder de CCOO, el principal problema lo constituyen los "clamorosos incumplimientos". "No sé que tiene que ver con el convenio, por ejemplo, que empresar