La negociación del convenio colectivo de Telefónica entra en la recta final con un 40% de la plantilla de Madrid en la calle cada jueves en protesta por las propuestas del grupo que preside César Alierta. La jornada europea –partida-, la eliminación de la antigüedad y el replanteamiento de las categorías profesionales son los principales puntos de fricción.

De firmarse, el nuevo convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010 -ampliable a dos años más- y afectara a más de 28.000 trabajadores del negocio fijo del Grupo en España. El texto propuesto por la empresa ha provocado una masiva reacción de los trabajadores del grupo, que se manifiestan cada jueves contra las medidas contempladas. Alrededor de un 40% de la plantilla de Madrid estaría secundando los paros, una cifra muy alta teniendo en cuanta que alrededor del 25% de los empleados del grupo en la capital de España está fuera de convenio.

Según las distintas fuentes consultadas por Bolsacinco, la unidad de acción entre los empleados no es la misma que entre los sindicatos. Los mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT y STC-UTC –que tienen diez de los doce componentes de la mesa negociadora del convenio-, apoyan la mayoría de las tesis de la empresa frente a la postura absolutamente contraria de los minoritarios. Por ello, según las mismas fuentes, el convenio podría firmarse en cualquier momento.

En este contexto, Telefónica debe sacar adelante un convenio clave -en el que incluirá a los empleados de las empresas fusionadas en 2006, Data España y Terra- que en su propuesta a la mesa negociadora asegura que “seguimos en un panorama competitivo desfavorable para Telefónica, a quién el órgano regulador sigue otorgándole la condición de operador dominante en el mercado con las obligaciones y limitaciones que ello implica”.

El grupo asegura que las nuevas empresas que han llegado al sector pueden afrontar “la contratación de nuevos trabajadores en condiciones más favorables, lo cual sitúa a Telefónica en una clara desventaja competitiva”. En este contexto, la compañía quiere acometer una modificación de la estructura salarial del grupo, con una rebaja sustancial del salario base que alcanza hasta el 25% y que se compensaría con distintos pluses.

En cualquier caso, desde la compañía se asegura que la propuesta “no modifica, en líneas generales, las relaciones laborales de los empleados de Telefónica de España en cuanto al sistema retributivo, las funciones o la jornada laboral, y sí recoge algunas cuestiones que supondrán mejoras para el colectivo sujeto a Convenio”. La compañía se compromete a garantizar el empleo a todos los profesionales, a no forzar la movilidad geográfica ni realizar segregaciones de actividad forzosas, y a contratar, al menos, a 500 nuevos empleados en el periodo de vigencia del Convenio.

El otro caballo de batalla de Telefónica es el de la antigüedad. La acumulada se convertiría en un complemento personal y los bienios dejarían de cobrarse a partir de este año. Según fuentes sindicales, la antigüedad supone el 1,2% de la subida salarial anual de los empleados de la compañía que preside César Alierta. Por el contrario, la compañía sí ha realizado concesiones en la subida salarial prevista para este año. La propuesta inicial era del 2,1% y se ha ampliado al 2,7%, que se revisará a fin de año con el IPC real. Además, la compañía se defiende asegurando que incluirá también un plus de productividad ligado al resultado antes de amortizaciones –OIBDA- del grupo.

Además, la compañía quiere introducir la denominada como jornada europea –es decir, partida-. Después de una larga negociación, Telefónica ha accedido a que esta opción sea voluntaria, pero con la salvedad de que si no hay personas suficientes para acogerse a esta modalidad, será forzosa. Se trata de uno de los puntos calientes de la negociación, ya que a gran mayoría de la plantilla trabaja desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde.

Además, Telefónica propone transformar las actuales categorías profesionales en grupos laborales y ha emprendido una batalla por imponer la polivalencia de funciones entre las distintas categorías. En la propuesta a la comisión negociadora del convenio, Telefónica asegura que “existen determinadas ineficiencias organizativas (…) que generan desajustes de plantilla, obsolescencia en funciones y procesos de ineficiencia”.